La Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) y entidades de Derechos Humanos ingresarán, la próxima semana, con una denuncia ante el Concejo Nacional de Justicia contra el Poder Judicial paraense. La denuncia tiene relación con el proceso que investiga el asesinato del abogado Gabriel Sales Pimenta, crimen ocurrido en Marabá, en 1982. Según informaciones de […]
La Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) y entidades de Derechos Humanos ingresarán, la próxima semana, con una denuncia ante el Concejo Nacional de Justicia contra el Poder Judicial paraense. La denuncia tiene relación con el proceso que investiga el asesinato del abogado Gabriel Sales Pimenta, crimen ocurrido en Marabá, en 1982.
Según informaciones de la CPT, el último lunes 09, los jueces de apelación de la Cámara Criminal del Tribunal acataron pedido del abogado del hacendado acusado, decretando la prescripción del crimen y, consecuentemente, la finalización de la acción penal. Pusieron en libertad al hacendado acusado, Manoel Cardoso Neto, alias «Nelito». Para la CPT, la decisión de los jueces de apelación contrarió la posición del juez que presidía el proceso, así como la jurisprudencia dominante en el Superior Tribunal de Justicia, y permite que el crimen permanezca impune.
Las entidades consideran que la Justicia paraense fue responsable por la prescripción del crimen y, con eso, posibilitó la impunidad total del caso. Las pruebas están en la propia acción penal. El Poder Judicial recibió la denuncia el 23 de enero de 1983 y sólo pronunció al acusado el 31 de agosto de 2000, o sea, después de 17 años y ocho días. Fue justamente basados en este período largo de tiempo que los jueces de apelación declararon la prescripción del crimen. «Por lo tanto, la justicia paraense fue la única responsable por la demora injustificable del proceso y utilizó como fundamento su propia inoperancia para decretar la prescripción y poner fin al proceso. Es basado en estas pruebas y fundamentos que la denuncia será presentada al Concejo Nacional de Justicia», afirma la CPT.
La Constitución Federal establece que compete al Concejo Nacional de Justicia recibir y conocer los reclamos contra miembros u órganos del Poder Judicial, así como el control del cumplimiento de los deberes funcionales de los jueces, pudiendo aplicar penalidades disciplinarias a los magistrados. Las entidades exigirán castigos para todos los que contribuyeron a que el crimen quedase impune.
La CPT está concluyendo también un relevamiento de todos los procesos que investigan asesinatos en el campo, en trámite en la justicia paraense, y prepara para el mes de junio la presentación de una segunda denuncia, también al Concejo Nacional de Justicia, relativa a todos los casos en que quede comprobada la demora injustificada del Poder Judicial del Estado, con pedido de medidas urgentes y sanciones para los jueces que permitieron la demora.
En relación con el caso Gabriel Pimenta, además de la denuncia al Concejo Nacional de Justicia, las entidades y los familiares de la víctima ingresarán también con una representación, en la corregeduría del Tribunal de Justicia del Estado, contra la jueza Maria Lídia Tocantins y el juez Sergio Augusto Lima. El Ministerio Público presentó las alegaciones finales en el proceso, el 08 de junio de 1992, la jueza Maria Lidia encajonó el proceso hasta el año 1998 y no pronunció al acusado. El mismo comportamiento fue adoptado por el juez Sergio Lima que asumió el proceso en 1998 y sólo presentó la pronunciación el 31 de agosto del 2000. En ese curso, la asistencia de la acusación ingresó con dos peticiones requiriendo que los acusados fuesen pronunciados con urgencia pero nada fue hecho.
Los abogados de la CPT ingresarán también con una acción judicial contra el Estado-Judicial, con pedido de indemnización para los familiares de Gabriel, considerando que la responsabilidad por la prescripción del crimen fue del propio Estado, por lo tanto, tendrá que reparar a la familia por los daños causados.
Traducción: Daniel Barrantes – [email protected]