La política de apertura neoliberal que se ha aplicado en Colombia en los últimos 14 años ha tenido catastróficas consecuencias para los trabajadores y el conjunto de la población. Las reformas de este período han significado la disminución masiva del trabajo y la producción nacional por el ingreso de mercaderías extranjeras, llevando a niveles extremos […]
La política de apertura neoliberal que se ha aplicado en Colombia en los últimos 14 años ha tenido catastróficas consecuencias para los trabajadores y el conjunto de la población. Las reformas de este período han significado la disminución masiva del trabajo y la producción nacional por el ingreso de mercaderías extranjeras, llevando a niveles extremos las cifras del desempleo, el deterioro de las condiciones laborales, el incremento desmesurado de la informalidad y de la emigración de colombianos.
Las importaciones de productos agrícolas y la crisis del café, para citar apenas dos ejemplos, dispararon el desempleo rural, con graves repercusiones en materia de desplazamiento humano, incremento del pie de fuerza de los grupos armados irregulares, aumento de los índices de delincuencia y prostitución etc. Igual sucedió con el sector industrial, donde, por cuenta de la apertura, se perdieron en este período más de 900.000 empleos.
En desarrollo de la globalización neoliberal las empresas multinacionales recorren el mundo en busca de mano de obra barata y se ubican allí donde los costos laborales son menores. Es decir, donde los trabajadores tienen menos garantías, donde predomina el empleo de mano de obra femenina e infantil a inferiores costos y donde las legislaciones laborales se han ‘flexibilizado’ al máximo. En los países donde se asientan las multinacionales, en especial los países empobrecidos, los sectores exportadores nacionales sólo pueden competir si explotan la mano de obra a bajo costo, lo que conduce a una total degradación del trabajo.
Lo que ha caracterizado en las dos últimas décadas al mundo, pero en especial a los países dependientes, ha sido la implementación de reformas laborales regresivas que tienen como objetivo la eliminación de las garantías laborales conquistadas por los trabajadores y sus organizaciones a lo largo de un siglo de luchas. Esa alocada carrera por abaratar costos laborales en la que entran los países en su afán por atraer inversión extranjera, hace que se eliminen los requisitos de desempeño que antes se le exigían, tales como proporcionar empleo de calidad a los nacionales, pagar impuestos, reinvertir utilidades en el país, transferir tecnología, etc.. Una de las consecuencias nefastas de esta depredadora política neoliberal ha sido el debilitamiento progresivo, y en algunos casos la destrucción, del movimiento sindical.
Pero el crecimiento de los índices de pobreza e indigencia, mortalidad infantil, malnutrición y atraso generalizado en la mayoría de países del mundo, no ha llevado a un replanteamiento del modelo neoliberal, pese a las advertencias formuladas por autorizadas voces, provenientes en muchos casos de exfuncionarios de los propios organismos rectores de la globalización neoliberal, como el FMI y el Banco Mundial, que además de señalar los fracasos del modelo económico imperante al no conseguir la prosperidad universal anunciada por sus áulicos, pronostican el advenimiento de graves colapsos de no corregirse el rumbo.
Sin embargo, a los grandes monopolios capitalistas no les interesa la prosperidad universal sino la suya propia y como ellos han sido los únicos beneficiados con esta debacle mundial, el modelo de sociedad imperante, en lugar de cambiar, tiende a profundizarse.
En el caso particular de América, los Estados Unidos, donde tienen asiento los más grandes monopolios capitalistas y donde se concentra la mayor parte del poder mundial, encaminan toda su política a profundizar el modelo, para lo cual diseñan y echan a andar un ‘Area de Libre Comercio’ continental (ALCA) en la que puedan erigirse como exclusivos amos y señores.
Al encontrar dificultades transitorias en la implementación de este proyecto por las contradicciones surgidas en el seno de la Organización Mundial de Comercio que se trasladaron a las negociaciones del ALCA; Washington ensaya la ‘negociación’ de tratados de libre comercio directos con los gobiernos más dispuestos a aceptar sus imposiciones, planteando como referente los enormes beneficios que a esos monopolios les ha significado una década de existencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) suscrito en 1994 con Canadá y México
Luego de firmar con Chile a finales de 2003 y con Centroamérica a comienzos de 2004, el gobierno norteamericano está a punto de lograr que los gobiernos de Colombia, Ecuador y Perú suscriban ‘tratados de libre comercio’ con los cuales se profundiza de manera totalitaria en estos países la política de apertura neoliberal y se consolida el papel hegemónico de los Estados Unidos en la región americana, abriendo paso a la concreción del congelado ALCA, que le permitirá afrontar mejor la competencia europea, japonesa y china en la disputa por los mercados del mundo.
El TLC y el capítulo laboral
Al fortalecer y profundizar la política de reformas neoliberales, el TLC perjudica enormemente a los trabajadores y evidencia que el ‘libre comercio’ es incompatible con los derechos laborales. Pretender hacer compatible la rapiña propia de este capitalismo salvaje, desatado por los grandes monopolios, con la garantía de derechos a los trabajadores, es imposible, por cuanto el secreto de la prosperidad de las multinacionales, el aumento de la tasa de ganancia, que es su objetivo central y su razón de ser, radica cada vez más en la consecución de los menores costos laborales posibles, es decir, en la superexplotación del trabajo asalariado.
Los negociadores norteamericanos del TLC con Colombia han impuesto la inclusión de un capítulo laboral. La presión sobre este tema surgió del Partido Demócrata y de los sindicatos norteamericanos, los cuales ven con preocupación que, ante el irresistible señuelo de bajísimos costos salariales en otras latitudes, las empresas norteamericanas desplacen buena parte de su operación productiva hacia nuestros países y con ello se pierdan puestos de trabajo y se desmejoren las garantías laborales en Estados Unidos.
Aunque el tema laboral, al igual que el tema ambiental, se introdujo en las negociaciones del TLC en medio de la campaña electoral norteamericana para aminorar la influencia del movimiento sindical que acompañaba a Kerry y atacaba a Bush por el TLC, lo más posible es que con el triunfo de Bush el interés por incluir una cláusula laboral y el tema ambiental en el Tratado se mantengan, pues encajan perfectamente con el modelo predominante de hacer gravitar todos los asuntos mundiales en torno a las definiciones comerciales.
En la OMC se han venido incluyendo temas como la propiedad intelectual y los servicios, y se quieren incluir la inversión, las compras estatales etc. Fue necesario que los países en vías de desarrollo se unieran en 1996, en la reunión de Singapur, para bloquear la inclusión del tema laboral, argumentando que la OIT era el foro adecuado para esta clase de discusiones.
El nuevo ordenamiento mundial propugnado por Estados Unidos busca que a través de los tratados bilaterales o multilaterales de ‘libre comercio’ se establezca una nueva legislación a nivel orbital para desconocer o suprimir normas o tratados internacionales que consagran derechos económicos, sociales, laborales, culturales, ambientales y a las organizaciones que los promueven.
Con la inclusión de un capítulo laboral en los TLC el gobierno norteamericano busca impedir el denominado ‘dumping social’, que consiste en la existencia de condiciones laborales desiguales que favorecen a los sectores exportadores, con lo que se desarrolla una ‘competencia desleal’ basada en precarias condiciones laborales y bajos salarios. Pero su preocupación no es la de garantizar condiciones laborales adecuadas sino asegurarse de que las existentes, por malas que sean, rijan para todos los trabajadores por igual y no beneficien a ningún sector exportador local en detrimento de la ganancia de sus empresas.
En la misma forma que ha aceptado todas las exigencias norteamericanas, el gobierno colombiano aceptó la inclusión del capítulo laboral en el TLC y procura que las exigencias laborales sean las menores, que los mecanismos de control sean más laxos y que no se incluyan sanciones comerciales por la inaplicación de esta parte del Tratado. Reconocen los negociadores colombianos que el gobierno no está en capacidad de aplicar la legislación laboral existente y aspiran a que de la firma del Tratado se deriven mas bien fondos de cooperación norteamericanos para aumentar la capacidad de control, inspección, vigilancia y administración de las relaciones laborales.
Argumentando que defienden la soberanía nacional, los negociadores colombianos se ufanan de estar adelantando una pelea por mantener en este capítulo la autonomía del Estado colombiano para cambiar la normatividad interna, como se ha venido haciendo en los últimos 14 años, a través de reformas dirigidas a la flexibilización laboral, con el deterioro de los ingresos de los trabajadores, el empeoramiento de sus condiciones, el aumento de la informalidad, la paulatina extinción de la contratación colectiva y el debilitamiento y criminalización de la actividad sindical.
Las sucesivas reformas producidas desde 1990 han deteriorado en extremo los estándares laborales, lo que constituye pieza maestra de la apertura y la ‘internacionalización’ de la economía en los noventas. Reformas como las de la salud, de las cesantías, del sistema de pensiones y seguridad social, de las transferencias para educación y salud y aún del sistema penal colombiano, apuntan en la misma dirección. En el TLC no hay, por supuesto, nada que impida continuar esta tendencia; por el contrario, la autonomía que reclama el gobierno colombiano para manejar la normatividad laboral es la que necesita para continuar profundizando el proceso de flexibilización.
El gobierno colombiano ha pretendido que el Movimiento Sindical legitime el TLC, invitándole a participar en la discusión del capítulo laboral y haciéndole la insólita propuesta de que apoye el argumento de la incapacidad del gobierno para garantizar la aplicación de las leyes laborales nacionales y las normas contenidas en los convenios de la OIT suscritos por Colombia y acompañe a los negociadores a buscar recursos de cooperación gringa para superar esta falencia.
El gobierno y los amigos del TLC pretenden colocarnos ante una disyuntiva, con el argumento falaz de que el Tratado es inevitable y que ante ese hecho lo más indicado para los trabajadores es que se incluya un capítulo laboral. Si nos oponemos a este capítulo, estaríamos en contra de medidas que atenúen los efectos nocivos de la liberalización. Pero si aceptamos el capítulo, estaríamos avalando el Tratado. Ambas opciones son malas, y se pretende que el movimiento sindical escoja la ‘menos peor’, es decir que den una especie de apoyo condicional al TLC, exigiendo fuertes cláusulas laborales.
La experiencia internacional indica que el capitulo laboral de los TLC no garantiza la protección de los derechos laborales. No existe ningún caso de condena a un gobierno por violar estos derechos, en aplicación de la cláusula laboral de un TLC, ni tampoco se ha dado el caso de que un gobierno demande a otro por incumplimiento de esta parte de los tratados.
Los 28 casos que se han presentado en los diez años de existencia del TLCAN no han pasado de la primera instancia. Las referencias a la protección de los derechos laborales consagrados internacionalmente son apenas una meta que los Estados firmantes se comprometen a ‘procurar’ cumplir. No hay ningún mecanismo ni instancia que promuevan la mejoría de las condiciones laborales, que sufren permanente deterioro, en el tratado firmado por Estados Unidos, Canadá y México.
El objetivo del capítulo laboral no es social sino comercial y presume que las legislaciones laborales internas de los Estados firmantes protegen adecuadamente los derechos de los trabajadores. Chile, por ejemplo, un país que se conoce internacionalmente como deficiente en materia legal y real en la aplicación de derechos laborales, característica que heredaron los gobiernos posteriores a la dictadura pinochetista y no han modificado en lo sustancial, fue reconocido por Estados Unidos como un Estado que protege adecuadamente a sus trabajadores.
En materia de sanciones, los TLC son particularmente duros con las violaciones de las cláusulas relativas a la propiedad intelectual, a las inversiones, a las compras estatales y a todo lo relacionado con el comercio, pero de las miles de violaciones que se producen a diario contra los derechos laborales, solamente se pueden investigar dentro del marco del tratado aquellas que tengan efectos sobre el comercio entre las partes y en la medida en que afecten los intereses de las grandes multinacionales.
Un ejemplo del real desinterés del gobierno norteamericano en relación con los derechos laborales es que sólo ha ratificado 18 Convenios de la OIT, y los millones de migrantes indocumentados que trabajan en su territorio no sólo carecen de derechos laborales sino de derechos ciudadanos viéndose obligados a trabajar en la ilegalidad sometidos a las peores condiciones laborales.
Por todas estas razones, la inclusión de un capítulo laboral en el TLC no atenúa las consecuencias negativas que el conjunto del Tratado conlleva para los trabajadores y sólo sirve como mecanismo para tratar de acercar a las centrales sindicales y a otras organizaciones sociales, en procura de ‘embellecer’ este tratado que es totalmente negativo para los trabajadores y el conjunto del país. En consecuencia, ante la probable firma del TLC, es necesario ratificar enfáticamente que rechazamos el capítulo laboral y el conjunto del tratado, señalando estos aspectos puntuales:
· La preocupación del movimiento sindical no se refiere exclusivamente al capítulo laboral sino al Tratado en su conjunto porque afecta la producción industrial y agraria, la prestación de servicios públicos, la capacidad del Estado para orientar el desarrollo económico y todos estos asuntos tienen implicaciones sobre el empleo, la soberanía nacional, el desarrollo productivo y social, temas vitales para el interés de la nación.
· La forma de garantizar los derechos de los trabajadores no es incluir un capítulo laboral en el TLC sino reversar las reformas que los han deteriorado, fortalecer los mecanismos de control y los acuerdos y organizaciones internacionales especializados en el tema.
· La esencia de los TLC es la competencia entre los grandes capitales por la consecución de mano de obra barata, lo que explica el desarrollo de las maquilas en México, Centroamérica y Asia y el constante deterioro de los salarios y las condiciones laborales en todo el planeta. Esto demuestra que el inequitativo libre comercio y los derechos laborales son antagónicos.
· El conjunto de los capítulos del TLC tiene impactos negativos sobre los trabajadores, sobre todos los ciudadanos y sobre la soberanía nacional, por lo cual nuestra oposición al tratado no obedece exclusivamente a los intereses económicos de los asalariados sino a la defensa del país.
· Es necesario profundizar en proyectos de integración latinoamericana y caribeña, que además de lo comercial contemplen aspectos tales como lo cultural, lo social, lo político, lo humano, lo ético y en fin todo aquello por lo que Bolívar luchó, es decir, la construcción de la Patria Grande Latinoamericana. El Estado como elemento determinante en la conformación de la nación, debe convertirse en factor de desarrollo de ese sentimiento de solidaridad activa y pertenencia a una comunidad que necesitamos.
· El TLC representa intereses oligárquicos y monopólicos, todo lo contrario a los intereses de los colombianos que entendemos que si no es una integración latinoamericana y caribeña, no habrá el factor de liberación y de cambios humano y social que tanto nos urge.
· Exigimos la publicidad y divulgación de las pretensiones de los equipos negociadores colombiano y norteamericano, con pisos y techos de negociación.
· El Comando Nacional Unitario, continuará haciendo esfuerzos por unificar las acciones de lucha de las organizaciones sindicales andinas contra los TLC que los gobiernos de Colombia, Ecuador y Perú negocian con Estados Unidos y contra el ALCA, para lo cual insistimos a las organizaciones sindicales de los países hermanos de la subregión el llamado a crear la Coordinadora de Centrales Sindicales Andinas, como instrumento permanente de coordinación del cual puedan formar parte todas las organizaciones existentes en los países andinos, independientemente de que estén afiliadas o no a las diversas centrales sindicales mundiales o continentales, con las cuales deberán estrecharse lazos de cooperación y solidaridad.
· Con el ejemplo a seguir de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS), esta Coordinación Sindical Andina, que deberá subrayar su independencia está llamada a jugar un papel de fortalecimiento del movimiento sindical de la subregión y del conjunto del sindicalismo latinoamericano y mundial, tan golpeado en este período de la globalización neoliberal, especialmente en nuestras atrasadas y dependientes naciones.
· Reclamamos del Gobierno Colombiano una actitud consecuente con el interés patriótico en exigir la condonación de la impagable deuda externa por ser esta, en términos de derecho internacional, una deuda odiosa, y dedicar los ingentes recursos, hoy destinados para su pago, a fortalecer la producción industrial y agropecuaria nacionales, a la investigación e innovación tecnológica y en general, a pagar la cuantiosa deuda social que se tiene para con las mayorías del pueblo colombiano que no cuenta con salud, empleo, vivienda, educación, protección social, etc..
Carlos Rodríguez Díaz Presidente Central Unitaria de Trabajadores
Julio Roberto Gómez Esguerra Secretario General Central General de Trabajadores
Apecides Alvis Fernández Presidente Central de Trabajadores de Colombia
Jesús Ernesto Mendoza Vargas Presidente Central de Pensionados de Colombia