Intentando dejar a un lado cualquier escala ética, sería prácticamente imposible predecir cual es el proceso natural-evolutivo del ser humano. No sabemos si la contaminación y destrucción de los recursos naturales pertenece a una senda natural, o si la inequidad en los derechos sociales y universales, la desigualdad en la accesibilidad a los alimentos, el […]
Intentando dejar a un lado cualquier escala ética, sería prácticamente imposible predecir cual es el proceso natural-evolutivo del ser humano. No sabemos si la contaminación y destrucción de los recursos naturales pertenece a una senda natural, o si la inequidad en los derechos sociales y universales, la desigualdad en la accesibilidad a los alimentos, el acceso a los cuidados sanitarios, el derecho a la educación, etc. Honestamente no sabemos si son circunstancias o episodios, que como cualquier proceso natural, se deban al resultado de la constante «metamorfosis» que experimenta la naturaleza, en ella el ser humano.
Las preferencias por un determinado sistema de organización social y productivo pueden responder a ciertas creencias ideológicas. La justicia subjetiva que cada estructura proporcione son argumentos para validarlos y postularlos como ventajosos frente a otros, aunque es cierto y común que en todas las formas de organización que han existido hasta el día de hoy no hay ninguna que esté exenta de fallas.
Tanto el feudalismo de la Europa Occidental entre los siglos X y XIII, la planificación estatal de la antigua Unión Soviética y de los estados totalitarios europeos, o el capitalismo de nuestros días han evidenciado sus méritos -en algunos casos- e imperfecciones.
Las escalas éticas y morales o la percepción de justicia e injusticia se han desarrollado con el paso del tiempo, han evolucionado y siguen en constante movimiento. Como resultado de ello encontramos entre otras los Derechos Humanos, que con más que menos acierto en su aplicación nos facilitan al menos la interpretación de determinados comportamientos, evitando de esta manera que se puedan enmascarar tras la cortina de un ideario.
Casi la totalidad de los países occidentales tiene como sistema de organización una conjunción entre la economía planificada y un sistema de mercado. El punto de unión entre ambas formas de orden ha vivido diferentes movimientos a lo largo del tiempo. Momentos donde el Estado ha ocupado un mayor ámbito y protagonismo con más lineas de actuación social, -como el periodo entre 1940 y 1970-, y otros en los cuales el Mercado ha danzado más libremente sin restricciones, fomentando los individualismos y creando mayores desigualdades como ha ocurrido en los últimos 30 años.
El debate ideológico que se ha obrado sobre este sistema mixto, llegando hasta nuestros días, se centra en la posición de la intersección entre Estado y Mercado, donde se cuestiona y se propone el mejor equilibrio entre ambos, mismamente como el adecuado nivel o tamaño de cada uno y el cual retribuye un mayor beneficio al conjunto de la sociedad.
Hay lineas de argumentación en el pensamiento desde las cuales se defiende un mayor peso y protagonismo por parte del Estado -más intervención y regulación del mercado-, y otros sectores quienes sostienen una considerable libertad para los agentes que intervienen en el mercado -menor presencia del Estado-.
Pero hay otro vía que se debería tener en cuenta, ya que no es excluyente sino simultanea a las demás, que enfatiza en las relaciones de influencia mutua que deben existir entre ambos planteamientos. Mercado y Estado son dos maneras de entender la organización de forma diferente pero que han demostrado su compatibilidad. Mercado y planificación contienen matices que deben incorporarse mutuamente, son lo que podríamos llamar influencias mutuas.
Por ejemplo, hay líneas desde algunos ámbitos del pensamiento, como es el caso español del Profesor Vicenç Navarro, en las cuales se requiere la ampliación del número de funcionarios del Estado, -debido entre otras al déficit que tiene el Estado español en contratación pública respecto a la media de la UE-17 -. Entretanto existen otras ajenas que reclaman una reducción de la cuantía de trabajadores en los servicios públicos -debido al sobredimensionamiento del Estado-, como se escucha desde la CEOE o las actuales corrientes ideológicas que gobiernan en la mayoría de los países occidentales.
Aunque resulta obvio, no hay más acertada forma de comprobar si se necesita o no una ampliación en la plantilla de personal sanitario que pasearse por alguna sala de espera de cualquier hospital, o atender a las listas de espera para recibir unos determinados tratamientos médicos. También se puede visitar las aulas de colegios, institutos o universidades para caer en la cuenta de la carencia de personal docente, o considerar las causas que se amontonan en los juzgados por falta de personal entre muchas.
Las carreras y oposiciones que deben realizar ciertos sectores del empleado público pueden y deben asegurar la imparcialidad y la independencia en la contratación, fundamentada en los méritos y la cualificación de los aspirantes, estableciéndose de este modo un filtro que selecciona teóricamente a los más capaces y asegurando la calidad en los servicios que prestan.
A pesar de que la legislación funcionarial contempla vincular la productividad y los salarios de los empleados públicos, es de conocido saber que una vez que se adquiere la plaza de funcionario se entra en la modalidad de inmovilidad o empleo protegido de forma vitalicia. Es en este punto donde se acaba la medición de la eficacia y productividad del trabajo desarrollado por los trabajadores públicos.
Por su contra, el sector privado se encuentra ligado a unos determinados resultados o rendimientos empresariales, a los trabajadores de este sector se les exigen unos requisitos mínimos de productividad para permanecer en las compañías. Es aquí donde habría que equiparar esta idea al sector público. Por tanto al igual que un trabajador del sector privado debe responder a una valoración de la actividad que realiza, es de recibo exigir una evaluación del trabajo desarrollado en el sector público, fundamental para el aprendizaje continuo de los profesionales, la orientación y la mejora del rendimiento, así como la introducción de las prácticas meritorias, la vinculación de productividad y salario, incentivos variables y la aplicación de la flexibilidad en el régimen funcionarial que elimine en ciertos ámbitos del sector público la sensación de inmovilidad y empleo protegido vitalicio. Todo ello, con mayor o menor éxito son prácticas que se realizan en el sector productivo privado, y que podría traer algunas luces a la eficacia y productividad del funcionariado público.
Por tanto ambas corrientes de pensamiento, las que proponen una ampliación como las que revindican una disminución de personal en los servicios públicos, debería dejar de ver la evaluación del trabajo desarrollado por los funcionarios como un matiz con mayor o menor incidencia, y trasladarlo al mismo nivel de sus argumentos más fundamentales.
Otra influencia mutua en la que Mercado y Estado podrían generarse un bien común lo podemos encontrar en estilo de contratación por parte del sector privado.
El boletín estadístico de personal que ha elaborado recientemente el Ministerio de Política Territorial contabiliza 2,6 millones de efectivos a cargo de las AAPP, entre ellos se computan como personal que ocupan cargo sin oposición previa 140.00 en la administración estatal, 450.000 en las CC.AA, 416.000 en las Administraciones locales y 40.159 en las Universidades, lo que representan aproximadamente el 56,15% del total de empleados públicos. En cambio en el sector privado, si tomamos los datos facilitados por el INEM y el Ministerio de Trabajo, entre el 85-90% de las ofertas de empleo no salen al público, es decir no se hacen públicas. O sea, que son cubiertas sin procesos de selección aparentemente.
Es en este punto donde el sector privado podría tomar nota para implantar mejores procesos de selección de personal, como por ejemplo aquellos que son llevados a cabo por el sector público y que aseguran la aptitud de sus trabajadores, pudiendo aprovechar de esta manera una mejora de productividad que se deriva de un personal más adecuado para el desempeño de las tareas y que por el sistema de adjudicación de empleo se está dejando escapar.
Por lo tanto e aquí sólo dos de los varios puntos donde Mercado y Estado pueden desarrollar influencias mutuas, insertando en sector público un control de calidad en el desarrollo del trabajo por parte del personal de la administración, eliminando las malas praxis y ayudando a mejorar el resultado en la calidad y eficiencia del sector público, así como el Mercado podría a su vez implementar un sistema de selección de personal más eficiente y conveniente para el desarrollo de su actividad.
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