Una comisión del congreso en Brasil determinó que 84 legisladores están implicados en compras indebidas y a precios excesivos de ambulancias y otros equipos para el ministerio de Salud y alcaldías. Integrantes de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) aseguraron en declaraciones difundidas hoy por a prensa que existen pruebas de que los legisladores facilitaron […]
Una comisión del congreso en Brasil determinó que 84 legisladores están implicados en compras indebidas y a precios excesivos de ambulancias y otros equipos para el ministerio de Salud y alcaldías.
Integrantes de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) aseguraron en declaraciones difundidas hoy por a prensa que existen pruebas de que los legisladores facilitaron las compras fraudulentas a cambio de dinero.
La empresa Planam, que se presentaba a licitaciones públicas para proveer al Estado, daba coimas a los legisladores a cambio de la liberación de recursos presupuestarios para la compra de equipamientos sobrefacturados.
El dueño de Planam, Luiz Antonio Trevisan Vedoin, dijo ante la justicia que los legisladores recibieron un promedio de 70.000 reales (32 mil dólares) cada uno por beneficiar las compras fraudulentas.
Existirían pruebas irrefutables contra 46 parlamentarios que recibieron depósitos en sus cuentas bancarias o en las de sus familiares y amigos; 21 recibieron dinero en especie; y hay indicios fuertes de participación en otros 17.
Los datos fueron revelados por uno de los técnicos de la CPI al diario ‘Correio Braziliense’. Sólo seis parlamentarios acusados están libres de culpa.
De acuerdo a un estudio realizado por la Controladuría General de la Unión, la llamada ‘mafia de las sanguijuelas’ (legisladores) comenzó a actuar en 2000, durante el gobierno del socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso (1995-2002).
La lista de los acusados, sin embargo, incluye en su mayoría a parlamentarios de partidos integrantes de la base aliada al gobierno del mandatario Luiz Inacio Lula da Silva.
El escándalo de las ambulancias se suma a la ola de denuncias de corrupción contra políticos brasileños desatada a mediados de 2005.
Dos ministros fueron destituidos y diez diputados perdieron sus mandatos en Brasil, debido a las denuncias que involucraban a empresarios, políticos y autoridades del gobierno acusados de haber recibido sobornos.
Como consecuencia de los escándalos el congreso se convirtió en la institución más desprestigiada entre el electorado brasileño, lo cual se reflejará en las elecciones generales de octubre próximo.
Organizaciones civiles lanzaron una campaña el mes pasado para impedir que los legisladores y políticos involucrados en las denuncias puedan ser reelegidos.