Las propuestas de Barack Obam están destinadas a limitar el tamaño de los bancos de Wall Street, pero el gobernador del Banco de Inglaterra afirma que es necesario tomar medidas audaces para impedir otra crisis financiera.
El mundo de postguerra se edificó sobre tres principios esenciales. El primero es que los gobiernos debían mostrarse activos en su economía nacional a fin de promover el crecimiento. El segundo era que debían cooperar internacionalmente para garantizar que fuera compatible la estrategia de cada uno de ellos. El tercero, que a menos que el capital en general y el sector financiero en particular estuvieran controlados, se demostraría casi imposible alcanzar los dos primeros objetivos.
Poco a poco estamos volviendo a algo parecido a la visión mundial de la Edad de Oro. Ya no hay un Telón de Acero que deje fuera del mercado a miles de millones de personas. Y se reconoce, de un modo que en absoluto podían percibir los planificadores de la política de las décadas de 1950 o 60, que se produce una inherente tensión entre el crecimiento y el medio ambiente. La oportunidad perdida en Copenhague en diciembre pasado constituye un saludable aviso contrario a dar por hecho que los gobiernos «lo captan». Lo captan poco a poco, pero todavía tienen que llegar a ver la foto completa.
El anuncio hecho la semana pasada por Barack Obama fue una indicación más del rumbo que lleva el viaje. Dicho con sencillez, la Casa Blanca quiere limitar tanto el alcance como el volumen de de la banca de Wall Street. El momento escogido se vio condicionado por la victoria republicana en Massachusetts, pero las reformas, propuestas por Paul Volcker, están destinadas a retrasar el reloj a aquellos días en que los bancos veían como tarea esencial por su parte canalizar el ahorro a la inversión, en lugar de jugar en los mercados con el dinero de sus clientes.
Pero hay cosas a las que objetar en las propuestas de Obama. La administración tiene que dar cuerpo a lo que intenta hacer para limitar las reestructuraciones en el seno de la industria de servicios financieros y, en potencia, hay una laguna importante en la buena disposición de permitir que los bancos continúen con el comercio de propiedad si beneficia a sus clientes. A diferencia de la Ley Glass-Steagall de 1933, la norma de Volcker no establece una rápida y tajante división entre las operaciones comerciales de la banca y sus actividades más especulativas, ni parece garantizar tampoco que los bancos no utilicen la fortaleza de la banca comercial para asegurarse una posición dominante en los mercados de capital. Hay un amplio margen para que Wall Street despliegue su considerable poder como grupo de presión a fin de aguar – y quizás incluso de hacer descarrillar – el paquete de reformas.
Pero quienes se oponen a las propuestas de la Casa Blanca deben andarse con cuidado, porque las justificaciones de las reformas no se basan sólo en lo que sería bueno para la economía sino en lo que es correcto. Al asumir que podía enriquecerse a costa del contribuyente, Wall Street ha perdido la poca autoridad moral que alguna vez haya podido tener. Las primas extra [«bonuses»] en un momento en el que el desempleo norteamericano se cifra en un 10% lo han convertido en una cuestión moral, que es la razón por la cual Roosevelt tuvo pocas dificultades a la hora de leerle la cartilla a los bancos en la década de 1930. Les resultará muy difícil a la banca mantener que sus actividades benefician a todo el mundo y no sólo a ellos mismos. La gente ya no se lo traga, y por una buena razón: que es falso.
Dicho esto, la reforma de los bancos es sólo la mitad del cuento, puesto que, como hizo notar Mervyn King [gobernador del Banco de Inglaterra] la semana pasada, todavía queda por resolver la cuestión de qué hacer con los desequilibrios de la economía global. Durante un cierto periodo, la conmoción causada por el derrumbe financiero de 2007 y 2008 condujo a superávits más reducidos para las grandes naciones exportadoras y déficits menores en el caso de las naciones importadoras. En los últimos meses, sin embargo, los desequilibrios han vuelto a empeorar una vez más.
El gobernador del Banco de Inglaterra tiene sin duda razón cuando afirma que la acción urgente adoptada por los bancos centrales y ministros de economía – tasas de interés más bajas, ajustes cuantitativos [imprimir moneda y ponerla en circulación] – son el equivalente tan solo de poner «una enorme tirita encima de las heridas». Tiene también razón al afirmar que harán falta acciones igualmente audaces para impedir la reaparición de la crisis, puesto que en la década de los 90 y los primeros años posteriores al 2000, se vio la incapacidad para enfrentarse a las consecuencias de la globalización.
Esto se convertirá, en realidad, en algo más apremiante, antes que menos, en el caso de que se abra paso la reforma radical de las finanzas globales. En los días anteriores al crac, la banca internacional actuaba como elemento de absorción de las conmociones producidas por los desequilibrios globales, tomando los excedentes de las grandes naciones exportadoras, como China y Japón, y reciclándolos en las economías de las naciones deficitarias, como los Estados Unidos y Gran Bretaña. Las finanzas suministraron el cableado – si bien un cableado defectuoso – del sistema económico global.
King lo expresa del siguiente modo: «El modelo de países pobres que ahorran mucho y países ricos que piden prestado no era sostenible…los flujos masivos de capital de los recién llegados a los mercados financieros internacionales impulsaron a la baja los tipos de interés y animaron a correr riesgos a una escala extraordinaria. Los bancos aumentaron sus balances y se crearon nuevos instrumentos para satisfacer la búsqueda de rendimientos».
«En los cinco años anteriores a 2007, casi se triplicaron los balances de los mayores bancos del Reino Unido. La acumulación de riesgos llegó a amenazar la estabilidad del conjunto del sistema financiero. Los flujos de capital proporcionaron el combustible al que el sistema financiero inadecuadamente diseñado y regulado del mundo desarrollado prendió después fuego causando tormentoso incendio del que fuimos todos pasto».
Todo lo cual suscita dos preguntas. ¿Por qué los responsables de los bancos centrales, King incluido, no hicieron algo en ese momento, elevando los intereses a un nivel que podría haber impedido la creación de las burbujas de activos. Albert Edwards, analista de la Société Générale, se muestra mordaz respecto a la laxa política monetaria de la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra durante los años de la burbuja. Haciendo uso de la llamada regla de Taylor, [1] modelo que estima el nivel adecuado de las tasas de interés dependiendo del margen que hay entre la inflación real y el objetivo de inflación, y el del producto interior bruto real comparado con el PIB potencial, tasas que estaban demasiado bajas en los EE.UU. entre 2002 y 2006, creando condiciones fértiles para el auge inmobiliario.
Los bancos centrales, tal como lo ve Edwards, son en buena medida responsables de la crisis y han sido cómplices en la redistribución de la renta de las clases medias a los muy ricos. Sea esto verdad o no, desde luego la crisis ha puesto punto final a la idea de que entregar la política monetaria a los bancos independientes garantiza necesariamente un mejor resultado. Puestos a ello, los tecnócratas son tan capaces de pifiarla como los políticos.
La segunda cuestión es aún más importante, y vuelve a la inacabada labor de la conferencia de Bretton Woods en 1944, a saber, cómo alcanzar un acuerdo a escala global que se enfrente a los desequilibrios. Una debilidad fundamental de Bretton Woods consistía en que todo el peso del ajuste recaía enteramente sobre las naciones deudoras; esos países que mantienen déficits comerciales tenían que tomar medidas para frenar las importaciones, pero no había exigencia a las naciones acreedoras de que estimularan las exportaciones. El problema es aún más difícil de resolver hoy en día, no sólo porque ningún arreglo internacional entrañaría un acuerdo con bastantes más países sino porque no hay forma evidente de ejercer presión sobre la principal nación acreedora – China – para que tome medidas políticas.
En teoría, la solución es sencilla. China debería aceptar una revalorización significativa al alza del renminbi, que hiciera sus exportaciones significativamente más caras. Debería instalar un sistema de seguridad social más generoso de manera que los consumidores tengan que ahorrar menos en atención sanitaria y educación.
Acaso el nuevo foro de gestión económica global – el G20 – pueda encontrar una solución al problema que dejó perplejo a Keynes en 1944. Si no puede, las naciones deudoras se verán forzadas a enfrentarse a un descarnado dilema: o sacudidas financieras con carácter semipermanente o proteccionismo, tal y como admiten ya muchos analistas de la City con visión de futuro.
NOTA T.: [1] John B. Taylor, de la Universidad de Stanford, propuso a las autoridades monetarias en 1993 una regla de política que les ayudaría a estabilizar la producción real alrededor de una meta y a controlar la inflación. Su regla de política se apoya en una tasa de interés nominal que, cuando el PIB real y la tasa de inflación exceden su objetivo, se incrementa para generar un aumento de la tasa de interés real y así reducir la demanda agregada. Al revés, si la inflación y el PIB real caen por debajo del objetivo, recomienda recortar la tasa de interés nominal para aumentar la demanda agregada por la vía de un aumento de la tasa de interés real. Así, según Taylor, la tasa de interés nominal de corto plazo debería ser una función creciente de la tasa de inflación y de la producción real para objetivos dados en ambas variables. La experiencia previa de Taylor como analista en la consultora neoyorquina Townsend-Greenspan, entonces presidida por Alan Greenspan, le permitió conocer a fondo los mercados monetarios.
Traducción para www.sinpermiso.info: Lucas Antón