El 4 de marzo asistimos, aterrados, a la aprobación de la Ley de Bio-seguridad en el Congreso Nacional de Brasil. Fueron 352 votos de diputados federales a favor de la liberalización total del plantío y comercio de semientes transgénicas en Brasil. Nadie se dio cuenta. Gracias a la coordinación que hubo entre los grandes medios […]
El 4 de marzo asistimos, aterrados, a la aprobación de la Ley de Bio-seguridad en el Congreso Nacional de Brasil. Fueron 352 votos de diputados federales a favor de la liberalización total del plantío y comercio de semientes transgénicas en Brasil. Nadie se dio cuenta. Gracias a la coordinación que hubo entre los grandes medios de comunicación, parte del gobierno Lula y el propio Congreso, de todo lo aprobado por la Ley de Bio-Seguridad, la población tan sólo fue informada de la polémica sobre las células madre, tema extremamente distinto de los transgénicos.
Enviado a la Cámara en diciembre de 2003, el proyecto inicial del gobierno era considerado razonable por los movimientos sociales, ecologistas y entidades de la sociedad civil, a pesar de que, ya desde el principio, mezclaba la cuestión de los transgénicos con la investigación en células madre. El derecho a la precaución y el derecho a explorar todas las investigaciones científicas sobre el tema eran las únicas exigencias hechas. Sin embargo, el proyecto salió hacia el Senado muy distinto a como entró en la Cámara. Totalmente desfigurado, daba poderes amplios y absolutos a la CTNBio: Comisión Técnica Nacional de Bio-seguridad, compuesta por 15 técnicos, escogidos sin ningún criterio democrático y que, por tanto, estarían autorizados a decidir todas las reglas sin obedecer ningún mandato público. Tales poderes fueron dados a la CTNBio ignorando por completo la experiencia acumulada en el Ministerio de Medio Ambiente y en el de Salud, responsables constitucionales de tomar medidas de precaución que preserven la salud pública. Es del conocimiento general que la tradición de los técnicos que actúan en la CNTBio es la de liberalización total del plantío comercial de semillas transgénicas, sin pedir jamás estudios de impacto ambiental, que son competencia única del IBAMA (Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables), ni tampoco de riesgos contra la salud humana y animal. Nuevamente en la Cámara, liderado por el flamante Severino, el proyecto llegado del Senado disparatadamente alterado fue aprobado en su totalidad.
Los representantes del agro-negocio y de las transnacionales salieron triunfantes. Las empresas podrán cobrar libremente royalties por la soja, el algodón, el maíz, el girasol y todo lo que quede por venir. Únicamente a lo largo del pasado año la Monsanto recaudó 80 millones de reales en concepto de royalties sólo en el estado de Rio Grande do Sul.
Ahora resta en las manos de las entidades ecologistas el probar al Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil que la Ley de Bio-seguridad es claramente inconstitucional, puesto que la Constitución Federal en su artículo 225 garantiza el derecho a la precaución y a la defensa del medio ambiente.
A parte de apelar al STF, la única alternativa posible es pedir al presidente de la República el veto a los artículos que liberalizan los productos transgénicos que todavía no fueron debidamente testados.
Por eso pedimos a todos y a todas, amigos y amigas de la Vía Campesina y del MST, que luchan por la soberanía alimentaria, que luchan para conseguir que sean agotadas todas las vías de investigación antes de la liberalización y por el derecho de los agricultores a tener sus semillas libres de transgénicos, que escriban al Ministro José Dirceu ([email protected]) y al Gabinete de la Presidencia de la República ([email protected]) pidiendo el veto a los siguientes artículos: Artículo 14, inciso XX y párrafos 1º y 2º; y Artículo 16, párrafos 2º. y 3º.
Secretaría Nacional del MST.