Hay mucho escrito sobre la represión policíaca del Estado pero en lo relativo a la represión económica estamos todavía casi en blanco. La represión se alimenta del miedo. Generalmente, del miedo a ser atacadas, torturadas, enjauladas… La represión económica se alimenta concretamente del miedo a la escasez. Y no hay que desdeñar el poder paralizante […]
Hay mucho escrito sobre la represión policíaca del Estado pero en lo relativo a la represión económica estamos todavía casi en blanco.
La represión se alimenta del miedo. Generalmente, del miedo a ser atacadas, torturadas, enjauladas… La represión económica se alimenta concretamente del miedo a la escasez. Y no hay que desdeñar el poder paralizante de este miedo en sociedades capitalistas occidentales como la nuestra, mal criadas durante décadas en la banalización del consumo y la acumulación espectacular de la mercancía. La amenaza de la escasez es mucho más aterradora para quienes hemos atravesado estos espejismos de abundancia o, más bien, hemos sido atravesados por ellos. [1]
No es de extrañar, pues, esta tendencia reciente a la agudización de la represión económica, que el Estado español ha cronificado con la conversión de tipos penales en tipos administrativos de la «ley mordaza». [2] Lo primero que nos dice este cambio de penas por multas es que la represión económica funciona por lo menos igual que otras clases de represión, cuando no mejor. Ningún Estado modifica una táctica represiva sin asegurarse de que cumple con eficacia sus objetivos, que son principalmente dos: disuadir y distraer. Disuadir al mayor número posible de personas de que se asocien y organicen para luchar contra él. Distraer a las Asociaciones Libres de su actividad normal. Las Asociaciones Libres están dilapidando recursos materiales y miles de horas de militancia en la consecución de fondos para el pago de multas, fianzas, etc. Peor aún: no sólo pierden el tiempo en una actividad defensiva que les distrae de su actividad normal sino que el fruto de esta actividad revierte directamente en el reforzamiento del enemigo, el Estado, que recauda por esta vía del pago «voluntario» o por la vía ejecutiva de embargos millones de euros. El beneficio es aún mayor si se restan de la cuenta de pérdidas y ganancias del Estado los gastos de manutención por recluso que éste deja de soportar cada vez que un ingreso en prisión se conmuta por una multa. [3]
En resumen, la represión económica disuade y distrae pero además fortalece al Estado, que extrae de ella un beneficio con el que financia más equipamientos, sueldos e infraestructuras represivas. Sólo por esto, un estudio de la represión económica que hemos postergado durante demasiado tiempo era acuciante. Pero hay más. La resistencia a la represión económica estatal, tan poco explorada, está llena de posibilidades. El violento latrocinio estatal está resquebrajando esa imagen mitológica del Estado como organización depositaria del bien público, ocasionando que cada vez más personas se deslicen de un sentirse legitimadas a eludir el pago de multas a un sentirse legitimadas a eludir el pago de impuestos. Los actos legítimos de desobediencia económica se afianzan además por el descubrimiento de nuevas formas de resistencia. Muchas personas que se quedaron en la ruina, sin nada, y están aplastadas por deudas que nunca podrán pagar han descubierto fortuitamente la «insolvencia», lo más parecido a la invulnerabilidad contra la represión económica. La mayor ventaja de una ruina sobrevenida accidentalmente (es decir, por el expolio depredador de bancos, Estado, etc.) es que la siguiente ruina ya no nos cogerá por sorpresa, incluso se puede programar. La programación de la ruina, que en el argot legal se conoce como «insolvencia punible», es una táctica de elusión de pagos a acreedores que los usurpadores de los medios de producción y las plusvalías llevan practicando siglos. [4] Las Asociaciones Libres están empezando a incorporarlas ahora en su arsenal para sus propios fines de clase revolucionaria. [5]
Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Las Asociaciones Libres están precipitando la insolvencia de sus asociadas mediante la titularización societaria de propiedades particulares, usando personas jurídicas instrumentales como Asociaciones o Cooperativas. Pero lo que comienza como un mero cambio de titularidad de la propiedad se convierte a menudo en un cambio real de régimen de propiedad. Las Asociaciones libres no se conforman con una titularidad colectiva que no es más que el disfraz de una propiedad privada sino que, ya puestas en faena, se atreven a ensayar usos distintos de la propiedad (colectivistas, comunistas, comunalistas, etc.) Estos experimentos con el régimen de propiedad no se inician sólo por un cambio circunstancial de la titularidad. Las Asociaciones traen ya un rodaje previo en el uso compartido de comida, ropa, libros, etc, a través de redes de apoyo mutuo. Y este entrenamiento en la colectivización de objetos de consumo ha generado la confianza necesaria para dar el paso siguiente a la colectivización de medios de producción. Es todo un proceso. Y no sólo operativo, también narrativo. La miseria ha espoleado el debate sobre las causas y los agentes de la miseria. La represión económica del Estado y las crisis inducidas cíclicamente por el capitalismo transnacional han provocado un cambio de perspectiva, una comprensión menos resignada de los mecanismos de dominación. Como en todo proceso revolucionario, es difícil decir cuándo se está haciendo «teoría de la práctica» o «práctica de la teoría». Por ejemplo, se subvierten las relaciones de propiedad casi al tiempo que se explica la necesidad de subvertirlas. Los ejercicios prácticos con la insolvencia programada o con la okupación llevan a un mejor discernimiento teórico de conceptos como «titularidad» y «uso». Cuando hablamos de propiedad privada o propiedad colectiva, ya no nos referimos a la titularidad, ese artificio estatal, [6] sino al uso que las personas y colectivos hacemos de ella. Puede haber propiedades de titularidad privada y uso completamente colectivizado y al revés.
Estos procesos de transformación colectiva, esta práctica revolucionaria entrelazándose con su teoría, rompen los esquemas de una represión económica diseñada para atemorizar a individuos considerados como propietarios privados de bienes de consumo y de medios de producción. En tanto que propietarios privados, el Estado nos puede atacar secuencialmente, de uno en uno, depositando multas y notificaciones de embargo en cada buzón. Pero los ataques económicos contra una Comunidad tienen que enmarcarse ya necesariamente en actos de guerra, [7] sin careta, y estas son situaciones que el Estado procura evitar dentro de sus fronteras porque la guerra a cara descubierta destruye esa imagen sagrada de institución cuya existencia es apriorística, está fuera de toda discusión. El eterno antagonismo entre el principio de no delegación de las Asociaciones Libres y el principio de autoridad representativa del Estado se desvela en los conflictos comunitarios, momentos en que su misma razón de ser queda expuesta al escrutinio público y, por lo tanto, momentos de máxima vulnerabilidad. Para sobrevivir, el Estado tiene que impedir a toda costa el proceso por el que se hace evidente su inutilidad: la unión libre asociacionista. En otras palabras, tiene que recurrir constantemente a la división, empezando por la división de La Tierra en parcelas numeradas y separadas por cercas. [8] Una propiedad cerrada modela una mentalidad cerrada. La mentalidad de propietario privado es individualista, desconfiada, nerviosa. Su supervivencia no depende de las relaciones sociales solidarias sino de la acumulación de bienes de consumo y medios de producción. Por eso tiende a acaparar y a estar en estado permanente de alerta, puesto que los demás son competidores, intrusos o ladrones en potencia. Sin embargo, los terrores nocturnos a la escasez desaparecen cuando el propietario privado, individuo reprimido y aislado, pasa a ser un individuo libremente asociado, un «copropietario» que cuenta con el respaldo solidario de su Red de Apoyo, su Cooperativa, su Comuna, etc. El cambio en las relaciones de propiedad afecta directamente a las relaciones de producción, por estar ambas íntimamente ligadas. La jerarquía empresarial es intrínseca a la propiedad privada de los medios de producción. Pero a la propiedad colectiva de los medios de producción le corresponde una toma de decisiones colectiva: la Asamblea.
En conclusión, urge encarar la lucha contra la represión económica por las dos razones apuntadas: Primero, es un tipo de represión que está dando excelentes resultados al Estado y que se está intensificando en las sociedades del «primer mundo», donde el capitalismo nos explota a través del consumismo tanto o más que a través del productivismo. Segundo, la resistencia está llena de posibilidades; ofrece nuevas técnicas como la insolvencia programada, la constitución de sociedades instrumentales, la insumisión fiscal, etc., y tiene un gran potencial para subvertir las relaciones capitalistas de producción y propiedad. Si la propiedad privada modela un cerebro de propietario jerárquico, egoísta e insaciable, la propiedad comunal puede modelar un cerebro de propietario libertario, solidario y satisfecho.
Aparte de estas dos importantes razones añadiremos una ventaja complementaria: Las técnicas de resistencia a la represión económica están mucho menos penadas que las técnicas de resistencia a la represión policiaca porque los tipos delictivos en que se incurre son propios de la clase empresarial y política, no de la clase obrera. Falsificación de documento mercantil, alzamiento de bienes, apropiación indebida, insolvencia punible, fraude fiscal… El Estado no puede endurecer la persecución o las penas de estos tipos delictivos porque estaría perjudicando los intereses de clase que defiende. Esta es la causa, por ejemplo, de que los mecanismos de inspección fiscal sean tan deficientes. En realidad, el 90% de los ingresos de Hacienda por el IRPF provienen de las rentas de los trabajadores que son detraídas directamente de sus salarios por una clase empresarial que actúa de recaudadora de impuestos del Estado.
Es obvio que la represión del Estado se opera en connivencia con una clase empresarial que requiere los servicios de seguridad que éste le provee para protegerse de los amotinamientos de la masa esclava asalariada. [9] En lo que atañe exclusivamente a la economía, por no desviarnos del tema del artículo, podemos hablar entonces de una opresión económica que englobaría a la represión estatal y la explotación empresarial y que se manifiesta en forma de impuestos, multas, embargos, desalojos, inspecciones, usurpación de medios de producción, apropiación de plusvalías, paro, emisión y distribución de moneda fiat (obligatoria), etc., etc.
Esta opresión económica que sentimos en el pecho y nos dificulta la respiración es el síntoma inconfundible del capitalismo. Es cierto que el capitalismo ha infectado todo el tejido social y, por lo tanto, tiene que ser combatido en todos los ámbitos imaginables de la vida: pedagógico, psicológico, filosófico, erótico, marcial, sanitario, ético, artístico… Pero no es menos cierto que la lucha en el ámbito económico es tan importante como las anteriores, probablemente más, porque al fin y al cabo el capitalismo es una enfermedad que irradia desde la economía. Peor aún, el capitalismo es un sistema económico que lo ensucia todo de economía mediante un proceso llamado «mercantilización»: el amor, el juego, la sonrisa de un niño, un trago de agua, la tierra, un atardecer… Cualquier cosa. Pero barrer el capitalismo de la escuela y del consultorio médico es como quitar chapapote de las playas y de las alas de las gaviotas: un voluntarismo inútil si no se va a la causa del vertido. En otras palabras, no vale de nada desmercantilizar la educación o la sanidad si no desmercantilizamos también la economía. El capitalismo es ante todo un sistema económico, luego hay que poner otro sistema económico en su lugar. Y esto requiere conocimientos económicos, estrategias económicas, instrumentos económicos.
A esta lucha específica en el ámbito de la economía para combatir el capitalismo -en sus dos vertientes estatal y empresarial- la hemos llamado «acción económica». La acción económica es una acción directa, sin árbitros, de clase revolucionaria. Las Asociaciones anarcosindicalistas, por ejemplo, llevan siglo y medio de experiencia en acción económica. Sus métodos de lucha tradicionales -la huelga, el boicot, el sabotaje- están expresamente pensados para atacar a los núcleos de la economía: la producción, la distribución y el consumo. Sus objetivos no pueden ser más económicos: subida del precio del trabajo, control de los procesos productivos y la gestión administrativa… Eso, en primera instancia. En segunda instancia, la reapropiación de los medios de producción y de lo producido. Y siempre con un fin último en la cabeza: el comunismo libertario, un sistema económico alternativo al capitalismo. Lo chocante es que ni siquiera el anarcosindicalismo, cuyo carácter es eminentemente económico y donde son frecuentísimas las alusiones a la «acción directa», la «acción sindical» o la «acción social», tiene un apartado en sus textos reservado a la «acción económica». La omisión es demasiado llamativa como para ignorarla. No es momento de entrar en las causas del lapsus pero es inevitable lamentar una de las consecuencias: nos tememos que una de las razones por las que casi nadie cae en la importancia de una «acción económica» es que no hay un término coloquial o técnico para referirse a ella. Así, aunque no descubrimos nada nuevo con esto de la «acción económica», pensamos que el solo hecho de ponerle nombre y explicarla mínimamente puede suponer un avance en la lucha por la emancipación. Y en esas estamos. En próximas entregas, si el tiempo y la autoridad lo permiten, entraremos con más detalle en casos concretos de acción económica.
Notas[1] Muchas de las trabajadoras que se despertaron arruinadas en la crisis del 2008 tienen tan reciente aquel sueño de clases medias que todavía lo confunden con un recuerdo real. Tienen miedo de perder lo poco que les resta de lo que nunca fue suyo. El Estado es plenamente consciente de que un número muy significativo de personas implicadas en el 15M provienen de ese espectro social muy vulnerable todavía a la represión económica.
[2] Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Esta reforma legislativa elimina las faltas que se regulaban en el Libro III del Código Penal anterior y las transforma casi íntegramente en infracciones administrativas
[3] Esto no quiere decir que se reduzca el número de secuestros legales anuales. Sólo quiere decir que cada vez que una pena se conmuta por una multa el Estado gana por dos conceptos: lo que ingresa y lo que deja de gastar por ese recluso en particular.
[4] Las quiebras empresariales fraudulentas son, por ejemplo, operaciones habituales para eludir el pago de indemnizaciones a las trabajadoras.
[5] El concepto «clase revolucionaria» merece un artículo aparte. Baste decir aquí que no nos plegamos a las categorías tradicionales. No discutimos, por ejemplo, que desde una perspectiva economicista exista una clase social con unas características muy determinadas denominada «proletariado». Discutimos que esta clase social sea un sujeto revolucionario, como esperaban los socialistas del siglo XIX. Digamos que la «clase revolucionaria» es una clase social consciente, coherente y alevosa, que se resiste a ser catalogada como un objeto (y no sólo de estudio) por doctrinas económicas, políticas, sociológicas, etc. Entendemos, pues, como «clase revolucionaria» a aquella que, con independencia de otras taxonomías más clásicas, aplica en su vida los principios de libre asociación y no delegación como método para construir una nueva sociedad basada en los principios de libre asociación y no delegación.
[6] La concesión de títulos de propiedad es una usurpación más del Estado, que se ha arrogado la capacidad de enajenar el territorio sobre el que ejerce el monopolio de la violencia.
[7] Las agresiones económicas más habituales del Estado en escenarios de guerra son el saqueo, la expropiación de tierras, el expolio de recursos, la mano de obra esclava, etc.
[8] Otro ejemplo milenario de división desde el poder sería la operada para enfrentar a hombres y mujeres. «Descubrimos que las jerarquías sexuales siempre están al servicio de un proyecto de dominación que sólo puede sustentarse a sí mismo a través de la división, constantemente renovada, de aquéllos a quienes intenta gobernar.» La cita está extraída del libro de Silvia Federici «Calibán y la bruja (mujeres, cuerpo y acumulación originaria)» y es especialmente oportuna por el contexto en que se ubica, una expropiación masiva de tierras comunales por parte del Estado de Nigeria pactada con el FMI y el Banco Mundial en los años 80 del siglo XX: «En Nigeria comprendí que la lucha contra el ajuste estructural formaba parte de una larga lucha contra la privatización y el «cercamiento», no sólo de las tierras comunales sino también de las relaciones sociales, que data de los orígenes del capitalismo en Europa y América en el siglo XVI».
[9] Uno de los grandes logros propagandísticos del capitalismo es haber esparcido con éxito el bulo de la abolición de la esclavitud. La esclavitud es una forma clásica de explotación laboral que en su desenvolvimiento histórico estrictamente económico ha adoptado la forma optimizada de trabajo asalariado, una esclavitud a tiempo parcial mucho más rentable para el amo (o señor o empresario) porque el esclavo (o siervo o empleado) pasa a hacerse cargo de su propia manutención y la de su familia. En las fases más sofisticadas del capitalismo, un nuevo tipo de esclavo llamado «autónomo dependiente» tiene que correr incluso con los costes del medio de producción (por ejemplo, mantenimiento del vehículo, combustible, seguros, etc.).
Malouney, Red de Colectivos Autogestionados
Fuente: http://www.elsalmoncontracorriente.es/?La-accion-economica-Invirtiendo-en