El Ministerio Público Federal (MPF) en Mato Grosso do Sul obtuvo una decisión del Tribunal Regional Federal (TRF) que suspende despacho preliminar de reintegro de posesión de la tierra y garantiza la permanencia del pueblo Terena en parte de la tierra indígena Cachoeirinha, situada en el municipio de Miranda. Según el Concejo Indigenista Misionero (CIMI), […]
El Ministerio Público Federal (MPF) en Mato Grosso do Sul obtuvo una decisión del Tribunal Regional Federal (TRF) que suspende despacho preliminar de reintegro de posesión de la tierra y garantiza la permanencia del pueblo Terena en parte de la tierra indígena Cachoeirinha, situada en el municipio de Miranda. Según el Concejo Indigenista Misionero (CIMI), la tierra es parte del territorio tradicional del pueblo Terena, conforme lo reconocido por el estudio antropológico realizado por la Fundación Nacional del Indio (Funai), y había sido reocupada el 28 de noviembre de 2005, cuando los indígenas, motivados por la paralización de la marcha del proceso de demarcación y por la escasez de tierras destinadas a las actividades productivas de la comunidad, decidieron ocuparla.
En razón de ello, los hacendados Jorge Ferreira Gonçalves y João Proença de Queiroz fueron a la justicia, presentando cada uno, una acción de reintegro de posesión de la tierra con pedido preliminar y obtuvieron, en 1ª instancia, decisiones determinando el retiro de la comunidad indígena del área reocupada. Estos despachos preliminares fueron suspendidos después de una solicitud del MPF en Mato Grosso do Sul.
De acuerdo con la Asesoría del MPF-MS, el juez federal convocado Higino Cinacchi, del TRF de la 3ª Región sostuvo que, en casos como estos, no cabe un despacho preliminar con «aplicación pura del Código Civil», pues es necesario utilizar el Derecho Constitucional, ya que la tierra en cuestión está relacionada a un proceso administrativo de demarcación. «Lo que se afirma aquí, ante la discusión, es que puede salir efectivamente, que se garantice, con el reintegro, la posesión de la tierra resultante del argumento de propiedad privada. Sin embargo, no en la etapa de despacho preliminar, puesto que la existencia del proceso administrativo en los órganos competentes, todavía no concluido, traslada la cuestión de la esfera de protección del Derecho Civil al área del Derecho Constitucional», sostuvo la decisión.
Los indígenas solicitan de la Funai semillas, máquinas y combustible diesel para intensificar la siembra de alimentos en el área reocupada, donde, según el líder indígena Ramon Terena, viven cerca de 800 personas. «Queremos plantar 200 hectáreas de cultivos para salir de esta situación de no tener cómo producir», afirmó el dirigente indígena. Ellos reclaman también la presencia de vehículos para el transporte de enfermos y de mercaderías.
Traducción: Daniel Barrantes – [email protected]