Traducido del portugués para Rebelión por Alfredo Iglesias Diéguez
El presidente del Tribunal Superior Electoral, el inefable Gilmar Mendes, después de un desayuno del que no trascendió nada con la cúpula del Partido da Social Democracia Brasileira, decidió abrir un proceso con el objeto de revocar la inscripción del Partido dos Trabalhadores, el partido de la actual presidenta de la República y del ex presidente Lula, el partido, en fin, que gano las últimas cuatro elecciones presidenciales.
La prohibición de un partido político no es un hecho cualquiera en una democracia. En la República inaugurada en 1946, durante el gobierno del mariscal Dutra y en pleno apogeo de la Guerra Fría, fue revocada la inscripción del Partido Comunista do Brasil, que resurgiría después de más de una década en la clandestinidad eligiendo poco más de una decena de diputados federales y un senador (Prestes).
La exclusión de los comunistas del sistema político-partidario se consumaba en enero de 1948, con la anulación de todas las actas parlamentarias. Poco después, Brasil rompía relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, siguiendo las instrucciones del departamento de Estado de los EE UU.
La última vez que se prohibieron partidos políticos -y se prohibieron todos- fue con el Acto Institucional nº 2, de 1965[1], asentado sobre las bayonetas del régimen castrense.
El magistrado Gilmar Mendes, «el que no oculta nada[2]», es el ponente de las cuentas de la campaña electoral de la presidenta Dilma Rousseff. A pesar de que ya están aprobadas, el magistrado, militante inconformista, sigue pidiendo documentación varia para determinar los pasos a seguir.
Fue también ese magistrado quien interpuso la medida cautelar propuesta por la abogada Marília de Paula Silveira -profesora del Instituto del que Mendes es socio mayoritario-, que prohibía la toma de posesión de Lula como Jefe del Gabinete de la presidenta Dilma, interfiriendo, de forma directa y deliberada, en la crisis política con el propósito de agudizarla forzando una medida contra el gobierno de Dilma.
No estamos delante de un hecho aislado, sino ante la demostración de cómo el Supremo Tribunal Federal, por mediación de uno de sus miembros -ahora presidente del Tribunal Superior Electoral-, participa, como agente directo, en el golpe de Estado atípico en curso en el Senado federal.
La iniciativa del magistrado, coordinada con otras iniciativas semejantes, como las promovidas por el juez Sérgio Moro, por un juez anónimo del Distrito Federal o por el ministerio público de São Paulo, solamente busca, después de la humillación y el linchamiento moral promovidos por los grandes medis de comunicación, transformar a Lula en reo, en condenado, en presidiario, apartándolo de cualquier posibilidad de participar en las elecciones previstas para 2018.
El golpe quiere garantías de permanencia. De hecho, esto es un secreto a voces, Lula ya fue condenado hace mucho y la opinión pública ya fue preparada para su eventual ingreso en prisión; tan sólo queda prepara la montar la acusación y organizar el proceso.
En la insaciable hambre de poder del nuevo Moloch no basta, por lo tanto, con la apropiación del mandato de Dilma Rousseff; de hecho, incluso cuando aún no está concluida la maniobra del impeachment, los nuevos dueños del poder ya tratan de evitar el retorno de los caídos.
Si es imposible derrotarlos siguiendo el ritual democrático de las elecciones, elimínese a Lula y al Partido dos Trabalhadores. Si es imposible apartarlos de la lid, elimínese el proceso electoral. Es necesario eliminar al Partido dos Trabalhadores y echar al mar sus cenizas para que jamás renazcan, ya sea el propio partido o lo que llegó a representar en el proceso político brasileño, incluidas las luchas sociales y sindicales y la organización popular posterior a la dictadura.
Ese es el precio anticipadamente cobrado para que se puedan celebrar elecciones en el año 2018, porque tienen que ser elecciones que consagren el status quo: el proyecto neoliberal-conservador no puede tener su continuidad amenazada por la soberanía popular.
El sistema tiene vivo el recuerdo de 1965, cuando el varguismo[3], golpeado en 1954, retornó al poder con las elecciones de Juscelino e Jango[4].
Elecciones si, pero con garantías.
¿Qué hacer, entonces, con las reglas del juego democrático? A la mierda con ellas, como dijera el coronel Jarbas Passarinho al recomendar al general Costa e Silva la firma del Acto Institucional nº 5, conocido como ‘el golpe dentro del golpe'[5].
El honrado senador Cristovam Buarque, con quien tuve el honor de integrar el primer gobierno del presidente Lula (no sé si se acuerda de eso), en compañía de sus ahora amigos Romero Jucá e Ronaldo Caiado[6], dirá que todo eso pertenece al orden natural de las cosas, recordando a un personaje de Voltaire: «todo sucede para bien en este, el mejor de los mundos posibles».
Solo no ve el golpe en marcha quien no quiere. O quien no quiere verlo para no entrar en crisis con su propio pasado. Pero el golpe que nos asusta no es este, que se presenta amenazando hacer efectiva la substitución de la presidenta electa por un vicepresidente traidor y sin voto, porque el golpe es todo esto que se expone a nuestra mirada, pero también lo que se nos escamotea, lo que se oculta, lo que está por venir y que tan sólo se insinúa en los actos del gobierno interino: la regresión social, política y económica y el regreso del conservadurismo. En fin: la búsqueda retroactiva del pasado travestido de modernidad.
El golpe en curso se distancia del putsch y de la quiebra de legalidad, lo que, por otra parte, no representa ninguna novedad en nuestra historia, pues las élites económicas siempre dispusieron de juristas competentes cada vez que hubo que intervenir para ‘corregir’ un proceso electoral, ya que nuestro presidencialismo admite eventuales victorias de representantes de las fuerzas populares disociadas del bloque hegemónico.
Este golpe, a diferencia del modelo clásico, ni llegó por sorpresa ni tuvo que hacer uso de la violencia clásica. Tampoco se construyó de una sola vez: es un golpe permanente, que se instala a través de maniobras sucesivas, pieza a pieza, que, empezando por la toma del poder político, pondrá en marcha la construcción de una nueva hegemonía, conservadora, en los planos político y económico.
Cuidadosamente planeado, se perpetró como una efectiva traición efectuada en las entrañas del poder. Buscando un formalismo legal del que carece (los autores de los golpes, de todos los golpes que tuvieron lugar a lo largo de la historia), el golpe adquiere una apariencia constitucional al vestirse con el traje del impeachment, pero un impeachment sin el delito de responsabilidad exigido por la Constitución, lo que hace de él un juicio amañado, con los votos ya negociados y anunciados.
Es el viejo y soñado proyecto político-empresarial que, con el concurso de sectores mayoritarios del poder judicial (en sus más diversas instancias, incluido el Supremo Tribunal Federal) y de sectores de la burocracia estatal y del ministerio público federal, objetiva la destitución de un gobierno legítimo, salido de las urnas y comprometido con los intereses populares y su substitución por una componenda entre las élites para poner en práctica, ese es el proyecto en marcha, una agenda antipopular que ningún candidato defendería en una campaña electoral y cuya plasmación en lo concreto -quien viva lo verá-, exige un gobierno autoritario amparado en una orden legal convenientemente aprobada, como por otra parte ya tuvimos ocasión de vivir en otros momentos de nuestra historia republicana.
Es la promesa de una ‘dictadura de nuevo tipo’, como primera consecuencia del golpe parlamentario. Del pacto de las élites recibirá el apoyo estructural necesario, en tanto que los medios de comunicación garantizarán el monopolio ideológico, cerrando el círculo.
En el altar de ese pacto de gobierno brilla el poder del llamado ‘mercado’, el Rey Sol de la modernidad, agente político sin documento de identidad, sin Cadastro de Pessoas Físsicas[7], sin residencia conocida, sin cara, pero…, quizás por eso mismo, omnipresente, poderoso, vigilante, defensor de sus intereses de clase. El proyecto de hoy y de siempre no es necesariamente la presidencia de la República -el poder simbólico-, que puede ejercerse por delegación (como, por otra parte, ocurre en estos momentos de interinidad), sino el poder real, el que ya atrapó con uñas y dientes y del que no está dispuesto a ser desalojado, igual que la hiena famélica que no abandona su presa.
Es el control del ministerio de Hacienda y sus organismos adyacentes, del Banco Central, del comercio exterior, arrebatado por el denunciado canciller, eterno presidenciable.
El ‘primer ministro’ de este parlamentarismo de conveniencia es el banquero de Goiás asalariado de la banca internacional, Henrique Meirelles, cuya anunciada misión (el cumple una misión, no se trata de un sujeto histórico), es un programa que incluye intereses altos, ajuste riguroso para los pobres y facilidades para el 1% que controla la avenida Paulista[8], libre circulación de capitales, flexibilización de los derechos laborales y más restricciones a los pensionistas, revisión de las políticas de compensación social, desarticulación de la escuela pública, debilitamiento del Estado y desnacionalización de la economía -empezando por el desmantelamiento del presal-.
En fin, estamos ante la instauración de un gobierno que, a semejanza de la gestión Campos-Bulhões de 1964[9], solo puede apoyarse en un régimen burocrático autoritario, en aquel momento una dictadura franca, ahora, un orden constitucional vigilado que prescinde de la palabra de los militares.
Lo que nos acecha oculto en el horizonte es algo más profundo, más serio y amenazador que un tradicional cambio de guardia. Entre el cielo y la tierra hay algo más que la substitución de Dilma por Temer. De alguna manera, sin que la soberanía brasileña haya sido escuchada, se perpetra el fin del estado del bienestar social prometido por la Constitución de 1988.
Roberto Amaral, refundador del Partido Socialista Brasileiro, fue ministro de Ciencia y Tecnología en el gobierno de Lula (2003-2004) y miembro del consejo de administración de Itaipu Binacional y del Banco Nacional de Desenvolvimento Económico desde el 2011 hasta el 2013, cuando el PSB rompe con el gobierno federal. Es autor del libro A serpente sem casca: da crise à Frente Popular (2015), con el que promueve la creación un Frente amplio, de izquierdas, nacional y popular con vistas a las elecciones de 2018.
Notas del traductor
[1] Son conocidos como Actos Institucionales el conjunto de normas y decretos que dictó gobierno militar entre los años 1964 y 1969 utilizadas como mecanismo de legitimación de las acciones políticas de los militares durante los primeros años de la dictadura iniciada en 1964.
[2] En un artículo publicado en la Folha de São Paulo, el periodista Bernardo Mello de Franco decía de Gilmar Mendes que ‘no ocultaba ni sus preferencias ni intereses’.
[3] En referencia a la doctrina que desarrolló el presidente Getúlio Vargas durante su mandato como presidente electo del país, cuando comenzó a ser llamado por sus simpatizantes ‘padre de los pobres’, al que puso fin con su muerte en extrañas circunstancias en 1954.
[4] Se refiere a Juscelino Kubtschek y João Goulart (Jango), quienes accedieron a la presidencia y vicepresidencia de la República en 1955 continuando el proceso de modernización y progreso iniciado durante el gobierno de Getúlio Vargas.
[5] El 13 de diciembre de 1968 24 miembros del gobierno militar aprobaban el Acto Institucional 5, que hizo posible la disolución del Congreso y la suspensión del derecho de hábeas corpus. En el transcurso de esa reunión, el mencionado coronel dijo: «A la mierda, señor presidente, en estos momentos, todos los remordimientos de conciencia«.
[6] Cristovam Buarque es actualmente senador por el Distrito Federal y acaba de afiliarse al Partido Popular Socialista para aspirar a la presidencia de la República en 2018, una opción que vio truncada en su propio partido, el Partido Democrático Trabalhista, cuando designo a Ciro Gomes como precandidato a las elecciones presidenciales.
Romero Jucá, del Partido de Movimento Democrático Brasileiro, fue ministro del área económica de Temer pero se vio obligado a dimitir tras la difusión de una grabación en la que le sugiere a Sérgio Machado (ex diputado y empresario brasileño implicado en la trama Lava Jato) un pacto para cerrar la operación Lava Jato y acabar con Dilma Rousseff.
Ronaldo Caiado, senador por DEM (Demócratas), está acusado de haber recibido sobornos durante las campañas electorales de 2002, 2006 y 2010.
[7] El CPF o Cadastro de Pessoas Físsicas es el documento de identificación fiscal para los brasileños y extranjeros que viven en Brasil, o que residen en el exterior pero poseen bienes en Brasil que están sujetos a registro público.
[8] La avenida Paulista, en São Paulo, es el principal centro de la ciudad; en ella tiene sede los principales bancos, empresas e instituciones políticas, educativas y culturales del país y se encuentran los principales hospitales de la ciudad, hoteles, lugares de entretenimiento y ocio…, por lo que es el principal atractivo turístico de la ciudad y un centro del poder económico y político de primer orden.
[9] En 1964, una vez que hubo triunfado el golpe de Estado, los ministros Campos-Bulhões propusieron un plan de ‘racionalización’ del Estado que sirviese para sanear las cuentas; ese plan, inspirado por el Banco Mundial, empezó con los recortes en gastos sociales…
Fuente: http://ramaral.org/a-ameaca-em-gestacao-e-algo-mais-profundo-que-a-tradicional-troca-de-guarda/
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