El fallo judicial sancionado en Ecuador contra la compañía petrolera estadounidense Chevron confirma fehacientemente que las naciones de América Latina deben abstenerse de firmar Tratados de Libre Comercio (TLC) como los ha deseado imponer Estados Unidos en la región. Tras 18 años de reclamaciones y querellas, el juez Nicolás Zambrano dictaminó que Chevron-Texaco es responsable […]
El fallo judicial sancionado en Ecuador contra la compañía petrolera estadounidense Chevron confirma fehacientemente que las naciones de América Latina deben abstenerse de firmar Tratados de Libre Comercio (TLC) como los ha deseado imponer Estados Unidos en la región.
Tras 18 años de reclamaciones y querellas, el juez Nicolás Zambrano dictaminó que Chevron-Texaco es responsable y culpable del daño ambiental existente en la Amazonia ecuatoriana y ordenó que la compañía pague la suma de 9 510 millones de dólares para indemnización y gastos de limpieza.
La historia de esta tragedia ambiental en la Amazonia comenzó cuando la entonces compañía estadounidense Texaco, (adquirida por Chevron en el año 2001) empezó a buscar petróleo en 1964 en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos junto con la compañía Gulf. Tres años después encontró el primer yacimiento conocido como Lago Agrio 1.
A las extracciones se sumó, años más tarde, el Estado ecuatoriano como parte del consorcio y en 1990, Texaco dejó de operar la explotación aunque siguió siendo parte de la asociación.
En 1993, 88 ecuatorianos (en representación de más de 30 000 habitantes afectados) presentaron la primera demanda por daño ambiental en contra de Texaco en una Corte Federal de Texas, y un año más tarde el mismo grupo llevó la queja ante tribunales de Nueva York. Ambas cortes las desecharon. En el 2003 la querella ambiental en contra de Chevron-Texaco fue llevada finalmente a la Corte Superior de Sucumbíos, ciudad de Nueva Loja, en la Amazonia, que se tomó ocho años para dictar sentencia.
Para muchos especialistas esta ha sido una de las peores catástrofes ambientales causada por la actividad petrolera en la historia de la humanidad, y hasta superior a la de British Petroleum (BP), en 2010, en el Golfo de México y a la del buque Exxon Valdez ocurrida en las costas de Alaska en 1989.
El desastre se ha descrito como infernal. La activista norteamericana Kerry Kennedy tras recorrer durante tres días las zonas afectadas redactó un informe en diciembre de 2009 que fue publicado por la agencia de noticias Inter Press Service (IPS) y que expresa:
«Bajo el manto de nubes, la selva es una maraña de manchas negras de petróleo, fango purulento y tuberías oxidadas. El humo brota del suelo, arrojando vapores al aire que queman la garganta. Las aguas residuales de estanques sin encofrar se traspasan a las aguas subterráneas y transitan a los ríos y los arroyos».
Entre 1964 y 1990, Texaco perforó alrededor de 350 pozos petroleros en una superficie de 2 700 millas cuadradas de selva y en ese período obtuvo más de 30 000 millones de dólares en ganancias, mientras derramó deliberadamente 18 000 millones de galones de sopa tóxica, conocida como agua de producción (una mezcla de petróleo, ácidos y otros cancerígenos) que cayó a las corrientes donde seres humanos recogen agua para beber, pescan, nadan y se bañan.
Kerry puntualizó que la Texaco construyó más de 900 fosos de fango de petróleo, muchos del tamaño de piscinas olímpicas, sin revestir la tierra, es decir, no se colocó ningún concreto para proteger el suelo y el veneno se escurrió al agua subterránea.
«Yo había escuchado durante años sobre el Chernobyl de Chevron en la Amazonia, pero nada me había preparado para el horror del que fui testigo», sentenció Kennedy.
La cantidad fijada por el juez Nicolás Zambrano de la Corte de Justicia de Nueva Loja, fue de 8 646 millones de dólares que aumentarán otros 864 millones al sumarle 10 % del total a favor de los demandantes, como dispone la ley y consta en la sentencia. En un plazo de 60 días las partes deberán constituir un fideicomiso mercantil, a cargo de algunas de las administradoras de fondos del país, entidades que forman parte de la banca privada ecuatoriana. El beneficiario del fideicomiso será el Frente de Defensa de la Amazonia, que reúne a los demandantes y según el fallo, todo el patrimonio tendrá como destino cubrir los costos necesarios para la contratación de las personas encargadas para ejecutar las medidas de reparación previstas. El desglose de la suma a pagar por Chevron será de 5 396 millones de dólares para limpieza de suelos, 1 400 millones a favor de construir sistemas de salud, 800 millones en planes de salud y atención a los pacientes con cáncer derivado de la contaminación, 600 millones para limpieza de aguas subterráneas, 200 millones destinados a la recuperación de especies nativas, 150 millones en proyectos de dotación de agua y 100 millones para reparar el daño cultural. La cifra impuesta por la Corte de la provincia de Sucumbíos es más pequeña que la sugerida por el mismo perito del tribunal que la había fijado en 27 000 millones de dólares, y mucho menor a los números que manejaban los expertos de los demandantes, entre 40 000 y 113 000 millones.
De todas formas, la respuesta de Chevron no se hizo esperar y en una suerte de furia incontenida, el vocero de la empresa, James Craig la catalogó de «ilegítima e inejecutable, producto de fraude y contraria a la evidencia científica».
En un comunicado, la compañía divulgó que tanto las cortes en Estados Unidos como tribunales internacionales ya han tomado medidas para prevenir la aplicación de la sentencia emitida por la corte ecuatoriana.
Una semana antes, un juez federal en Nueva York decidió conceder a Chevron una protección temporal contra cualquier fallo que le ordene el pago de una indemnización multimillonaria por supuestos daños ambientales en Ecuador.
Tres días después, un panel de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya prohibió temporalmente la aplicación de cualquier sentencia que se emita en contra la compañía petrolera.
Estas acciones demuestran porqué Estados Unidos trata de imponer en toda América Latina los Tratados de Libre Comercio.
Una de las exigencias de Washington es que los países firmantes de los TLC, (como ocurrió con México y Perú) ratifiquen sin enmiendas el capítulo 10, el cual posibilita a las compañías estadounidenses proceder legalmente contra los gobiernos firmantes y reclamar compensaciones extraordinarias, en caso de que se promulguen leyes que atenten contra sus intereses económicos.
De esa forma, ni obreros ni autoridades nacionales tienen potestad para demandar a las compañías transnacionales ante cualquier exceso o arbitrariedades cometidas.
Entre las cláusulas de los TLC se reafirma la imposibilidad de acudir a tribunales nacionales cuando se presenten diferencias, mientras que en las cortes internacionales las disputas son inapelables, las audiencias casi siempre son secretas y Estados Unidos puede ser demandado pero sin reclamos a los inversionistas.
Chevron que aparece como la segunda peor compañía en el mundo por su ataque al medio ambiente, también ostenta gran influencia política y de capital.
Baste recordar que la ex jefa del Departamento de Estado durante la administración de George W. Bush, Condoleeza Rice fue su directora en los años 90, mientras Dick Cheney, uno de los hombres claves para la invasión y ocupación de Irak, actuó como director de Halliburton, una empresa que tiene contratos por cientos de millones de dólares con la Chevron.
La batalla por las reivindicaciones de los habitantes en la Amazonia ecuatoriana aun será larga, pero tienen a su favor que Ecuador no haya firmado el TLC con Estados Unidos y así continuar luchando jurídicamente para que la Chevron responda por su crimen ambiental y pague el costo económico.
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