Brasil es uno de los llamados países emergentes que forma, junto con Rusia, India y China, el denominado informalmente grupo de los BRIC [1]. Desde mediados de la década de los noventa, es también un país con creciente presencia del capital foráneo, donde la Inversión Extranjera Directa (IED) -junto con, fundamentalmente, el capital financiero internacional- […]
Brasil es uno de los llamados países emergentes que forma, junto con Rusia, India y China, el denominado informalmente grupo de los BRIC [1]. Desde mediados de la década de los noventa, es también un país con creciente presencia del capital foráneo, donde la Inversión Extranjera Directa (IED) -junto con, fundamentalmente, el capital financiero internacional- ha tenido una influencia destacable en la conformación de su nuevo modelo de desarrollo.
Hasta entonces Brasil se caracterizaba por un proyecto desarrollista en el que el protagonismo del Estado era notable, con una producción orientada al mercado interno y donde las presencia de empresas transnacionales extranjeras era mucho menos significativa que en la actualidad. Pero este modelo de crecimiento se vio interrumpido por una grave situación de insolvencia, dando lugar en los años ochenta a lo que en toda América Latina se conoce como «la década perdida», caracterizada ésta por la crisis de la deuda externa. Para hacer frente al problema de la deuda externa, los bancos occidentales y el Fondo Monetario Internacional (FMI) establecen que los países endeudados como Brasil sólo lograrán devolver sus deudas si crecen y, para ello, necesitan contar con ahorro externo. Por tanto, para la consecución de este fin, se aplican un conjunto de medidas y políticas de ajuste que en Brasil se concretan en el programa de estabilización monetaria conocido como Plan Real, cuyo objetivo es controlar la galopante inflación. Al mismo tiempo también se lleva a cabo uno de los procesos de privatización más grandes y rápidos del mundo y se liberaliza el mercado financiero. Estas políticas de ajuste estructural son responsables del aumento de IED que se produce en el país.
El predominio de las entradas de inversión en cartera con respecto a las de inversión directa se prolonga hasta que el Estado brasileño, comienza a privatizar las empresas públicas más rentables, para hacer frente a su notable deuda pública. Así pues, cabe considerar a las políticas de privatización como uno de los elementos cruciales para la llegada de IED a Brasil. Destacan principalmente las privatizaciones en el sector bancario, así como las de empresas que hasta entonces eran monopolios estatales, asentadas en actividades económicas consideradas de servicio público como el sector de la energía y de las telecomunicaciones. Las cifras son elocuentes. en 1997 y 1998 las privatizaciones alcanzan un valor de 27.700 y 37.700 millones de dólares respectivamente, frente a los 1.600 de 1995 [2]. La participación de empresas transnacionales españolas, como el Banco Santander, Telefónica, Gas Natural, o Iberdrola, en este atractivo proceso privatizador, ha sido especialmente significativo.
La presencia de transnacionales españolas
Hay varios factores que están detrás de la llegada de empresas españolas a Brasil. Entre ellos, está el cambio decisivo en las estrategias de internacionalización de estas empresas ante la creciente competencia derivada de la adhesión de España a la UE en 1986. Pero sin duda, el «desembarco» de transnacionales españolas se produjo principalmente debido a las posibilidades que le brindaba el proceso privatizador brasileño. Tanto es así, que durante los años en que se produce dicho proceso (1995-2000) España se convierte en el primer país inversor directo en Brasil de entre todos los países de la UE, y en el segundo del mundo, sólo por detrás de EEUU.
En términos generales, una característica crucial de la IED española es que no supone ninguna ampliación de la capacidad productiva instalada en el país, pues las transnacionales españolas se dedican a comprar empresas ya existentes. De este modo, muchos de los supuestos beneficios que se le atribuyen a la entrada de IED no se producen, pues las operaciones en su mayoría consisten en fusiones y adquisiciones, lo cual no implica más que un mero cambio de propiedad.
Los efectos de la IED en el modelo de desarrollo
Lo que acontece en el mercado laboral y en las condiciones de vida de los trabajadores desde la puesta en marcha del Plan Real el deterioro laboral se convierte desde entonces en una realidad generalizada. Se transforma profundamente el proceso de negociación laboral, se prohíbe cualquier tipo de indexación salarial, con el fin de combatir la inflación; en lo que respecta al desempleo, debido en parte a los ajustes de plantilla que se realizan en muchas de las empresas privatizadas, éste alcanza niveles sin precedentes en su historia. Asimismo, el salario directo sufre, desde 1997 hasta la actualidad, un descenso continuado, perjudicando de esta forma la capacidad adquisitiva de los trabajadores. También existen reducciones sustanciales del salario indirecto, debido al recorte de servicios públicos fruto de las privatizaciones protagonizadas por las empresas transnacionales, así como al desmantelamiento de las pensiones públicas, las cuales son sustituidas por fórmulas privadas, aliciente en muchos casos para la llegada de bancos extranjeros.
Las corrientes de IED no consiguen tampoco sanear las cuentas públicas brasileñas. Tal es así, que la deuda pública se dispara, pasando del 31,8 por ciento en 1994 al 51,3 por ciento en 2002, y manteniéndose hasta 2007 en valores entre el 44 y el 49 por ciento (Banco Central do Brasil). Estos altos niveles de deuda exigen la necesidad de captar ingentes sumas de capital extranjero. Esta subordinación al capital procedente del exterior limita la capacidad del país para dirigir su economía afectando de lleno a la soberanía del país. Esta pérdida de soberanía se ve agudizada, aún si cabe, por la naturaleza de los sectores privatizados. Los capitales privados extranjeros han pasado a gestionar actividades estratégicas que anteriormente estaban consideradas de interés nacional, limitándose por tanto la capacidad de control sobre los recursos propios.
En cuanto a los impactos ambientales que tienen la presencia de muchas de estas transnacionales, el caso del Banco Santander en el Río Madera resulta paradigmático, como ejemplo de financiamiento social y ambientalmente irresponsable. El banco español participó en la financiación de la construcción de una hidrovía y cuatro represas hidroeléctricas en la Amazonía. La edificación de estas megainfraestructuras tuvo numerosas repercusiones negativas, tales como la inundación de una de las zonas de mayor diversidad de Latinoamérica, la destrucción de territorios indígenas y campesinos, el consecuente desplazamiento de miles de personas, etc [3].
En lo que a la calidad de los servicios se refiere, el comportamiento ha sido también bastante modesto. En el sector bancario, la mayor presencia de bancos extranjeras no ha incrementado la competencia sino que el sector continúa adoleciendo de una importante concentración. Además, el volumen de crédito otorgado por estos bancos no ha crecido lo que cabía esperar. En el sector eléctrico, las privatizaciones, que aparecieron como la solución a la falta de inversiones estatales, apenas han modificado la situación, hasta tal punto, que en el año 2001 Brasil sufrió la mayor crisis de desabastecimiento que se conocía en el país en los últimos cincuenta años. Brasil es un país altamente desigual, pero no sólo en lo que concierne a la concentración de la renta, sino que existen a su vez enormes disparidades territoriales. En este sentido, las empresas transnacionales no han hecho más que acentuar estas desigualdades regionales. Estas transnacionales se han asentado en los núcleos urbanos y en las regiones más prósperas. Telefónica, por ejemplo, tiene su «cuartel general» en Sao Paulo, mientras que la región donde la presencia de empresas transnacionales del sector eléctrico es más importante es la región sureste, la de mayor desarrollo económico y social.
En resumen, la IED en términos generales, y la española en particular, lejos de haber resultado un instrumento para el establecimiento de un modelo de desarrollo que contribuyese a mejorar las condiciones de vida de los brasileños y brasileñas, no ha tenido los resultados esperados y el éxito, que se presuponía a priori, ha sido, cuando menos, discutible.
Manuel Sastre Martínez es investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad y del Máster de Economía Internacional y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid.
Este artículo ha sido publicado en el nº 49 de Pueblos – Revista de Información y Debate, especial diciembre 2011.
Fuente: http://www.revistapueblos.org/spip.php?article2316
Notas
[1] El grupo de los BRIC (Brasil, Rusia, India, China) es un término acuñado por Jim O´Neill, economista de Goldman Sachs, en 2001 para hacer referencia a la creciente influencia de estas cuatro grandes economías emergentes, que representan un 40 por ciento de la población mundial y cerca de un 20 por ciento de la producción económica global.
[2] B. Medialdea García, Subdesarrollo, capital extranjero y financiarización: La trampa financiera de la economía brasileña, Tesis Doctoral, Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, UCM, 2010.
[3] Gustavo Duch et al., «BSCH en la Amazonia: financiamiento social y ambientalmente irresponsable», Barcelona, Boletín del Observatorio de la Deuda en la Globalización, septiembre de 2008.