El dinero para sostener la guerra y la ocupación norteamericana en Iraq que aporta a la vez un pingüe negocio para funcionarios estadounidenses y compañías transnacionales continua fluyendo en caudales. La administración de George W. Bush solicitó para el período 2007-2008 la enorme suma de 245 000 millones para esos fines y la pregunta es […]
El dinero para sostener la guerra y la ocupación norteamericana en Iraq que aporta a la vez un pingüe negocio para funcionarios estadounidenses y compañías transnacionales continua fluyendo en caudales. La administración de George W. Bush solicitó para el período 2007-2008 la enorme suma de 245 000 millones para esos fines y la pregunta es ¿a quienes benefician esas millonarias cantidades?
Un estudio del analista Jeff Lincoln, basado en datos publicados en diarios de Estados Unidos destapa una parte de los desfalcos y corrupciones cometidas a expensas de la llamada «democracia» washingtoniana.
Los Angeles Times del 19 de abril de 2006, implica en esas arbitrariedades a Kimberly Olson, una de las primeras mujeres piloto y coronel de la Fuerza Aérea. La oficial, que ha recibido numerosas condecoraciones, fue acusada ante un tribunal militar por utilizar su posición como segunda comandante de Jay Garner para adueñarse de tres millones de dólares en contratos de una empresa privada de seguridad con la que estaba asociada.
Garner, un general retirado convertido en contratista del Ejército, fue el primer administrador estadounidense de Iraq tras la invasión.
Según Los Angeles Times, Olson, que entonces era una alta funcionaria de la oficina de interventores del Pentágono, resultó elegida por Garner como su «mano derecha» cuando a principios de 2003 éste estaba preparándose para encabezar la ocupación estadounidense de Iraq. La designación ocurrió casi tres meses antes del inicio de la guerra, cuando el presidente George W. Bush insistía en que todavía no se había tomado ninguna decisión de invadir el país.
A la empresa de Olson se le concedieron contratos para suministrar protección a altos funcionarios de los ejércitos estadounidense y británico, así como a KBR, subsidiaria de Halliburton la antigua empresa del vice-presidente Cheney.
Ahora resulta que ex-funcionarios estadounidenses relacionados con la ocupación de Iraq se han unido en defensa de Olson pues, explica el diario «algunos temen que las acciones contra ella sean una acción judicial excesivamente minuciosa». Entre los que la defienden a capa y espada aparecen Garner, el segundo administrador norteamericano en Iraq, Paul Bremer, así como funcionarios civiles y militares quienes la califican como «una de las personas más honestas que han conocido».
Indica el analista Jeff Lincoln que otro diario, el Boston Globe del 17 de abril de 2006, publicó un artículo que daba algún sentido a la magnitud de la corrupción en el Iraq. Citando a investigadores del Congreso, el periódico puntualizó que «constructores estadounidenses estafaron cientos de millones de dólares de los fondos destinados a Iraq».
El artículo describe cómo inmediatamente después de la invasión funcionarios estadounidenses se apoderaron de los ingresos petrolíferos de Iraq y del dinero que había en las cuentas de los bancos y lo colocaron, un total de 20.700 millones de dólares, en el llamado Fondo de Desarrollo para Iraq (DFI, por sus siglas en ingles). Esa suma fue entonces repartida a los contratistas, especialmente a empresas estadounidenses, sin ningún tipo de control o contabilidad.
El Globe citaba una auditoria del Congreso la cual mostró que en 154 contratos de unos 200, no había ninguna prueba de que se hubieran suministrado los servicios o productos prometidos. «En algunos casos se pagaba a los contratistas dos veces por el mismo trabajo, en otros por uno que no habían hecho»
Como era de esperar, entre los contratos pagados fuera de los fondos iraquíes estaba el de la empresa Halliburton para restaurar la infraestructura petrolífera de Iraq por valor de 2.400 millones de dólares. Los auditores del Pentágono encontraron 263 millones en excesivos o no fundamentados costes de importar gasolina a Iraq, pero el Pentágono declaró en febrero que había accedido en pagar a una subsidiaria de Halliburton todo el dinero cuestionado excepto 10 millones.
Philip Bloom, un afamado de negocios fue declarado culpable en febrero de 2006 por los cargos de conspiración, soborno y blanqueo de dinero y en el juicio reconoció que había entregado a funcionarios estadounidenses más de dos millones de dólares para que le facilitaran contratos de reconstrucción a compañías de su propiedad.
El The Washington Post del 19 de abril de ese año denunció que las empresas de Bloom habían recibido un total de 8.600.000 dólares en contratos de reconstrucción, que fueron estructurados para dar a las compañías un margen de beneficios superior al 25%. El negociante entregó a funcionarios norteamericanos autos de lujo de más de 80 000 dólares, relojes de oro macizos y otras prebendas.
Según controladores estadounidenses en estos momentos se investigan cerca de otros 100 casos que implican acusaciones criminales, pero otros cientos no se podrán inspeccionar porque están implicados altos representantes gubernamentales.
Como las estafas llueven, en marzo de 2006, se conoció que Custer Battles se había convertido en otro contratista hallado culpable de fraude, y se le ordenó a su empresa pagar más de 10 millones de dólares por daños en 37 casos, incluida falsa facturación.
Pero cinco meses después, como era de esperar, el juez del caso retiró la mayor parte de las acusaciones debido a un tecnicismo, y sentenció que como la Autoridad Provisional de la Coalición no formaba parte estrictamente del gobierno de Estados Unidos, no daba lugar la demanda.
El general retirado Hugo Tant III testificó durante el juicio que ese fraude era el peor que he visto en sus 30 años dentro del Ejército. Tant acusó a Mike Battles, otro de los dueños de la empresa, de haberle suministrado 36 carros de combate, 34 de estos rotos.
Mike, flemáticamente respondió, «usted nos pidió carros y cumplimos nuestro contrato; que los carros funcionaran o no, no resulta relevante».
En una palabra, el saqueo económico de la rica nación petrolera esta oficialmente autorizado.