La nacionalización del petróleo decretada por Evo Morales ha desatado una oleada de indignación por parte de tertulianos y políticos, con la excepción, por lo que he leído y escuchado, de Izquierda Unida. Así pues, todos los indignados están de acuerdo en que la nacionalización crea inseguridad jurídica para las empresas españolas, puesto que no […]
La nacionalización del petróleo decretada por Evo Morales ha desatado una oleada de indignación por parte de tertulianos y políticos, con la excepción, por lo que he leído y escuchado, de Izquierda Unida. Así pues, todos los indignados están de acuerdo en que la nacionalización crea inseguridad jurídica para las empresas españolas, puesto que no se pueden cambiar las reglas de juego durante el partido.
El argumento es impecable en economía, pero es incompleto, lo que le quita toda validez. La razón es que no se puede defender la legitimidad de unas reglas de juego si no se explica antes con claridad cómo se han configurado esas reglas, que es, por lo que yo he visto, lo que ningún periodista y político indignado se ha atrevido a preguntarse en público. En otras palabras, ¿cuál es la legalidad de los contratos de extracción de petróleo y gas firmados por Repsol y Petrobrás en Bolivia? ¿Se adecúan a la legalidad vigente en Bolivia?
Tras leer el decreto de nacionalización, queda muy claro que la privatización de los hidrocarburos realizada anteriormente va en contra de la Constitución boliviana, es decir, que los contratos antes mencionados eran inconstitucionales, ilegales y, en consecuencia, ilegítimos. Al menos si la Constitución boliviana era la misma cuando se firmaron esos contratos. Y esto lo sabían perfectamente los servicios jurídicos de estas empresas. O deberían saberlo. Todo habría continuado igual, es decir, con inseguridad jurídica para los bolivianos, si Evo Morales no hubiese ganado las elecciones.
Porque este tipo de contratos se sabe que se mantienen mientras no cambie el gobierno. O, si cambia, arreglándolo todo de manera amistosa. Ya me entienden. En definitiva, un contrato ilegal que supone inseguridad jurídica para los intereses bolivianos, un saqueo de lo público para un país como Bolivia y beneficios incalculables para los firmantes, pero cuyos términos no se hacen públicos ni allí, ni en España se considera, cuando se rompe, un acto unilateral que crea inseguridad jurídica para las empresas españolas. Vivan el periodismo y la política independientes. ¿Qué futuro tenemos!
El premio Nobel de Economía en 1991, Ronald Coase, siempre insistía en la necesidad de estudiar los contratos entre empresas para entender la economía y sus resultados. En otras palabras, «los procesos de contratación deben ser estudiados en el contexto real. Nos enteraremos entonces de los problemas que aparecen y cómo son resueltos, y tomaremos conciencia seguramente de la riqueza de las alternativas institucionales entre las que debemos optar» (‘La estructura institucional de la producción’, 1994). Sería estupendo seguir este consejo, y que Bolivia y Repsol hiciesen públicos los contratos firmados con los gobiernos anteriores. Estoy seguro de que todos aprenderíamos mucha economía de verdad. Es más, así podríamos ver, entre otros aspectos, en qué medida se han cumplido los contratos y quiénes se han beneficiado realmente. Porque parece, según este coro de indignados, que es ahora cuando el pueblo boliviano se va a enterar de lo mal que le va a ir con la nacionalización.
Uno de los datos que sería interesante, e importante, conocer es, por ejemplo, cuánto petróleo y gas ha extraído Repsol desde que firmó los contratos y cuánto tenía derecho a extraer. Lo digo por lo de la inseguridad jurídica, y porque esto, aplicado a las concesiones de agua en España -no se sabe o no se quiere dar a conocer cuál es la situación de las concesiones públicas, cuánta agua se extrae, quién la extrae, quién se beneficia, a costa de quién, etcécera- es algo que ocurre habitualmente y no hay políticos ni periodistas que se indignen.
También lo digo porque hace unos días, concretamente el 3 de mayo, el periodista boliviano Winston Estremadoiro escribía en el diario ‘Los Tiempos’, de Cochabamba (03-05-06), un artículo muy jugoso titulado ‘La amnesia colectiva sobre YPFB’ (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos). Aclaro que este periodista está en contra de la nacionalización de los hidrocarburos porque, según él, la corrupción en YPFB es tal que todo va a empeorar en manos del Gobierno. Es su opinión y es la opinión de los indignados aquí. Puede que sea así, pero desde luego no hay razones técnicas, aunque sí evidencia empírica de que ocurre con frecuencia. Aunque tampoco es inevitable que se repita esta situación. También es cierto que una gestión adecuada no está relacionada con que una empresa sea privada o pública, sino con las reglas de gestión, con su cumplimiento o no y con la existencia, o no, de gerentes razonablemente competentes y honestos. Todo lo demás es demagogia al servicio del que paga.
En cualquier caso, lo que me interesa señalar del artículo de Winston Estremadoiro es que, según él, no hay control, desde hace décadas, de las extracciones de hidrocarburos en Bolivia. Más concretamente, escribe este periodista: «Un petrolero con quien he compartido tragos y penas en Santa Cruz (de la Sierra) insiste en que la vocación primaria del nuevo YPFB es asegurar que las petroleras paguen lo justo por impuestos y regalías, sin escamotear un dólar. Esto sólo es posible si se sabe lo que están produciendo; la exactitud en medidores de flujo es esencial. En los campos de producción, tales artilugios han sido calibrados una vez en la última década, cuando deberían hacerlo cada tres meses, o, cuando menos, cada semestre».
También son jugosos sus comentarios sobre por qué los trabajadores de YPFB no protestaron por la privatización de los hidrocarburos y cómo se ‘compró’ el silencio de directivos y trabajadores del petróleo. Textualmente: «Tan satanizada la capitalización, pregúntense por qué los trabajadores de YPFB la aceptaron. Pues porque se urdió hacerles cómplices con sobornos de disfraz: a obreros les tocaron unos 25.000 dólares, a técnicos más de 50.000, en acciones de la capitalizada. Luego los ‘sucios’ vendieron sus valores a un banco, donde movía los hilos un ejecutivo piola. Quizá por eso, pululan como chulupis los sindicateros, buscando repetir la comilona con la nacionalización de hidrocarburos». ¿Esto sí que es seguridad jurídica!
En fin, que si se hacen públicos los contratos y las cantidades extraídas y vendidas, en el caso de que haya estadísticas fiables, algo que resulta imposible cuando parece que no se ha medido lo que se extraía (quizás esto ayude a explicar los procesos contra los directivos de Repsol por contrabando de hidrocarburos en Bolivia), es posible que empecemos a entender algo sobre economía del petróleo y del gas. Y, casi con total seguridad, nos quedará claro quién crea inseguridad jurídica. Pero no se pueden dar respuestas sin haberse hecho antes las preguntas relevantes, al menos si se tiene la intención de informar con una veracidad e independencia razonables.
FEDERICO AGUILERA KLINK es CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA APLICADA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA Y COLABORADOR DE BAKEAZ