En un comunicado de prensa, el Relator Especial del Consejo y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Philip Alston, dio un parecer previo de los datos investigados sobre ejecuciones arbitrarias, sumarias o extrajudiciales en Brasil, que serán detallados en un informe final del profesor, previsto para ser publicado en marzo de 2008. La investigación […]
El comunicado revela algunas de las cuestiones y recomendaciones que el profesor hará a los gobiernos federal y estatales, para producir reformas en el abordaje de la vigilancia policial y en el funcionamiento del sistema de justicia criminal, las cuales constarán en el Informe Final. De acuerdo con el relator, algunos puntos presentados por diversas fuentes tuvieron un destaque en mostrar la gravedad de la crisis de violencia por la que pasa Brasil.
Según el comunicado, entre 45 y 50 mil homicidios son cometidos por año en Brasil, volviéndose la principal causa de muerte de individuos entre 15 y 44 años, en su gran mayoría jóvenes, del sexo masculino, negros y pobres. Otro dato preocupante es el número de muertes causadas por policías en operaciones, lo que la propia policía clasifica como «actos de resistencia seguido de muerte». Solamente en los primeros seis meses del año en Río de Janeiro, la policía registró 694 ejecuciones de este tipo.
Las muertes en presidios también estuvieron entre los ítems más preocupantes del informe. El documento señala 61 muertes en cárceles de Pernambuco, registradas durante los 10 primeros meses de 2007, 23 de las cuales ocurrieron en la prisión Aníbal Bruno. En el mismo estado, la estimación es que el 70% de estos homicidios fueron cometidos por escuadrones de la muerte, muchos de ellos constituidos por policías y ex-policías.
El profesor describe también algunos de los principales problemas representados por un panorama de este tipo. El principal son las altas tasas de homicidios y de impunidad para los agresores. «Estos asesinatos generaron miedo e inseguridad entre la población, pero muy poco había sido hecho en la mayoría de los casos para investigar, procesar y condenar a los responsables», relata el profesor.
Otro punto en relación con los frecuentes homicidios cometidos por grupos justicieros, escuadrones de la muerte, grupos de exterminio y milicias, que generalmente son policías que no están de servicio, ex-policías, bomberos y ciudadanos involucrados en actividades como pistoleros de alquiler, toma de un área geográfica y extorsión por «protección» pagada por residentes y asesinatos o amenazas de muerte en nombre de terratenientes a trabajadores sin-tierra o indígenas, en disputas por la tierra.
En el comunicado, el relator critica el hecho de que los propios policías pudieron describir la ejecución de un ciudadano como «actos de resistencia» o casos de «resistencia seguida de muerte». Esto hace que muchas muertes causadas por policías en servicio no sean incluidas en las estadísticas de homicidios.
Según él, éste y otros problemas son ilustrados por eventos como el que involucró a cerca de 1.350 policías, en la comunidad del Complejo del Alemán, en Río de Janeiro, el día 27 de junio de 2007. «Yo quedé consternado al escuchar que, en 24 horas de ocupación por 1.350 hombres fueron aprehendidas dos ametralladoras, seis revólveres, tres fusiles, una sub-ametralladora, 2 mil proyectiles y 300 kilos de drogas. Ningún policía fue muerto y pocos quedaron feridos, pero la «resistencia» encontrada generó la necesidad de producir 19 muertes», dice el profesor.
Entre las recomendaciones realizadas por el relator está el aumento de los salarios de los policías y una mayor investigación para los casos de homicidios involucrando a policías. Para él, la Policía Civil y las corregedurías de las Policías Civil y Militar deben investigar con eficacia las muertes cometidas por policías y el Ministerio Público debe tener un papel fundamental desde el inicio de la investigación policial de todos esos casos. El profesor sugiere también que la pericia policial y las instituciones tengan más independencia y adquieran nuevos recursos y equipamientos para garantizar resultados eficaces.
Alston criticó también la vulnerable protección de los testigos y resaltó la imparcialidad de los jueces especiales de los estados. «En los Estados que visité, los juzgados especiales de policía no poseen independencia verdadera o la capacidad de analizar los hechos por cuenta propia. La policía necesita tener un control externo e interno», dijo.
Traducción: Daniel Barrantes – [email protected]