El Informe Derechos Humanos en Brasil 2008 fue lanzado hoy (4), en San Pablo, durante la realización del Tribunal Popular: el Estado brasilero en el banquillo de los acusados. El documento, organizado por la Red Social de Justicia y Derechos Humanos, está constituido por cuatro capítulos: derechos humanos en el medio rural y en el […]
El Informe Derechos Humanos en Brasil 2008 fue lanzado hoy (4), en San Pablo, durante la realización del Tribunal Popular: el Estado brasilero en el banquillo de los acusados. El documento, organizado por la Red Social de Justicia y Derechos Humanos, está constituido por cuatro capítulos: derechos humanos en el medio rural y en el medio urbano; derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; políticas internacionales y derechos humanos.
«Algunos temas tienen continuidad entre las ediciones, como es el caso de la cuestión indígena, de la lucha por la tierra y por la vivienda y los problemas relacionados con el trabajo. Cada año, intentamos insertar nuevos temas, como es el caso de las mujeres procesadas por práctica de aborto en Mato Grosso do Sul», afirma la periodista María Luisa Mendonça, integrante de la Red Social de Justicia y Derechos Humanos, que contribuye con algunos artículos en la obra.
En esta edición, la cuestión carcelaria fue tratada en forma específica, sin embargo, con un recorte de género. Las investigadoras Livia Gimenes Dias da Fonseca y Luciana de Souza Ramos trazan un perfil del sistema carcelario femenino en el país: «Las mujeres presas en el Brasil de hoy son jóvenes, madres solteras, afro-descendientes y, principalmente, condenadas por tráfico de drogas. Cuando son detenidas, son abandonadas por la familia, sin garantía del derecho a la visita íntima y de permanecer con los hijos nacidos en la cárcel, lo que demuestra el doble (múltiple) castigo a la mujer, sea por el sistema penal, sea por la sociedad».
«El informe es fruto de la colaboración de 22 organizaciones y de 30 investigadores que tienen por objetivo mostrar un panorama amplio sobre las violaciones de los derechos humanos, que tienen causas estructurales y que necesitan ser debatidos por la sociedad civil. Tiene gran repercusión en el medio académico en Brasil y en el mundo, pues también es publicado en inglés, además de servir como fuente para la prensa», resalta María Luisa.
En relación con la violación de los derechos humanos en el medio rural, se analizan temas como la violencia en el campo, política agraria, expansión del monocultivo de caña de azúcar, situación de comunidades quilombolas y de los pueblos indígenas en Brasil, además de la cuestión del trabajo esclavo. En ese sentido, el artículo del Consejo Indigenista Misionero refleja la ola racista contra los indígenas, diseminada en todo el país.
«Con su fachada nacionalista, esta ola llegó a conquistar el apoyo o, al menos, el silencio cómplice de sectores tradicionalmente comprometidos con las luchas en defensa de los pueblos indígenas y de los sectores populares. A partir de una situación local, de intereses particulares de invasores de tierras de la Unión (como son las tierras indígenas), parte de la sociedad brasilera, este año 2008, pasó a mirar a los pueblos indígenas como enemigos y a los aliados de los indígenas como delincuentes con intereses inconfesables», se resalta en el artículo.
En el medio urbano, los textos versan sobre problemas como las violaciones contra niñas/os y adolescentes, seguridad pública y represión de la actividad sindical. El artículo de los cientistas sociales Adriana Loche y Leandro Siqueira, del Centro Santo Dias de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de San Pablo, abordó la cuestión de las acciones y omisiones en la seguridad pública de San Pablo.
«Cuando se compara el número de casos de muertes provocadas por la policía en el primer semestre de 2007 con el mismo período de 2008, el número de muertes provocadas aumentó en un 21,9%, subiendo de 201 muertes en 2007, a 245 muertes en 2008. Por su parte, el número de policías muertos en estas confrontaciones disminuyó de 15 a 14. La proporción de muertos fue de 11,4 muertes de civiles por cada muerte de un policía. A su vez, siguiendo la tendencia decreciente, el número de homicidios dolosos cayó un 13% en el estado, en el primer semestre de 2008 ante el mismo período de 2007», destacan en el informe.
Traducción: Daniel Barrantes – [email protected]