Intereses privados y universidad pública: implicaciones de una relación cada vez más estrecha

La mercantilización de las universidades es una realidad con muchas caras. Una de ellas es la privatización de la financiación universitaria. Hoy en día, como resultado de la contracción del gasto público en educación superior, las empresas privadas han pasado a financiar activamente la universidad y, específicamente, determinadas actividades de investigación en las universidades. La misma Comisión Europea incentiva a los países miembros a fomentar la participación del sector privado en I+D. En concreto, recomienda que dos tercios de los gastos del I+D de los países se cubra a partir de las aportaciones de las empresas[1]. Los gobiernos, con tal de incentivar la inversión empresarial en la investigación universitaria, promueven la introducción de cambios legislativos sobre las patentes para favorecer la compra-venda de los hallazgos, toleran (o promueven activamente) la subcontratación de la investigación universitaria por parte de empresas privadas, crean parques tecnológicos/industriales en las universidades (que beneficiarán al sector privado) y otros partenariados público-privado para la creación del conocimiento, etc. entre muchas otras medidas.

En el contexto anglosajón, la financiación empresarial ha alcanzado niveles tan elevados que, incluso, departamentos enteros se financian por una única empresa. Este es el caso de la alianza entre la BP y la UC Berkeley para la creación del Energy Biosciences Institute. La función principal de este nuevo instituto es llevar a cabo una investigación sobre biocombustibles creados a partir de cereales modificados genéticamente. La petrolera aporta 500 millones de dólares para financiar el instituto durante diez años. A cambio, tiene derecho a explotar comercialmente todos los resultados que se obtengan[2].

La acentuación de la relación entre investigadores universitarios y empresas permite que entren más recursos en las universidades, pero a la vez altera las funciones tradicionales de las universidades públicas y tiene efectos socialmente perversos. En primer lugar, implica que los conocimientos y los descubrimientos efectuados en el sector público puedan pasar a ser controlados por capital privado. Esta apropiación se puede producir de formas diferentes. Una manera habitual es que la empresa que subcontrata una investigación a la universidad tenga la primicia a la hora de explotar la patente resultante de la investigación. Las empresas, en ocasiones, sin haber financiado el proceso de investigación, se limitan a la «caza de patentes» resultantes de la investigación universitaria. Así, la inversión pública en investigación no la rentabiliza toda la sociedad, sino que quienes sacan más provecho son las empresas privadas. En otras ocasiones, son los mismos investigadores universitarios los que se afanan a vender proactivamente la patente de sus hallazgos a empresas del sector. Sea cual sea el proceso, el resultado es la apropiación privada del conocimiento y, en consecuencia, los descubrimientos de la investigación no se publican. Se vulnera, así, una función primordial de la universidad: su rol como diseminadora de conocimiento.  Un conocimiento que, además, al no hacerse público tampoco generará la creación de nuevo conocimiento.

Una segunda repercusión de la financiación privada de la investigación es que el mundo de los negocios fija las prioridades y la agenda de la investigación universitaria. Hoy en día, muchos investigadores y departamentos universitarios aspiran a obtener recursos en concursos de investigación promovidos desde el sector privado, cuyas bases están estructuradas, principalmente, en base a los intereses de la parte financiadora. Muchos investigadores alteran sus prioridades para adaptarse a aquello que les resulta más financiable. De esta manera, se vulnera un principio fundamental de las universidades como es la autonomía universitaria, ya que los temas a investigar se escogen en función de criterios de rentabilidad y no de criterios académicos.

En tercer lugar, los resultados de la investigación pueden alterarse para favorecer (o no perjudicar) los intereses del ente financiero. Esto, de nuevo, afecta a la libertad de cátedra y a la autenticidad del conocimiento que se disemina. Frente a este riesgo, la revista académica New England Journal of Medicine ofreció disculpas públicas en el número de febrero de 2002. Concretamente, la disculpa se desencadenó porque el comité editorial de la revista se dio cuenta de que la mitad de los artículos publicados desde 1997 en los que se valoraban medicamentos habían sido escritos por investigadores con vínculos económicos con las farmacéuticas que producían los productos evaluados. De esta manera, la credibilidad y el rigor de la entrevista se ponían en entredicho[3].

Además, cuando los resultados obtenidos por los investigadores contradicen los intereses de la empresa financiadora y, por este motivo, no se publican, nos encontramos con el agravamiento de que se está introduciendo la censura – o la autocensura – en las universidades. En ocasiones, los académicos con espíritu crítico que optan por hacer públicos los resultados, aunque contradigan los intereses de los grupos empresariales que financian la investigación, se exponen a perder el puesto de trabajo. Eso es lo que le sucedió a la Dra. Nancy Olivieri de la Universidad de Toronto. Olivieri es una experta en una extraña enfermedad de la sangre, la talasemia, y tuvo que enfrentarse a la farmacéutica Apotex al divulgar que un fármaco de la compañía podía provocar efectos secundarios letales. La empresa la acosó con una descomunal campaña de desprestigio y su universidad, con vínculos financieros con Apotex, la intentó destituir. Finalmente, no lo consiguieron gracias a una campaña de presión del movimiento estudiantil y de sus compañeros y compañeras de la universidad[4].

Finalmente, una última repercusión es la pérdida de calidad y excelencia académica en el ámbito de la investigación. Tengamos en cuenta que las empresas acostumbran a financiar investigación aplicada, en cambio no muestran tanto interés por la investigación básica. Los resultados de la investigación aplicada se pueden explotar en plazos más cortos y sus objetivos son, como explicita el nombre, la aplicabilidad de los resultados. En cambio, la investigación básica tiene por objetivo profundizar en discusiones teóricas y no puede ser instrumentalizada de manera tan inmediata. Ahora bien, la investigación básica es fundamental para el avance del conocimiento y para la futura creación de nueva y mejor investigación aplicada.

A modo de conclusión, querría apuntar que el vínculo universidad-sociedad es uno de los pilares de la universidad moderna con el que se busca favorecer la extensión del conocimiento universitario a todos los rincones de la sociedad. Sin embargo, a raíz del incremento del gasto privado en las universidades se corre el riesgo de que el vínculo universidad-sociedad se restrinja al vínculo de la universidad con la empresa privada. En consecuencia, se estaría subordinando la actividad y las funciones de la academia a los objetivos lucrativos del mundo de los negocios.