La situación de inestabilidad política, con el presidente acusado de obstrucción a la justicia y organización criminal, paradójicamente afecta directamente al pulmón del mundo.
A finales de agosto volvió a sufrir otro golpe, una vez más del gobierno brasileño. El Ejecutivo de Michel Temer, de la mano del Congreso y de la bancada ruralista que lo controla, puso sobre la mesa un decreto presidencial para privatizar la Reserva Natural de Cobre y Asociados (Renca). Este territorio, del tamaño de Dinamarca (47 mil quilómetros cuadrados), situado en la zona amazónica entre los estados de Pará y Amapá, además de ser un terreno rico en minerales también contiene diversos parques naturales y reservas indígenas. Lo que antes era propiedad del Estado, ahora Temer decidió abrirlo a la explotación de empresas privadas extranjeras.
La noticia llegó hace tres semanas, pero las multinacionales canadienses lo sabían desde hacía cinco meses, cuando el ministro de Minas y Energía brasileño, Fernando Coelho Filho, se lo comunicó a diversos empresarios de ese país del norte. La medida cayó como un balde de agua fría entre los ecologistas, que ven como se han acumulado los retrocesos en materia ambiental en el último año. Intelectuales, actores y modelos, como Gisele Bündchen, lanzaron una campaña en las redes sociales y consiguieron 800 mil firmas para que el presidente revocara el decreto. El 30 de agosto el juez del distrito federal, Ronaldo Spanholo, lo suspendió al considerar que la Constitución no permite que el gobierno tome una decisión de este tipo sin debate previo en el Congreso. Ante las críticas y la presión judicial Temer anunció que suspendía los efectos del decreto durante 120 días para llevar a cabo «un amplio debate» con grupos ambientalistas. Por ahora no ha llamado a nadie.
Tierra por los votos
El decreto sobre el Renca es la gota que colma un vaso que hace tiempo está a punto de derramarse. Desde que Temer llegó al gobierno apostó por el agronegocio y rechazó todo lo que oliera a preservación del ambiente, siguiendo las órdenes de los congresistas ruralistas que lo llevaron al poder cuando votaron a favor del impeachment contra la ex presidenta Dilma Rousseff.
La bancada del agronegocio representa el 44 por ciento de la Cámara de Diputados y dos tercios del Senado, y se siente legitimada para plantear exigencias fundamentalmente por dos razones. La primera es que el sector agropecuario supone el 23 por ciento del Pib del país y el 55 por ciento de las exportaciones. La segunda, y quizás la más importante, es la lealtad y el apoyo que le ha dado a Temer, convirtiéndose en el principal aliado del presidente, en un momento en que los escándalos de corrupción también arrasan con las alianzas políticas. Ellos son la llave de la gobernabilidad. El último bastión del Ejecutivo.
Algunas de las prioridades de esta bancada son no sólo mantener sus tierras sino acumular más territorio, reducir hasta la mínima expresión las reservas indígenas, regularizar grandes superficies invadidas por terratenientes, derogar las leyes laborales del campo -legisladores ruralistas llegaron a sugerir que los campesinos no tuvieran salario y trabajaran a cambio de vivienda y comida- y deforestar lo que sea necesario para consolidar la extracción y la exportación de materia prima como base económica. Por eso no es de extrañar que el ministro de Agricultura, Blairo Maggi, sea uno de los principales exportadores de soja del país y haya recibido hasta en dos ocasiones el premio Motosierra de Oro de Greenpeace, por los estragos que han causado sus plantaciones en la Amazonia.
Invasión ilegal
Algunos de sus deseos se han hecho realidad y otros parecen estar cada vez más cerca de cumplirse. El pasado mes de julio se aprobó una ley que legaliza las invasiones de grandes áreas de tierra y terrenos que estén dentro de parques nacionales que se ubiquen en zonas urbanas. La legalización de tierra ocupada, que en un principio se podría entender como un guiño a las peticiones del Movimiento Sin Tierra (MST), en realidad responde a los intereses de medianos y grandes terratenientes del campo, ya que afecta a invasiones de terreno de más de 2.500 hectáreas que pertenecen al Estado, que el gobierno vendería y regularizaría por un precio más bajo que el del mercado.
Uno de los principales miedos de los ecologistas es que el Ejecutivo haga cada vez más laxa la protección ambiental. Eso fue lo que sucedió con la Selva Nacional Jamanxim, un área de 350 mil hectáreas que según un proyecto que se tramita en el Senado perdería una parte de su categorización para preservarla ambientalmente y se abriría a la explotación agropecuaria y minera. «Lo que vemos todos los días es que el Congreso está buscando la manera de eliminar los derechos de las unidades de conservación que tiene Brasil. Ofrece tierra para deforestar y no le importa qué tipo de terreno sea, su codicia no tiene límites», señaló a Brecha Michel de Souza, coordinador de políticas públicas del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés).
Campo violento
Las leyes que amparan la legalización de tierras para los grandes terratenientes provocaron que el pasado año fuera el más violento de la última década en el campo brasileño. Según la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), en 2016 se cometieron 61 asesinatos relacionados con la disputa agraria, y ya hay 939 áreas rojas en conflicto por ese motivo. La CPT acusa directamente a la bancada ruralista de haber presionado a Temer para que acabara con el Ministerio de Desarrollo Agrario, que se encargaba de mediar en este tipo de conflictos. Ya no hay mediación, impera la ley del más fuerte.
En esta guerra los indígenas, además de ser el eslabón más débil, también son la diana sobre la que tiran sus flechas los ruralistas. La bancada del agronegocio ha conseguido que la Fundación Nacional del Indio (Funai), el organismo encargado de proteger y demarcar áreas indígenas, pierda esa potestad para entregársela a los congresistas, que ya no basarán sus decisiones en criterios antropológicos sino económicos. En el Senado está en marcha la aprobación de una ley que cambia los mecanismos de demarcación y que si se aprobara podría acabar con la supervivencia de 70 por ciento de los indígenas brasileños. Además de los que ya mueren asesinados por los garimpeiros del oro, como sucedió el pasado mes de agosto, cuando mataron a diez indígenas de una tribu no contactada.
La situación de inestabilidad política, con el jefe del Ejecutivo acusado de obstrucción a la justicia y organización criminal, paradójicamente afecta directamente a la Amazonia y a otras áreas que necesitan ser preservadas. Pero la bancada ruralista es la que tiene el poder de evitar que el Congreso apruebe la investigación del mandatario en el Tribunal Supremo. Así que para mantenerse vivo, Temer no duda en subastar la Amazonia y lo que queda de un país que hace meses tiene colgado el cartel de «Se vende».