Más de 300 intelectuales, políticos, sindicalistas y activistas firmaron una petición pública para solicitar al Gobierno de Nicolás Maduro que “evite la judicialización del Partido Comunista de Venezuela”.
Los firmantes de esta iniciativa impulsada por la organización puertorriqueña Democracia Socialista, también exhortaron al Estado venezolano a tomar “las decisiones y previsiones políticas e institucionales que garanticen la autonomía y desarrollo democrático del PCV, como corresponde a una sociedad regida por una Constitución de garantías y derechos ciudadanos”.
La lista la encabeza el reconocido sociólogo y filósofo marxista Michael Löwy, autor de numerosos libros entre los que destacan El pensamiento del Che Guevara y El marxismo en América Latina. También han dado su adhesión a la solicitud los prestigiosos historiadores, John Womack Jr. y Roger Keeran.
El estadounidense Peter Mclaren, internacionalmente reconocido como uno de los fundadores de la pedagogía crítica, hace parte de los firmantes de esta petición en la que se destaca el papel “determinante en la construcción de la democracia venezolana”.
Los economistas argentinos Julio Gambina y Eduardo Lucita también se sumaron a esta iniciativa de solidaridad que además contó con el respaldo de destacados profesores e investigadores de Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos, México y Puerto Rico. Por Venezuela destacan las firmas de los intelectuales Luis Bonilla, Pascualina Curcio, Carlos Lazo y el compositor Diego Silva.
El eurodiputado Miguel Urbán, dirigente de Anticapitalistas de España rubricó la petición a la que también dieron su respaldo el excandidato presidencial francés Olivier Besancenot; la política paraguaya Cira Novara; la exparlamentaria europea Roseline Vachetta; el Secretario General del PSOL. Brasil, Israel Dutra y numerosos diputados y concejales de esta formación política, entre ellos Luana Alves, la concejala más joven de la historia de São Paulo.
Desde el campo de la comunicación suscribieron Martín Mosquera, Editor principal de la revista Jacobin Latinoamérica; Stalin Pérez Borges, Editor en Jefe del sitio web Insisto y Resisto; así como Walter Tillow y Greg Godels, del sitio web Marxism-Leninism Today
Sindicalistas, gremios y activistas del movimiento obrero de distintas partes del mundo también han dado su firma; entre ellos, Eduardo González, Secretario general del Colegio de Profesores de Chile; Xavier Diez, del Sindicato docente de Cataluña; Alfredo Velásquez, secretario de formación del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú; Roland Sidler y Rita Schiavi, del sindicato más grande de Suiza, UNIA.
Mujeres por la Igualdad Racial y Económica (WEE, por sus siglas en inglés), una de las organizaciones de mujeres más importantes de Estados Unidos desde hace medio siglo, ha apoyado la solicitud de respeto a los derechos políticos del PCV.
En la lista de activistas se encuentran el Gerhard Mertschenk, de la Sociedad para la Paz y la Solidaridad Internacional (GeFiS, por sus siglas en alemán); la venezolana Virginia King; el puertorriqueño Manuel Rodríguez Banchs, el conocido abogado estadounidense Mark Burton y figuras como Ed Grystar y Kay Tillow, impulsores de los movimientos de justicia laboral y de salud en Estados Unidos.
A continuación , reproducimos la petición
No a la judicialización del Partido Comunista de Venezuela
El Partido Comunista de Venezuela es una organización política con casi un siglo de tradición al lado de la clase trabajadora de Venezuela. Como toda experiencia partidaria, a través de su historia ha tenido aciertos y cometido errores, pero siempre ha tenido como norte la justicia social, siendo factor determinante en la construcción de la democracia venezolana. El Partido Comunista de Venezuela es una reserva ética en la política venezolana.
El PCV acaba de culminar su Congreso, aprobando la táctica de distanciamiento con el gobierno del presidente Nicolás Maduro y ha renovado sus cuadros directivos.
Por ello, nos preocupan los comentarios que han hecho algunos altos funcionarios y dirigentes del partido de gobierno en Venezuela, quienes violando la autonomía de ese partido han deslizado la peregrina idea de abrir cauces a una eventual judicialización de esta organización política, lo cual sería un duro golpe al régimen de libertades democráticas. A esto se suma la difusión mediática de reuniones de supuestos militantes del PCV atacando a la dirección política de esa organización e introduciendo medidas ante el Tribunal Supremo de Justicia.
Hacemos un llamado al gobierno venezolano, los poderes públicos y al presidente Nicolás Maduro, para que evite la judicialización del PCV, tomando las decisiones y previsiones políticas e institucionales que garanticen la autonomía y desarrollo democrático del PCV, como corresponde a una sociedad regida por una Constitución de garantías y derechos ciudadanos.