En este artículo el autor señala la necesidad de renovar profundamente la diplomacia internacional brasileña, que sigue siendo un nicho en el que sobreviven golpistas y gentes de escasa tradición democrática.
Quien representó a Brasil en la sesión de la Corte Internacional de Justicia del 20 de febrero, que juzga la ilegalidad de la ocupación del territorio palestino por colonos judíos, no era el embajador del país en los Países Bajos, Fernando Simas Magalhães, como sería normal, sino la consejera María Clara Tusco, enviada desde Brasilia específicamente para la ocasión.
Al menos, una situación inusual que contrastaba con el perfil de representación de los demás países, todos representados por niveles jerárquicos más altos de su diplomacia. Inicialmente se especuló que el reemplazo significaría un mensaje al Simas Magalhães, un ex vicecanciller bolsonarista que asistió a la reunión preparatoria del golpe el 5 de julio de 2022. Simas es uno de esos funcionarios civiles que, por estar presentes en la escena del crimen -la reunión golpista-, al ser testigo de la misma es cómplice, pues se abstuvo ante el crimen que presenció.
Sin embargo, menos de 24 horas después de circular la versión de la supuesta «reprensión» a Simas, la página web Metrópolis informó -con fuentes de Itamaraty en off, como siempre-, que «la decisión de sustituir a Simas en el discurso en la Corte Internacional de Justicia tenía como objetivo ‘preservar’ al embajador«. Según el informe, la evaluación era que su discurso podía exponer al diplomático, haciéndolo susceptible del fuego amigo.
¿Fuego amigo? ¿Cómo que fuego amigo, si Simas es enemigo del gobierno actual, ya que participó en actos de conspiración para impedir que este gobierno fuera electo?
Mientras la omisión del embajador Simas y sus colegas no se determine mediante el establecimiento de un proceso administrativo, no parece adecuado su designación para representar a Brasil en el extranjero. Aún menos en misiones sobresalientes en esta coyuntura mundial, como La Haya.
Itamaraty debería adoptar las mismas medidas que la AGU (Fiscalía) y el Comité de ética pública, que han abierto diligencias para determinar la conducta del funcionariado que participó en la reunión. La Secretaría de Comunicación Social (Secom) incluso canceló el nombramiento de la diplomática Comarci Nunes Filho en el grupo de trabajo de la presidencia brasileña en el G20 tras la revelación de que asistió a la reunión golpista en el Palacio del Planalto.
Itamaraty, la cancillería brasileña, tiene un trasfondo problemático en este sentido. Los diplomáticos que colaboraron con la dictadura militar, por ejemplo, quedaron impunes. Muchos terminaron ascendidos en sus carreras.
Ninguno, ni siquiera aquellos que de alguna manera colaboraron con la dictadura brasileña en los golpes militares en los países vecinos y en los horrores de la Operación Cóndor, fueron investigados y castigados. Por otro lado, los diplomáticos considerados críticos con los recortes, el autoritarismo, los horrores y las corrupciones de la dictadura fueron revocados o retirados de forma obligatoria.
En el período reciente, está el caso del diplomático Milton Rondó. Debido a la condición biológica de no ser un diplomático “sangre azul”, Rondó respondió a dos procesos disciplinarios administrativos [PAD] y demandas por enviar un telegrama a las representaciones de Brasil en el extranjero que denunciaban el golpe de estado contra la presidenta Dilma Rousseff.
El diplomático Eduardo Paes Saboia, de una tradicional capitanía diplomática hereditaria y con plumaje tucano, tuvo mejor suerte. En 2013, en una intromisión indebida en los asuntos internos de la política en Bolivia, Saboia actuó activamente en la fuga del senador opositor Roger Pinto Molina a Brasil.
Una falta gravísima, que debería haber costado su expulsión de la carrera, en bien del interés público. Sin embargo, en 2016 Saboia fue recompensado por el usurpador Michel Temer con el ascenso al rango de embajador, el más alto de la carrera diplomática. En el actual gobierno, ocupa el importante cargo de Secretario de Itamaraty para Asia y el Pacífico.
Ernesto Araújo y el equipo de diplomáticos responsables con la política exterior más desastrosa de la historia, que proyectaba transformar a Brasil en un paria internacional, siguen incólumes: no son objeto de procedimientos administrativos ni judiciales.
No son responsables de los daños causados a Brasil, ni de haber expuesto al país al riesgo de guerra con Venezuela, ni de las desviaciones en la pandemia, que generó la propuesta de imputación de Ernesto Araújo y otro diplomático, Roberto Goidanich, por el Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación en el caso de la covid.
Brasil es considerado un ejemplo global para enfrentar al fascismo y a la extrema derecha antidemocrática.
En este contexto, es preciso que Itamaraty muestre medidas concretas que mejoren la lealtad de la carrera diplomática brasileña con la legalidad, probidad y defensa del Estado de Derecho, no con particularismos ideológicos. Mostrar que no hay lugar en Itamaraty para impunidades diplomáticas.
Así como en las Fuerzas Armadas, la tradición golpista, antidemocrática y conspirativa también es transmitida hereditariamente en Itamaraty. La certeza de la impunidad sirve de salvoconducto para la repetición.
Jeferson Miola es miembro del Instituto de Debates, Estudios y Alternativas de Porto Alegre (Idea), fue coordinador ejecutivo del V Foro Social Mundial y colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
Fuente: https://estrategia.la/2024/02/24/brasil-impunidades-diplomaticas/
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