Primero fueron los computadores de Reyes. Luego, los maletines de Antonini. Después, el zar antidrogas. Hoy le toca a HRW. Pronto vendrán la SIP, Reporteros Sin Fronteras y Súmate. En 2004, meses antes del referendo revocatorio, ocurrió exactamente lo mismo: un guión preconcebido, al cual los venezolanos ya están acostumbrados.
De forma nada sorpresiva, la organización Human Rights Watch (HRW) emitió este jueves un informe atacando el manejo de los derechos humanos en Venezuela y alegando que no existe independencia en sus instituciones. HRW forma parte de la larga lista de organizaciones que se alternan en atacar al gobierno venezolano, para luego bajar el perfil y cederle el testigo a otra institución similar.
José Miguel Vivanco, director para América de HRW, le puso de título a su informe de 267 páginas «Una década de Chávez. Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela». En el informe, se ataca a Venezuela por todos los flancos. Se asegura que «Chávez ha buscado activamente proyectarse como un defensor de la democracia» y que «su presunto compromiso con esta causa es contradictorio con el desprecio, por parte de su Gobierno, de garantías institucionales y derechos fundamentales».
También asegura que no existe un Poder Judicial independiente, que se ha actuado contra medios de comunicación opositores, que no se permiten elecciones sindicales libres, y que se «adopta una actitud de confrontación agresiva frente a los defensores de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil».
Los lectores de Yvke Mundial seguramente se están preguntando si el informe no acusa además al Presidente Chávez de comer niños y fabricar armas nucleares.
«Casualmente» a dos meses antes de las elecciones
Yvke Mundial intentó ubicar otras acciones de José Miguel Vivanco en el pasado, encontrando esta en la página web de Radio Nacional de Venezuela. El comunicado de HRW fue emitido en junio de 2004, «casualmente» dos meses antes de un proceso electoral, el referendo del 15 de agosto de 2004. «Casualmente» también se argumentaba que no había independencia de poderes en Venezuela, y hasta se pedía que la OEA aplicara la Carta Democrática contra Venezuela, solicitud que fue ignorada por la organización.
Las respuesta de José Vicente Rangel dada hace cuatro años es tan vigente, que preferimos simplemente repetirla: para el entonces Vicepresidente, Vivancos «es un hombre absolutamente descalificado y actúa de esa forma porque le pagan». Dijo que Vivanco «retorna en vísperas del referendo del 15 de agosto (de 2004) con el mismo montaje y la misma consigna de atacar al gobierno democrático del presidente, de colocarse al servicio de la oposición y de la política de George Bush en la región».
Rangel también acusó en el pasado a Vivancos de haber estado vinculado a los servicios de inteligencia del régimen de Augusto Pinochet durante los primeros momentos de su gobierno. Igualmente, Rangel resaltó que Vivancos, al acusar a Chávez de eliminar la independencia de los poderes, justamente deseaba provocar que Chávez violara dicha independencia, pues Vivancos esperaba que Chávez destituyera magistrados o diputados, algo que no puede hacer el Poder Ejecutivo. Rangel se preguntó «si Vivancos sería capaz de plantear lo mismo en Estados Unidos, de pedirle al presidente Bush que se involucre en lo que decide el Congreso o la Corte Suprema de ese país».
No ha sido la única vez. En octubre de 2007, dos meses antes del referendo para la Reforma Constitucional, HRW emitió un comunicado segurando que existe un «preocupante Plan para Suspender el Debido Proceso» y que la Reforma Constitucional, «de ser aprobada, le permitiría al Presidente Hugo Chávez invocar un estado de excepción para justificar la suspensión de ciertas garantías fundamentales que el derecho internacional califica como no derogables».
¿Cuál será la próxima?
Hace seis meses, el ataque contra el gobierno bolivariano provenía del computador del fallecido Raúl Reyes. Desde hace unas semanas, el tema principal de la oposición ha sido el maletín de Guido Antonini (tema que también estuvo «de moda» hace un año). Más recientemente, se le pasó el testigo a John Walters, «zar antidrogas» estadounidense. Hoy le toca el turno a HRW.
Mañana seguramente aparecerá un informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF), la semana que viene le tocará a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en dos semanas tendrá su turno Súmate, en tres semanas el Departamento de Estado y dentro de un mes aparecerá alguna ONG nueva. Es una secuencia tan bien conocida, que si bien los medios privados venezolanos titulan con ella a diario, pocos venezolanos hacen de esto su tema de conversación.
Jiménez: El informe se contradice
El diputado de la Asamblea Nacional (AN), Tulio Jiménez, también presidente de la Comisión de Política Interior, respondió este lunes que Venezuela es un país donde existe independencia de poderes y hay plena libertad de expresión. «El TSJ actúa independiente, libremente y consecuencialmente tiene el respaldo de la Asamblea Nacional y de todos los poderes públicos, en cuanto a que es un poder que funciona conforme a las leyes».
Jiménez afirmó que en el informe donde concluyen que se han debilitado las instituciones y los derechos humanos en el país, «es también contradictorio, porque en su contenido su director ejecutivo, José Manuel Vivancos, señala que en Venezuela los medios de comunicación social se pueden expresar libremente».
Expresó que era una falacia y parte de una campaña contra el Gobierno legítimo y democrático de Venezuela y que encabeza el presidente Hugo Chávez. «Es una tramoya, como han sido las acusaciones presentadas contra el ex ministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín y contra los directores de la Disip y de la DIM.
Con relación a por qué el parlamento no había abierto una investigación sobre el caso del maletín -caso ocurrido enteramente en territorio extranjero-, expresó que ello no tenía que ver nada con la independencia de poderes. «Ese es un caso que está siendo abordado por la Fiscalía General de la República y hace más de un año que se viene empleando este caso como una forma de desacreditar al Gobierno».