El relator especial de la ONU sobre independencia de jueces y abogados, Leandro Despouy, fustigó a Iraq por continuar con las ejecuciones de condenados a muerte sin atender los pedidos del foro mundial a suspenderlas. La pena de muerte en Iraq también les niega a las víctimas de delitos y a sus familiares el derecho […]
La pena de muerte en Iraq también les niega a las víctimas de delitos y a sus familiares el derecho a la verdad, según un informe que Despouy presentará en la sesión de la Asamblea General de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) que comenzará el día 18.
El estudio menciona como ejemplo en ese sentido la reciente ejecución de un preso que, al parecer, poseía evidencia clave para aclarar el ataque con explosivos perpetrado en 2003 contra el complejo de la ONU en Bagdad en que murieron 22 personas.
Despouy dice estar «extremadamente preocupado por las circunstancias que rodearon la ejecución de Awraz Abdel Aziz Mahmoud Sa’eed», quien había confesado su participación en el atentado de 2003.
El gobierno iraquí siguió adelante con la ejecución a pesar de que la ONU le había reclamado cancelarla con el fin de obtener información sobre el ataque.
«La ejecución también violó el derecho a la verdad de las víctimas del ataque contra las oficinas de la ONU en Bagdad, y frustró intentos de obtener evidencia significativa vinculada al trágico ataque que costó la vida de 22 personas, entre ellas Sergio Vieira de Mello», entonces subsecretario general del foro mundial, indicó Despouy en su estudio.
Vieira de Mello, quien estaba al frente de la oficina de Bagdad al momento del atentado, también fue alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de representante especial del secretario general en Iraq.
En su informe, Despouy expresa «seria preocupación de que los individuos sentenciados a la pena de muerte todavía sean ejecutados en Iraq, a pesar de reiterados pedidos» de su oficina y de otros organismos de la ONU para que se las suspenda.
Además, en el caso de Iraq, «la implementación de la pena de muerte engendró una seria violación del derecho a la verdad de las víctimas de delitos cometidos por el régimen de Saddam Hussein», quien gobernó ese país entre 1979 y 2003 y murió en la horca el 30 de diciembre pasado.
En enero, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, elevó una inusual apelación pública al presidente iraquí Jalal Talabani, para que la perdonara la vida a dos ex miembros del régimen de Saddam Hussein.
Awad Hamad al-Bandar y Barzan Ibrahim al-Hassan eran acusados junto con el ex presidente iraquí de la masacre de ciudadanos chiitas tras la guerra Irán-Iraq.
«Las preocupaciones que expresé hace apenas días respecto de la justicia e imparcialidad del juicio a Saddam Hussein se aplican también a estos dos acusados», dijo Arbour. Todos ellos fueron ejecutados.
Arbour también señaló que el derecho internacional solamente admite la pena de muerte como medida excepcional dentro de rigurosas limitaciones legales.
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional, con sede en Londres, informó en abril que Iraq era el cuarto país por su cantidad de ejecuciones, detrás de China, Irán y Pakistán.
Desde mediados de 2004, al menos 270 personas fueron condenadas a muerte, «a menudo luego de juicios injustos», y más de 100 ahorcadas, entre ellas varios altos funcionarios del régimen de Saddam Hussein.
Bajo la ocupación estadounidense, y tras la caída de Saddam Hussein, la pena de muerte fue suspendida. Pero el gobierno interino de Iraq la reinstauró en agosto de 2004.
El gobierno alegó que este castigo extremo funcionaría como disuasivo, dada la grave inseguridad pública que sufría Iraq por los enfrentamientos políticos y religiosos y por el auge de la delincuencia.
Pero Amnistía advirtió que desde la introducción de la pena capital la violencia escaló en lugar de reducirse. También consideró que este castigo podría haber contribuido con la brutalización de la sociedad iraquí.
Tras una declaración ambigua sobre la pena de muerte en enero, cuando virtualmente justificó el ahorcamiento de Saddam Hussein, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, formuló luego un pronunciamiento oficial sobre este castigo extremo.
«Creo que la vida es preciosa y debe ser protegida y respetada, y que todos los seres humanos tienen el derecho a vivir con dignidad. El derecho internacional afirma estos valores», dijo Ban, quien exigió la paulatina eliminación de la pena de muerte en todo el mundo.
«Reconozco la tendencia creciente en el derecho internacional y en la práctica nacional hacia una gradual erradicación de la pena de muerte, y aliento esa tendencia», agregó.
Mientras los estados integrantes de la ONU toman sus decisiones en ese sentido, «espero que cumplan con todos los aspectos de las leyes internacionales sobre derechos humanos», agregó.
«Como ustedes saben, también he urgido a las autoridades iraquíes a abstenerse de ejecutar las condenas a muerte impuestas por el Alto Tribunal Iraquí», expresó Ban.