Tras dos semanas infartantes, las vacaciones de Semana Santa parecen haber traído cierta calma, un bálsamo para un gobierno sitiado. Hasta que alguien, muy probablemente el juez Sergio Moro, desenfunde nuevamente la espada y todo vuelva a encabritarse. A falta de hechos concretos, abundan los rumores. Unos dicen que Lula desistiría de presidir el gabinete, […]
Tras dos semanas infartantes, las vacaciones de Semana Santa parecen haber traído cierta calma, un bálsamo para un gobierno sitiado. Hasta que alguien, muy probablemente el juez Sergio Moro, desenfunde nuevamente la espada y todo vuelva a encabritarse.
A falta de hechos concretos, abundan los rumores. Unos dicen que Lula desistiría de presidir el gabinete, acorralado por 13 acciones en su contra en el Supremo Tribunal Federal, que deberá pronunciarse al respecto la próxima semana. O sea que ya no es sólo el juez Sergio Moro el que tiene contra las cuerdas al ex presidente brasileño, sino la mayor instancia judicial del país, donde la mayor parte de los jueces fueron nombrados bajo los gobiernos del PT.
Otras versiones aseguran que en Brasilia se estaría llegando a tejer acuerdos entre la oposición socialdemócrata (Psdb) y el hasta ahora oficialista Pndb para un eventual gobierno que presidiría el actual vice, Michel Temer. Aunque se necesitan dos tercios de la Cámara para destituir a Dilma Rousseff, no son pocos los que estiman que se podría alcanzar esa cifra. En todo caso el proceso de impeachment es largo, aunque la comisión encargada de analizarlo ya fue nombrada.
En los hechos, la apuesta de Dilma y del PT de colocar a Lula en el gabinete como principal articulador para salir de la crisis se reveló un completo fracaso. Parece evidente, en contra de lo que sostienen los analistas de izquierda, que el ex presidente perdió su aureola. Pocos quieren aparecer de la mano de un futuro preso por corrupción. Hasta Frei Betto, amigo personal de Lula y ex integrante de su gobierno, dio un paso al costado y destacó que resulta sospechoso que el PT no haya expulsado a ninguno de los militantes procesados en la Operación Lava Jato.
OEA entra en disputa
Mientras la operación de la justicia lleva arrestadas a 133 personas y ha encarcelado a algunos de los más destacados y ricos empresarios del país, pertenecientes a 16 compañías (entre ellas Camargo Correa, Oas, Utc, Odebrecht, Mendes Junior, Engevix, Queiroz Galvão, Iesa y Galvão Engenharia), y a políticos de numerosos partidos oficialistas y opositores (entre ellos PP, PT, Pmdb, Psdb y Ptb), el país se encuentra en una cuesta abajo que parece imparable.
Una de las personas más criticadas y elogiadas en los últimos días fue el juez Moro. Los análisis más sensatos dicen que su gestión es la oportunidad para llevar decoro a la política al destripar los mecanismos de financiación de los partidos, cuyos fondos provienen del sector privado y de trasvases más que dudosos. En ese sentido, la Operación Lava Jato sería un avance republicano tan necesario como urgente. Sin embargo, la difusión de conversaciones telefónicas entre Lula y Dilma horas después de que el ex presidente fuera nombrado al frente del gabinete dio alas a quienes sostienen que en Brasil está en curso un golpe. Debe decirse que esta tesis resulta más que confusa y poco sustentada, toda vez que sus mentores no dijeron una sola palabra cuando eran procesados los empresarios y algunos dirigentes políticos, pero pusieron el grito en el cielo cuando llegó el turno de Lula.
En una situación de honda polarización, sorprendió la declaración del secretario general de la Oea, Luis Almagro, quien el viernes 18 se pronunció en contra de las actuaciones del juez Moro. «El Estado de derecho exige que todos seamos responsables e iguales ante la ley. Nadie, y quiero decir nadie, está por encima de la ley», dijo Almagro. Por si quedaban dudas, agregó que «ningún juez está por encima de la ley que debe aplicar y de la Constitución que garantiza su trabajo. La democracia no puede ser víctima del oportunismo, sino que debe sostenerse con la fuerza de las ideas y de la ética».
Aún es muy pronto para interpretar lo que está sucediendo en Brasil: si un proceso de limpieza de carácter republicano o una simple venganza anti PT, o ambas cosas a la vez, ya que es muy probable que algo que empezó como una operación legal esté siendo utilizado, y desviado, para derribar un gobierno.
Cuestión de clase
La situación brasileña cambia de día en día y, en ciertos momentos, de hora en hora. Esto quiere decir que es muy difícil pensar que haya una mano negra detrás del telón que esté orientando las jugadas con cálculos fríos. Así razona hoy la izquierda oficialista, aunque muchos datos desmienten estas apreciaciones.
En el lado opuesto, nadie puede creer en la sinceridad de dirigentes del Pmdb y del Psdb que están acusados de corrupción y que en los gobiernos de los estados utilizan mecanismos idénticos a los del PT en el gobierno. Todo indica que la Operación Lava Jato no va a terminar con la corrupción si bien lo más seguro es que liquide al PT y al gobierno. Esto avala la tesis de quienes afirman que estamos ante un golpe.
«Nos estamos hundiendo», escribió hace algunas semanas el ex ministro de Hacienda Antonio Delfim Netto, ministro de la dictadura y ahora simpatizante de Dilma y Lula. Delfim Netto destaca la perplejidad que le produce la situación del país. Recuerda que «en los últimos cinco años crecimos 5 por ciento, mientras el mundo creció 18 por ciento y los emergentes 28 por ciento» (Valor, 15-XII-15). El país se hundirá si no recupera la gobernabilidad muy rápido, dice ahora el ex ministro.
Una legión de analistas compara la situación actual con la que llevó al suicidio de Getúlio Vargas en 1954. Aunque hay elementos comunes, apunta el historiador José Murilo de Carvalho, ya que Vargas era acusado «por sectores de la clase media de tolerar prácticas corruptas, hay una gran diferencia, que es la presencia activa de los militares en 1954 que forzaron la salida de Vargas». «Hoy el conflicto es civil y nacional», sostiene (BBC Brasil, lunes 21).
Para el historiador, como para tantos brasileños, uno de los principales problemas es la polarización y el triunfo de la irracionalidad. «La radicalización política y la intolerancia llegaron a un punto peligroso. No hay más debate, apenas griterío. En este escenario dominado por las pasiones todo puede suceder, incluso un serio conflicto social.»
Una encuesta realizada a los manifestantes de la avenida Paulista de San Pablo en los actos del domingo 13 revela algo de esto. El 77 por ciento eran titulados superiores y un porcentaje idéntico son blancos, 63 por ciento perciben ingresos equivalentes al menos a cinco salarios mínimos y tienen un promedio de 45 años, según Datafolha (Carta Capital, viernes 18).
Un estudio de la consultora Data Popular realizado en enero, con 3.500 entrevistados en 146 ciudades, reveló una de las mejores fotografías del Brasil actual: sólo el 3 por ciento de los consultados aceptan que son corruptos, pero el 70 por ciento admiten que realizan prácticas corruptas, como mentir en el impuesto a la renta o sobornar guardias.
La guinda del pastel la puso el juez federal Catta Preta Neto, quien derogó el nombramiento de Lula como ministro. En su perfil de Facebook el juez colocó sin empacho fotos suyas y de su familia participando en las manifestaciones contra el gobierno, el 7 de marzo, y escribió: «Ayude a derribar a Dilma y vuelva a viajar a Miami y Orlando. Si ella cae, el dólar bajará» (Carta Capital, viernes 18).
Como señala el sociólogo Jessé Souza, «la llamada clase media es la fuerza de choque de los adinerados». Ciertamente. Si Dilma es derribada, lo que vendrá puede ser peor aún, en un país donde se evaporó la hegemonía y será difícil restablecer el consenso.