Las deudas petroleras pagarán la intervención (El Tábano Economista)
Tras la invasión y rápida conquista de Grecia en abril de 1941, el país heleno fue desmembrado en zonas de ocupación alemana, italiana y búlgara. La porción alemana, que incluía Atenas, el puerto del Pireo y la estratégica Creta, era la más extensa y económicamente vital. Las autoridades de ocupación nazis, ejerciendo un control absoluto sobre el Banco de Grecia, impusieron al Estado griego derrotado la obligación de conceder un «crédito» ilimitado para cubrir los llamados «gastos de ocupación«.
El mando militar alemán presentaba sus demandas —que iban desde los salarios de sus soldados y la construcción de fortificaciones hasta la adquisición masiva de alimentos y materias primas— al banco central griego, el cual se veía forzado a imprimir dracmas (moneda griega) a un ritmo frenético, entregándolos a los ocupantes a un tipo de cambio fijado unilateralmente por Berlín, una tasa tan favorable al Reichsmark que constituía un saqueo en sí misma.
Los alemanes utilizaban estos billetes recién salidos de la imprenta para comprar todo lo de valor en el mercado griego, provocando una hiperinflación devastadora que, combinada con el acaparamiento de alimentos, desembocó en una hambruna que se cobró cientos de miles de vidas. Cada billete emitido bajo coacción era meticulosamente registrado como un «préstamo» que la empobrecida Grecia le hacía a su rico ocupante, una deuda fantasma que crecía exponencialmente mientras el país se hundía en la ruina. Al final de la pesadilla, los invasores se retiraron dejando tras de sí solo escombros, miseria y un documento oficial que declaraba que las víctimas, reducidas al hambre, debían una fortuna a quienes las habían despojado de todo.
Esta perversión económica, esta deuda disfrazada de tinta y números, no es un mero artefacto histórico. Es el arquetipo de un mecanismo que, con distintas sofisticaciones, se repite a lo largo de la historia de la dominación. Y no es muy diferente de la lógica que ahora se implementa, con una frialdad calculada, sobre los yacimientos petroleros de Venezuela, tal como se explicita en la tesis general del artículo anterior, La gran máquina de guerra.
En el escenario venezolano posintervención de enero de 2026, el Departamento de Energía de Estados Unidos ha contactado de manera directa y coercitiva a los ejecutivos de las grandes petroleras, planteando una ecuación que es la esencia del capitalismo de ocupación: las inversiones privadas en la reconstrucción del sector energético venezolano serán el vehículo para el «reembolso» de los laudos arbitrales pendientes por las expropiaciones de 2007. Es decir, las empresas no recibirán una compensación en efectivo por lo que les fue arrebatado; en su lugar, se les «permitirá» invertir nuevamente, con condiciones ventajosas, para recuperar su dinero a través de la futura explotación del petróleo venezolano.
Se trata de disfrazar una deuda de reparación con el ropaje de una nueva oportunidad de negocio, un ciclo donde las propias víctimas del expolio anterior deben financiar la reactivación del botín, beneficiando a las corporaciones mientras se evade una compensación plena y soberana a Venezuela. Esta idea, lejos de ser una especulación, se basa en informes concretos que detallan cómo el Departamento de Energía estadounidense exige inversiones como condición sine qua non para cualquier reembolso, creando así un circuito cerrado donde las deudas del pasado financian la extracción futura, y donde el costo de la intervención militar se socializa a través de la deuda venezolana y se privatiza a través de las ganancias corporativas.
Sin embargo, este formato perverso, donde Venezuela termina pagando —a través de concesiones, royalties reducidos y control operativo cedido— las inversiones para su propia reconstrucción petrolera, llevan implícitas una serie de premisas geopolíticas y legales que deben diseccionarse antes de reflexionar sobre la mecánica financiera concreta. En principio, y de manera sucinta, hay que resaltar que la intervención militar estadounidense prioriza de manera obscena el poderío militar bruto sobre cualquier norma multilateral, exacerbando la crisis de legalidad global e instalando de facto la «ley del más fuerte» como único principio rector.
La operación, ejecutada sin resistencia (solo los 32 cubanos, guardaespaldas de Maduro, murieron en enfrentamientos localizados), lo que sugiere una coordinación implícita o una deserción masiva y prenegociada dentro de las Fuerzas Armadas Bolivarianas. La Organización de las Naciones Unidas, reducida a la irrelevancia, condenó el acto sin medidas coercitivas, una farsa que simplemente resaltó la erosión terminal de la arquitectura legal internacional construida tras 1945. Las violaciones son múltiples y flagrantes: el Artículo 2(4) de la Carta de la ONU (prohibición del uso de la fuerza), el Principio de No Intervención (Artículo 2(7)), la soberanía estatal, la integridad territorial, la inmunidad de jefes de Estado e incluso la Convención sobre Personas Internacionalmente Protegidas. La Carta de la OEA fue igualmente triturada. Este desprecio por el derecho no es un efecto colateral; es un requisito funcional para el modelo económico que se pretende implantar.
El diseño político de la transición venezolana es igualmente revelador. En los meses previos a la intervención, mientras la retórica belicista de Washington se intensificaba, un grupo de ejecutivos, abogados e inversionistas vinculados a la industria petrolera mantuvieron intensas conversaciones con la administración Trump y asesores del Congreso. Su candidata consensuada no era la figura opositora Corina Machado, sino Delcy Rodríguez, la número dos de Maduro, exministra de Petróleo y durante mucho tiempo el contacto predilecto y respetado de los altos ejecutivos internacionales.
Rodríguez impresionó a los círculos empresariales por su habilidad para navegar el laberinto de sanciones y mantener algún flujo de crudo a pesar de la catástrofe interna. Para las petroleras y para el círculo íntimo de Trump, Rodríguez ofrecía lo esencial: continuidad administrativa y orden. Las inversiones masivas requieren un país «sin disturbios». Una figura opositora radical podía desatar protestas, divisiones inmanejables o una rebelión chavista desesperada. En cambio, Rodríguez, una chavista de alto rango, ofrecía la posibilidad de usar la estructura administrativa existente, la red de contactos y la maquinaria del PSUV para mantener el control social y diluir, desde dentro, la resistencia chavista.
Es la fórmula perfecta del neocolonialismo eficiente: utilizar a una élite local colaboracionista para gestionar la extracción de recursos, manteniendo la fachada de un gobierno soberano mientras se transfiere el control real a las corporaciones extranjeras. Se trata, en esencia, de utilizar al chavismo para destruir al chavismo como proyecto soberano, transformándolo en un gestor de la renta para nuevos dueños.
La teoría económica subyacente parece de una simplicidad seductora. Venezuela posee vastas reservas de petróleo, de hecho, las reservas certificadas más grandes del mundo, y en su mejor momento producía más del triple de los escasos 1,2 millones de barriles diarios actuales. Por lo tanto, la lógica dicta que, con una inyección masiva de capital y tecnología occidental, debería ser sencillo modernizar el equipo deteriorado y observar cómo los barriles adicionales —y las ganancias— fluyen de nuevo. Pero el interés estadounidense trasciende la mera extracción. Tiene un componente estratégico de seguridad energética y, más concretamente, de rentabilidad refinadora.
La costa del Golfo de México de Estados Unidos, especialmente Texas y Luisiana, está sembrada de refinerías gigantescas diseñadas específicamente para procesar crudo pesado y ácido, el tipo de petróleo que Venezuela produce en abundancia. Desde que las sanciones cortaron el flujo en 2019, estas refinerías han tenido que buscar sustitutos como el crudo Maya mexicano, con resultados inferiores: pérdidas de eficiencia de hasta el 10% en la producción de combustibles de alto valor como la gasolina y el diésel, debido a diferencias en la composición química.
Es aquí donde la mecánica del «canje de deuda por inversión» revela su genialidad, alineándose perfectamente con la lógica de la «máquina de guerra» que se autofinancia. Según informes de enero de 2026, la administración Trump ha propuesto un intercambio condicionado. Las grandes petroleras estadounidenses, principalmente ExxonMobil y ConocoPhillips, deben comprometer inversiones significativas en Venezuela para poder acceder a cualquier reembolso por los activos expropiados en 2007.
Los laudos del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI – Banco Mundial) son cuantiosos: ConocoPhillips ganó un fallo por 8.700 millones de dólares (que con intereses se acerca a los 12.000 millones en 2026), y ExxonMobil reclama entre 1.600 y 2.000 millones. El total del sector supera los 10.000 millones de dólares, una deuda fantasma que pende sobre PDVSA y el Estado venezolano. En lugar de pagar esta deuda, el nuevo esquema la convierte en palanca.
La intervención militar, que capturó a Maduro el 3 de enero, no genera así un costo neto para los contribuyentes estadounidenses; se presenta como una operación que se «paga sola» a través de la reactivación petrolera financiada por el capital privado, el cual a su vez recupera sus antiguas pérdidas a través de ganancias futuras. Es el ciclo perfecto: la guerra abre la puerta, el capital extrae el recurso, y los beneficios cubren los costos políticos y legales previos.
El mecanismo operativo es un «quid pro quo» pragmático y coercitivo, inspirado en la visión trumpista de que «el petróleo venezolano pagará por esto». Primero, se exigen inversiones obligatorias. Las compañías deben comprometer entre 20.000 y 50.000 millones de dólares en infraestructura para PDVSA, principalmente a través de joint ventures donde recuperan el control operativo de los yacimientos que una vez les fueron arrebatados, particularmente en la Faja del Orinoco.
Segundo, los reembolsos están condicionados a estas inversiones. El Gobierno de transición (presidido probablemente por Delcy Rodríguez) utilizaría los ingresos petroleros futuros para ir saldando los laudos, un proceso facilitado por el levantamiento de sanciones y la protección de activos como Citgo. No habrá un cheque por 12.000 millones para ConocoPhillips; en su lugar, se le otorgarán concesiones con royalties bajísimos o nulos, o se le permitirá deducir el monto de sus inversiones, de modo que sus ganancias a largo plazo equivaldrán al monto del laudo. Quien no invierta, pierde toda prioridad en el cobro.
Tercero, este esquema financia indirectamente la intervención. En la lógica de la máquina de guerra, las inversiones privadas cubren los costos militares y de estabilización, logrando un «costo cero neto» para el erario estadounidense. El petróleo extraído fluye a las refinerías del Golfo, generando empleo, impuestos y seguridad energética doméstica.
Sin embargo, este diseño choca con una realidad económica incómoda. Las proyecciones de la consultora Rystad Energy indican que se necesitarían 155.000 millones de dólares para reparar una década de subinversión y duplicar la producción a 2 millones de barriles diarios para 2030. Es una cifra astronómica, incluso para gigantes como Exxon y Conoco. Este esfuerzo inversor se ve complicado por otro objetivo contradictorio de la administración Trump: mantener los precios del petróleo bajos, alrededor de 50 dólares el barril, para beneficiar al consumidor estadounidense y cosechar réditos electorales de cara a las elecciones de medio termino de 2026.
Un petróleo a 50 dólares hace que las inversiones de alto costo en la compleja Faja del Orinoco sean mucho menos atractivas, ya que limitan drásticamente los márgenes de beneficio. Las petroleras pensarán en recortes de gastos, no en aumentos masivos de inversión. La Administración Trump se encuentra en una pinza: necesita el flujo de crudo, pero no puede permitir que su precio suba, y necesita que las empresas inviertan, pero les ofrece un entorno de precios bajos. La solución probable será una combinación de garantías políticas y subsidios encubiertos: seguros de riesgo soberano del gobierno de EE.UU., contratos de compra a largo plazo a precios preferenciales para las refinerías del Golfo, y una presión feroz sobre las compañías para que asuman el riesgo «patrióticamente», con la promesa de ganancias futuras en un mercado rediseñado.
La reconfiguración geopolítica sería profunda. Si Estados Unidos consolida este control indirecto sobre la producción venezolana, el flujo global de crudo pesado cambia. China, actualmente el mayor comprador del crudo venezolano a través de trueques y pagos en yuanes, sería expulsada del mercado, perdiendo un aliado estratégico en su guerra económica con Occidente. Rusia vería debilitada la alianza energética dentro de los BRICS+. Las refinerías del Golfo recuperarían su fuente de alimentación ideal, una de las causas de la invasión, reduciendo la dependencia de la volátil OPEP+ y estabilizando sus márgenes.
Para Venezuela, el resultado es una estabilización precaria y profundamente dependiente. Se podría detener la inflación y recuperar cierta normalidad económica, pero a un costo feroz: la soberanía energética quedaría hipotecada por décadas. PDVSA se convertiría en poco más que una entidad titular, mientras los consorcios internacionales toman las decisiones operativas y capturan la mayor parte del valor. Los laudos de la deuda fantasma no se pagan; se transforman en títulos de propiedad sobre el futuro del país.
En resumen, la intervención en Venezuela prioriza la energía sobre la democracia, el beneficio corporativo sobre los derechos humanos, y el poder bruto sobre el derecho internacional. Los pretextos humanitarios y democráticos que pudieron esgrimirse se desvanecen ante la cruda mecánica de un acuerdo que convierte la deuda de guerra en inversión extractiva.
Estados Unidos gana en seguridad energética, sus corporaciones recuperan y amplían sus ganancias, y el complejo militar-industrial demuestra una vez más su capacidad para crear mercados a través de la fuerza. Venezuela, como Grecia en 1941, se encuentra atrapada en la lógica de la deuda fantasma: la factura de su propia ocupación, disfrazada de contrato de inversión, se le presentará durante generaciones, mientras el petróleo que fluye de sus entrañas paga, gota a gota, el precio de una libertad que esta vez no se perdió en un campo de batalla, sino en los despachos de abogados y las salas de juntas de Houston y Washington.
Fuente: https://eltabanoeconomista.wordpress.com/2026/01/07/hollywood-invade-venezuela/