El Instituto Sou da Paz, en cooperación con el Ministerio Público del Estado de San Pablo (MP-SP), inició una investigación inédita en Brasil para descubrir el origen de las armas usadas en robos y homicidios en la capital paulista. El resultado parcial de la investigación revela casos graves de descontrol de armas, la necesidad de […]
El Instituto Sou da Paz, en cooperación con el Ministerio Público del Estado de San Pablo (MP-SP), inició una investigación inédita en Brasil para descubrir el origen de las armas usadas en robos y homicidios en la capital paulista. El resultado parcial de la investigación revela casos graves de descontrol de armas, la necesidad de un mayor rigor en el control de esa circulación y la adopción de nuevas tecnologías de marcación de armas. Se prevé la conclusión del trabajo para este año.
La investigación señala números alarmantes. Hasta el momento, se analizaron 4.289 armas confiscadas en delitos en la ciudad de San Pablo, en los años 2011 y 2012. De éstas, el 40% no puede ser rastreado porque tienen alterada la numeración. En las armas de los casos de robo, en el 54% es imposible descubrir la fuente del desvío. Sólo el 38% de las armas rastreadas tenían registro, o sea, fueron vendidas legalmente y después desviadas hacia manos de delincuentes. Y, al contrario de lo que acusan los responsables de la seguridad, solamente el 2% de las armas aprehendidas en robos y homicidios tiene origen internacional.
Para el procurador general de Justicia del Estado de San Pablo, Marcio Fernando Elias Rosa, «las armas con numeración suprimida representan un gran problema para la seguridad pública. Todo delito tiene un autor, toda arma tiene un dueño. La falta de ese número perjudica el esclarecimiento de delitos, la identificación de los traficantes de armas y genera impunidad».
En entrevista con Adital, el coordinador de Área del Instituto Sou da Paz, Bruno Langeani , comenta que el 70% de las muertes en Brasil son ocasionadas por armas de fuego. El control de las armas debe, por lo tanto, ser entendido como un sistema. El primer paso sería retirar el arma de circulación. Sin embargo, muchos piensan que el problema se termina cuando el arma es confiscada. «Semanalmente, vemos robos de armas confiscadas por la policía. Ese desvío hace que las armas vuelvan a abastecer el delito. El control de armas no es una opción, es una obligación. Brasil tiene una de las mayores tasas del mundo de muertes por arma de fuego. Cuantas más armas en circulación, más violencia en el país».
De acuerdo con el Mapa de la Violencia de 2013, del Instituto Brasilero de Estudios Latinoamericanos (Cebela), entre 1980 y 2010, murieron en Brasil cerca de 800 mil ciudadanos por disparos de algún tipo de arma de fuego. De éstos, 450.255 mil eran jóvenes de entre 15 y 29 años de edad, lo que representa el 67,1% del total de muertes por armas de fuego en ese período. Dos de cada tres víctimas fatales de las armas eran jóvenes. Según el Mapa, se estima que el arsenal de armas de fuego en manos de la población sea aproximadamente 15,2 millones, 6,8 millones de ellas registradas y 8,5 millones no registradas.
La facilidad de acceso a las armas de fuego en Brasil, la cultura de la violencia empleada y los elevados niveles de impunidad son factores que alimentan la violencia. Para Langeani, es importante descubrir el camino de las armas que abastecen el delito. Todavía hay poca información sobre el mercado legal y, muchas veces, el foco está en las ametralladoras, en las armas de mayor poder de fuego; sin embargo, la alarmante mayoría de las armas confiscadas son armas de porte corto. La imposibilidad de rastreo es un desafío para la seguridad del país y las políticas de combate al delito. «Cuando se raspa la marcación del arma, se está protegiendo a quien la compró», declara.
Según Langeani, junto con la divulgación parcial de la investigación, el MP-SP y el Instituto Sou da Paz lanzaron también la campaña «ADN de las Armas». El objetivo es promover el debate en la sociedad civil sobre la necesidad de implantación de una tecnología inteligente de marcación individual de las armas de fuego en el país. Es necesario implantar en Brasil mecanismos que impidan o dificulten la supresión de la numeración, garantizando así el rastreo. Además, la Campaña apunta a presionar al gobierno, en especial al Ejército, para que se destruyan las armas confiscadas y se obligue a las industrias a desarrollar una política de mayor control.
El ADN de las armas ya es una realidad en países como Suiza y Alemania. Existen varias tecnologías, como la marcación a través de un chip, la identificación en la parte interna del arma o a través de la nanotecnología, que marca el arma de forma invisible.
Otro desafío en el control de la circulación es la lentitud en el destino de las armas confiscadas por las policías. De acuerdo con el Consejo Nacional de Justicia (CNJ), en 2011, había más de 750 mil armas (incluyendo armas blancas) almacenadas en los foros del país. El proceso es lento. Cuando son confiscadas, generalmente por parte de la Policía Militar, las armas son dirigidas a las comisarías de la Policía Civil y enseguida remitidas para pericias en los institutos de criminalística. Cuando retornan a la comisaría, las armas son enviadas a los Foros de Justicia, para que permanezcan vinculadas al proceso criminal correspondiente. El Poder Judicial es, por lo tanto, la última etapa del flujo, pues una vez que el juez lo autoriza el arma va a su destrucción, que es realizada por el Ejército.
Langeani subraya que hay medidas que pueden tomarse sin que para eso sea preciso alterar la legislación. La resolución N°134, del CNJ, del 21 de junio de 2011, prevé la destrucción del arma confiscada incluso al comienzo del proceso judicial. Cuando el arma ya fue objeto de pericias, los jueces pueden destinar ese material para su destrucción por parte del Ejército. «No hay razón para guardar el arma. Esa medida ya reduciría bastante el desvío», concluye.
El próximo paso de la investigación es el rastreo de las armas que van al Ejército. De esta manera, será posible desarrollar un diagnóstico más completo. De acuerdo con Langeani, la nueva etapa podrá identificar, por ejemplo, si las armas exportadas volvieron de contrabando al país, además de permitir el dibujo del mapa de circulación dentro del Estado de San Pablo. Nuevos resultados están previstos para el comienzo del segundo semestre.
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Fuente: http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=ES&cod=84367