A pesar de los controles que aplica el Ejecutivo Nacional a las empresas procesadoras y distribuidoras de alimentos, muchas de estas incurren en delitos al evadir el cumplimiento de las leyes, crear una mala imagen del Gobierno ante la opinión pública, y hacerse rico a costa del pueblo. A pesar de ello, y gracias al […]
A pesar de los controles que aplica el Ejecutivo Nacional a las empresas procesadoras y distribuidoras de alimentos, muchas de estas incurren en delitos al evadir el cumplimiento de las leyes, crear una mala imagen del Gobierno ante la opinión pública, y hacerse rico a costa del pueblo.
A pesar de ello, y gracias al Sistema integrado de Control Agroalimentario (Sica) que lleva adelante la Superintendencia Nacional de Silos Almacenes y Depósitos Agrícolas (Sada) con el apoyo del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) y la de Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Gobierno ha logrado detectar los cuatro ilícitos más frecuentes cometidos por estas empresas y ha iniciado la aplicación de los correctivos y sanciones correspondientes.
Desequilibrio en la distribución
Para el superintendente del Sada, Carlos Osorio, uno de los delitos más frecuentes en los que incurren el sector privado, es la distribución desequilibrada de los alimentos en los estados del país, es decir, envían una mayor cantidad de productos a entidades pequeñas y una menor cantidad a los estados más poblados.
A través de esta estrategia, los empresarios pretenden crear desestabilización y zozobra en la población al no conseguir en los anaqueles de los supermercados y abastos los productos alimenticios de primera necesidad, así como crear una imagen negativa de las políticas agroalimentarias que ejecuta el Gobierno y sus organismos.
«Si en una población como San Antonio del Táchira existen cerca de 94 mil habitantes, las empresas deben distribuir y comercializar para esa cantidad de personas. Ahora en poblaciones más grandes como Caracas, donde habitan alrededor de cinco millones de personas, deben distribuir para esa cantidad, ni más ni menos alimentos porque automáticamente crean un desequilibrio», explicó Osorio.
Vendedor ambulante con alimentos regulados
Otra de las irregularidades cometida por los privados y sancionada por la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria (Lossa), aprobada el pasado mes de agosto de 2008, es la desviación de alimentos a la red informal, para ser vendidos a los consumidores en plena vía pública a precios exorbitantes.
Mediante esta infracción, el sector privado evade el Sica, pago de impuestos y guías de movilización del Sada para obtener un mayor ganancia en aquellos productos que están regulados por el Estado.
«Por esa razón es que vemos que los buhoneros ubicados en el centro de la cuidad, tienen más leche, azúcar, arroz, aceite y margarina que los mismos supermercados y abastos por encima del precio regulado. ¿Cómo se explica esta situación, si supuestamente algunas empresas distribuyen directamente a los puntos de venta al público», se preguntó el Superintendente del Sada.
El Chantaje para aumentar en el precio de los alimentos
«O se aumenta el precio de algunos alimentos que están sujetos a regulación o simplemente no distribuimos el producto». Ésta es una de las múltiples frases pronunciadas por los empresario del sector alimento a puerta cerrada, para presionar al Ejecutivo Nacional en el incremento irracional de los alimentos.
Para lograr este objetivo, dejan de elaborar alimentos alegando falta de materia prima, problemas en la cadena de distribución, aumento en la estructura de costos para dejar de distribuir y presionar a los ministerios de Agricultura y Tierras (MAT), Comercio (Minco) y Alimentación (Minal), a que incrementen los precios.
Ante este punto, el Superintendente Osorio destacó que constantemente el sector gubernamental y privados se reúne con los productores primarios para conocer y evaluar las estructuras de costos de todos los productos con mayor demanda en el país.
En tal sentido, Osorio reiteró que los aumentos se establecerán en el marco de un acuerdo que beneficie tanto a los consumidores como a los productores, pero nunca bajo chantaje de un pequeño sector empresarial.
En víspera de elecciones: Acaparamiento
Una de las estrategias más empleadas por algunos empresarios para provocar desabastecimiento, es acaparar productos de primera necesidad en víspera de realizarse algún evento electoral.
«Acaparar los productos que procesan, es decir, no lo distribuyen sino que los esconden en sus almacenes, para crear zozobra, desestabilización y angustia en la población. Ellos saben la alimentación que el punto álgido y primordial en los venezolanos», aseguró el máximo representante de Sada.
El principal objetivo de esta estrategia es crear ante la opinión pública nacional e internacional un ambiente negativo y de zozobra y provocar que el pueblo proteste contra el Gobierno, para de esta forma, disminuir los votos chavistas y elevar la participación a favor de la oposición.
Al descubierto
Para detectar todas estas acciones ilícitas y garantizar la distribución equitativa de los productos de la canasta alimentaria, el Ejecutivo Nacional pone en marcha el Sica, guías de movilización y control digital que permite conocer la cantidad de materia prima que existe, cuánto se procesa, almacena y distribuye.
En caso de presentarse algún desabastecimiento en una región, el Sada verifica la cantidad de alimento que debía otorgarse a ese sector en específico. Posteriormente, se trasladan hasta la región para constatar con los puntos de ventas la información suministrada por la empresa y, de conseguirse con alguna discrepancia, activan las alarmas e inician una investigación.
«Es allí cuando comprobamos que la información suministrada a través de las guías de movilización no concuerda con lo que está ocurriendo realmente. El hecho de que se soliciten las guías no garantiza del todo que se distribuyan los alimentos», aclaró el superintendente del Sada.
Sostuvo que las guías de movilización son uno de los tantos instrumentos de control que tiene el Sada para garantizar que los productos lleguen a los consumidores a precios regulados.
En ese sentido, Osorio se preguntó ‘¿por qué si se solicitan las guías de movilización para distribuir los alimentos, no se realiza ésta distribución?’.
Refirió que durante la cuarta república no existían controles y las empresas alimenticias hacían lo que querían con el procesamiento, almacenaje y distribución de producto de primera necesidad.
Insistió que el conflicto entre las empresas de alimentos y el Gobierno radica en que el único objetivo de los privados es hacer dinero y convertirse en millonarios a costa del pueblo, sin importarles su bienestar, convirtiendo los alimentos en mera mercancía.
«Los privados tienen que recordar que la alimentación es un asunto de Estado y no vamos a permitir chantaje, usura ni acaparamiento», sentenció el titular del Sada.
Fuente: http://www.abn.info.ve/noticia.php?articulo=236736&lee=3