Francia ha declarado la guerra a la obsolescencia programada. El oligopolio de las impresoras es el primero en enfrentarse a la ley que la penaliza.
En febrero de 2015 se aprobó en Francia la Ley de Energía de Transición, la primera legislación en el mundo que persigue la obsolescencia programada. Esta práctica, que consiste, según la Agencia de Medio Ambiente francesa, en «acortar la vida útil de un producto intencionadamente para que el consumidor tenga que comprar uno nuevo, limitando su periodo de uso por razones del modelo económico», puede conllevar penas de hasta dos años de cárcel y multas de hasta 300.000 euros. Además, las compañías pueden ser sancionadas con multas que podrían alcanzar el 5% del promedio de sus ingresos anuales en los tres últimos años.
Según informa un comunicado de la asociación medioambiental que ha interpuesto la denuncia, Halte à l’ Obsolescence Programmée (stop a la obsolescencia programada), ejecutivos de las empresas HP, Epson, Canon y Brother podrían enfrentarse a penas de prisión y las empresas podrían ser obligadas a pagar fuertes multas si fueran declaradas culpables. El delito que, presuntamente, han cometido es el de limitar deliberadamente la vida útil de sus impresoras.
La abogada de la asociación, Emile Meunier, ha declarado que «ahora corresponde al fiscal y al poder judicial usar la pericia judicial para comprobar si los hechos son ciertos». También anunció que han informado a la autoridad de Competencia, ya que podría tratarse de un caso de acuerdos ilegales entre los fabricantes en el que «millones de franceses propietarios de impresoras podrían haber resultado perjudicados».
Según unos cálculos y encuestas realizadas por la asociación denunciante, los cartuchos de tinta de las impresoras Epson están programados para dejar de funcionar cuando al cartucho todavía le queda un 20% de tinta. También denuncian el continuo crecimiento del coste de estos cartuchos. Según la organización un litro de tinta de Epson vale 2.062 euros, el doble que un perfume Chanel Nº5, al mismo tiempo que se intenta imposibilitar que sus clientes usen cartuchos de tinta genéricos o de otras marcas. Las almohadillas de tinta son otro de los focos de la denuncia, que alega que «el precio de reparar o cambiar la almohadilla de tinta es aproximadamente lo mismo que cuesta comprar una impresora nueva».
La multinacional Canon ha declarado que cooperará con las autoridades ya que está «comprometida con el crecimiento económico sostenible». Por su lado, Epson, Brother y HP no se han pronunciado por el momento.