La Justicia Federal del estado de Paraná aceptó el pedido judicial entregado por tres ONGs que intentaron obligar a la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad a realizar audiencias públicas sobre la liberación de maíz genéticamente modificado.
El órgano oficial afirma que apenas su análisis no será suficiente para determinar si el maíz transgénico puede provocar daños a la salud o al medio ambiente.
Para Paulo Pacimi, coordinador del Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor, una de las ONGs que inició la acción contra la CTNBio, la posición de la comisión es poco comprometida frente a la sociedad.
«Nosotros necesitamos una evaluación imparcial e independiente de los riesgos que implica la liberación de estos productos. La posición de la CTNBio asusta y revela una cierta indiferencia en relación con las instituciones jurídicas que nosotros tenemos en el país», dijo Pacini.
Además, Pacimi considera que «el gobierno está cediendo a las presiones de los grandes conglomerados económicos, como si la liberación comercial de los productos transgénicos fuera la solución para todos los males del país».