En un artículo publicado en Público el domingo 27 de febrero, Robert Reich llamaba la atención acerca de la negativa evolución sufrida por la legislación fiscal en Estados Unidos y de -lo que aún considera más grave- la capitulación ideológica de las voces progresistas en esta materia. Algunas de ellas habían calificado de locura y […]
En un artículo publicado en Público el domingo 27 de febrero, Robert Reich llamaba la atención acerca de la negativa evolución sufrida por la legislación fiscal en Estados Unidos y de -lo que aún considera más grave- la capitulación ideológica de las voces progresistas en esta materia. Algunas de ellas habían calificado de locura y desconexión con la realidad su propuesta de que el tipo marginal máximo del impuesto sobre la renta se situara en el 70%.
Reich alegaba, con razón, que dicho tipo fue el que rigió de media en el periodo de 1940 a 1980.
La realidad de nuestro país es similar. En los momentos presentes sería tachado de demente aquel que propusiera gravar las rentas altas con un marginal del 65% (hoy el máximo está en el 45%) y quien defendiese la conveniencia de estructurar la tarifa del IRPF en 36 tramos (en la actualidad existen cinco); sin embargo, estos parámetros son los que estaban vigentes en 1984. Estas modificaciones constituyen un buen exponente de la involución fiscal que se ha producido a lo largo de estos 25 años, y a las que se pueden añadir, sin duda, aspectos tales como el hecho de gravar las rentas de capital a un tipo muy inferior a las del trabajo, haber eliminado el impuesto de patrimonio, disminuido el de sociedades y reducido a su mínima expresión el de sucesiones.
Esta política no sólo la defienden las fuerzas conservadoras, sino también las teóricamente progresistas. Los gobiernos de Zapatero se han instalado en materia fiscal en el discurso de la resignación, renunciando a implementar cualquier medida progresista, e incluso adoptando otras claramente regresivas. La excusa empleada agrava la situación. Afirman que los ricos tienen multitud de mecanismos para evadir. Pero, si es así, lo es tan sólo porque el Gobierno lo permite. Es cierto que la libre circulación de capitales y los paraísos fiscales dificultan la lucha contra el fraude fiscal, pero existe aún mucho margen para gravar a los contribuyentes de ingresos elevados y evitar sus intentos de elusión. Ahora bien, difícilmente lo vamos a conseguir si creamos figuras como «las entidades de tenencia de valores extranjeros» que convierten a España en un paraíso fiscal frente a otros países.
Fuente: http://blogs.publico.es/