Desde la invasión norteamericana a Iraq, en marzo del 2003, esa nación árabe ha sufrido la más violenta destrucción de sus riquezas, las acciones contra los ocupantes no han podido ser detenidas y la economía palideció hasta el infinito, aupada por los vientos de corrupción llegados desde Estados Unidos. Un reciente informe, publicado el mismo […]
Desde la invasión norteamericana a Iraq, en marzo del 2003, esa nación árabe ha sufrido la más violenta destrucción de sus riquezas, las acciones contra los ocupantes no han podido ser detenidas y la economía palideció hasta el infinito, aupada por los vientos de corrupción llegados desde Estados Unidos.
Un reciente informe, publicado el mismo día que los iraquíes eran custodiados por las tropas estadounidenses para que concurrieran a las urnas, determina que la antigua administración norteamericana en Iraq, conocida por la Autoridad Provisional de la Coalición (CPA) permitió una corrupción generalizada en esa nación al «esfumarse» cerca de 9 000 millones de dólares entregados a ministerios iraquíes.
El personal de esas instituciones estaba dirigido, controlado y contratado por la CPA, encabezada por el todopoderoso gobernador estadounidense Paúl Bremer.
La auditoria, llevada a cabo por Stuart Bowen, Inspector General de la Reconstrucción de Iraq, por encargo del Congreso de Estados Unidos, señala que el órgano presidido por Bremer no ejerció control sobre los miles de millones de dólares entregados a ministerios iraquíes en que trabajaban cientos de expertos estadounidenses.
El informe asegura que en la nómina de esos ministerios aparecieron numerosos «empleados fantasmas» lo que es igual a la proliferación de una corrupción generalizada en el país donde los más astutos se convirtieron en personas ricas de la noche a la mañana. Está estipulado que el Inspector General para controlar a la CPA eleve los informes al Departamento de Estado y al secretario de Defensa de Estados Unidos, y cada tres meses al Congreso de Estados Unidos.
Como era de esperar, Bremer y el Departamento de Defensa bajo la dirección de Donald Rumsfeld, rechazaron las conclusiones de Bowen, bajo el alegato de que no se podía tener gran control en situación de inseguridad y guerra en esa nación árabe. Los datos y las cifras son más que elocuentes: en un ministerio, los pagos salariales registraban a 8 206 guardias de seguridad y solo se pudo identificar a 602. En total se pagaban sueldos a 74 000 vigilantes, la inmensa mayoría inexistentes. Hace pocos meses, la administración del presidente George Bush acusó a las Naciones Unidas de cometer irregularidades con el programa Petróleo por Alimento que se le había impuesto a Iraq por el Consejo de Seguridad a instancias y presiones de Estados Unidos.
Ahora resulta que el informe de Bowen indica que el dinero desaparecido procedía de ese Programa, de las ventas de petróleo iraquí y de activos confiscados. Las denuncias sobre malversaciones, robos, corrupción y entrega de millonarios convenios en Iraq a empresas norteamericanas han sido una constante desde la ocupación.
La organización británica Christian Aid que presta servicios humanitarios en Bagdad afirmó, hace ocho meses, que al menos 21.000 millones de dólares en ganancias petroleras y otros fondos iraquíes que debían destinarse a la reconstrucción del país desaparecieron de cuentas bancarias administradas por la CPA. Estados Unidos se atribuyó el derecho de entregar desde los primeros momentos contratos a empresas norteamericanas como la Halliburton, Kellog, Bechtel, por citar algunas.
La Halliburton, dirigida de 1995 al 2000 por el actual vicepresidente de EE.UU., Richard Cheney cuando se postuló para acompañar al mandatario George Bush, ha sido la principal beneficiada con convenios por más de 20 000 millones de dólares. También ha sido la más envuelta en escándalos financieros.
La Kellog Brown&Root(KBR), subsidiaria de la Halliburton, le vendió al mando militar comida para las tropas a precios exagerados y combustible importado desde Kuwait a 2,27 dólares el galón, casi dos veces más de lo que le hubiera costado adquirirlo en Turquía. El Pentágono que al principio denunció las estafas, ahora decidió pagarle todo el dinero a esa empresa, que suma cerca de 3 800 millones de dólares.
Antes de abandonar el puesto, el jefe de la CPA, Paúl Bremer firmó alrededor de 120 nuevos contratos y decretos que otorgan amplias prerrogativas a las transnacionales estadounidenses para que mantengan el control del petróleo, de la economía y de la soberanía iraquí.
Mientras esto sucede, el pueblo iraquí se enfrenta a una grave situación social y económica producto de la guerra, la inestabilidad y de las leyes de libre comercio impuestas por el invasor. Antes sus habitantes adquirían muchos alimentos, y servicios como la salud y la educación, subvencionadas por el gobierno.
Productos como frijoles, tomates, maíz, papas cuestan ahora 20 veces más y el precio de la gasolina se elevó de 12 dinares a 250 el galón.
Con la llegada de los invasores, la disolución del Ejército iraquí y el establecimiento de la administración estadounidense, millones de personas perdieron sus fuentes de trabajo y se estima que cerca del 50 % están desempleada.
El ministro de Petróleo, Abbas Ghadban, reconoció que pese a la presencia norteamericana en el país, se producían diariamente uno o dos ataques contra los oleoductos e instalaciones de combustible que han provocado la pérdida de más de 8 000 millones de dólares desde marzo del 2003.
A casi dos años de la invasión estadounidense se puede afirmar que el desastre económico, la incertidumbre y las penurias aplastan cada día más al pueblo iraquí, a la par que empresas y funcionarios norteamericanos se enriquecen con los abundantes recursos de esa nación.