Luis Nieto Pereira es el director del Observatorio de Multinacionales Españolas en América Latina, una organización ciudadana que investiga, denuncia y presiona contra las empresas transnacionales que efectúan malas prácticas en los países de América Latina, especialmente las que prestan servicios básicos que fueron privatizados por los gobiernos neoliberales de la región. Vino a El […]
Luis Nieto Pereira es el director del Observatorio de Multinacionales Españolas en América Latina, una organización ciudadana que investiga, denuncia y presiona contra las empresas transnacionales que efectúan malas prácticas en los países de América Latina, especialmente las que prestan servicios básicos que fueron privatizados por los gobiernos neoliberales de la región. Vino a El Salvador para participar en el seminario «Orientaciones e Impactos de la Inversión Extranjera en los Servicios Públicos en Mesoamérica», organizado por el Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), donde expuso sobre los vejámenes y la impunidad con la que actúan muchas corporaciones multinacionales españolas en la región. En su conversación con Diario Co Latino, además de criticar a las transnacionales, exhortó a los gobiernos progresistas a restablecer las funciones del Estado y convocó a la población a organizarse para presionar a los gobiernos y a las empresas, para enfrentar los abusos que éstas cometen.
¿Cuál es el comportamiento de las transnacionales en América Latina?
Nosotros investigamos las actuaciones de las transnacionales españolas, pero éstas tienen la conducta de cualquier corporación multinacional europea o estadounidense. Las empresas españolas no vienen a América Latina porque tenemos el mismo idioma ni porque nuestras culturas son perecidas, sino, porque necesitan expandirse y el mercado de estos países les confiere muchas ventajas: mano de obra barata, recursos naturales apropiados, incentivos fiscales, leyes flexibles y gobiernos con altos índices de corrupción, lo cual les facilita hacer negocios. Estas condiciones se generaron con el ‘consenso de Washington’, que impulsó la desregulación comercial y las privatizaciones que desmantelaron a los Estados.
Ya instaladas, ¿cómo actúan estas empresas?, ¿cómo se comportan frente a los gobiernos, los trabajadores y el medioambiente?
Las que monitoreamos más permanentemente, sobre todo empresas como Unión Fenosa y Repsol, tienen una forma de operar distinta a la de Europa. En América Latina actúan con mucha impunidad, violentando los derechos de los trabajadores, dañando el medioambiente y cometiendo irregularidades, a veces porque las leyes lo permiten y, otras, porque presionan a los gobiernos para conseguir regulaciones a la medida de sus intereses. Así vemos corporaciones irrespetando a sus empleados, prestando servicios de baja calidad, incrementando arbitrariamente las tarifas y evadiendo impuestos. En cualquier país de Europa, estas empresas serían más responsables, estarían reguladas por leyes estrictas y serían sancionadas cuando violentan las normas establecidas. Por eso, mejor vienen a América Latina.
Entre los casos estudiados, ¿hay algunos ilustrativos del comportamiento de las transnacionales?
Hay varios. La compañía Endesa que se quedó con las tierras ancestrales de los ‘mapuches’, en Chile, para construir una gran presa hidroeléctrica, batalló durante 10 años acosando a las comunidades, presionando al gobierno y comprando a líderes mapuches hasta que las consiguió. La empresa Repsol, que tiene fuertes inversiones en el gas natural y el petróleo de Bolivia, ha intervenido en la política interna de ese país, trabajando para evitar que Evo Morales fuera presidente y, ahora que lo es, Repsol actúa para desestabilizarlo, porque es un gobierno que no le permitirá operar con la impunidad de antes. Para esto, Repsol tiene el apoyo del gobierno español que, por ser del Partido Socialista (Obrero Español, PSOE), debería estar del lado del gobierno de Bolivia y no a favor de esta transnacional. Lo mismo pasó con Petrobrás, el gobierno de Brasil no se solidarizó con los ciudadanos y gobierno del MAS que, como el PT, es progresista. Lula defendió a su empresa, en detrimento del derecho de los bolivianos a administrar sus recursos naturales. Unión Fenosa, en Nicaragua, corta el suministro de electricidad a los ciudadanos cuando le da la gana, con el propósito de crear desabastecimiento y así conseguir asignación de mayores recursos de parte del gobierno.
La injerencia en la política interna de los países, ¿es un comportamiento generalizado de las transnacionales?
¿En América Latina? Totalmente. Las empresas para tener condiciones favorables presionan, chantajean y sobornan a las autoridades y trabajan para evitar la llegada de gobiernos hostiles a sus intereses. Quizá no todas las empresas lo hacen directamente, pero sí a través de terceros. Es una práctica generalizada. En Europa no lo hacen tan fácilmente.
Para esto, ¿identifican aliados y enemigos?
Sí. Lo demuestra el caso de Bolivia. Hay tres departamentos ricos en recursos naturales que demandan autonomía del gobierno nacional, y quienes exigen esto han integrado comités cívicos, a los que se ha sumando la cámara de comercio, la cual recibe fondos de Repsol y Petrobrás. Estas empresas saben que si estos comités logran derribar al gobierno de Evo Morales, como premio por su aporte económico obtendrán un marco regulatorio más favorable.
¿Qué pueden hacer los pueblos de América Latina para enfrentarse a los vejámenes de las transnacionales?
Pueden hacer muchas cosas: identificar esos problemas, generar esfuerzos de coordinación y movilizarse para presionar en el Parlamento, los gobiernos y a las empresas directamente. En Centroamérica el ejemplo es Costa Rica, donde cada vez que el gobierno ha intentado privatizar los servicios públicos, la ciudadanía se ha movilizado masivamente y ha logrado mantener los monopolios estatales de telefonía, electricidad y demás servicios básicos, con lo cual no sólo conservan esos beneficios, sino que también evitan la llegada de transnacionales perversas que le caerían a esos servicios si fueran privatizados.
El ascenso de gobiernos progresistas, ¿cambia la correlación frente a las transnacionales?
Cambia el marco de acciones, pero no garantiza que no habrá más privatizaciones ni asegura el cumplimiento de los estándares laborales, medioambientales y de funcionamiento por parte de las empresas. Por eso, la ciudadanía debe estar atenta, porque en América Latina y en Europa, gobiernos progresistas han realizado privatizacio-nes. La población debe luchar para que las fuerzas progresistas sean gobierno, pero cuando esto ha sucedido es necesario que presionen para marcarle el camino. Esto no es fácil porque los recursos de las transnacionales son a veces superiores a los presupuestos de los gobierno y porque las leyes de la OMC, los organismos financieros internacionales, los tribunales para dirimir controversias y todo el marco jurídico comercial internacional están a favor de las transnacionales.
¿Es válido el restablecimiento del papel del Estado, como prioridad de los gobiernos progresistas?
Totalmente. La ciudadanía debe exigir que se renacionalicen los servicios privatizados, especialmente porque está demostrado que no dieron precios justos, mayor cobertura ni mejor calidad, que fueron las promesas de quienes privatizaron. Entonces, el Estado debe retomarlos, porque además, es falso que el Estado es deficiente. Costa Rica es el ejemplo. Las empresas responden a sus accionistas y los gobiernos a sus ciudadanos, por tanto son los gobiernos los que deben prestar los servicios básicos a la población.
¿El acuerdo de asociación con Europa es sólo para ampliar las operaciones de las transnacionales?
Somos críticos con esto, por dos razones. La primera es que, si bien Europa ha tenido tradición del ‘Estado de Bienestar’, ahora está dominada por gobiernos neoliberales; y la segunda es que, a pesar de que la manera de actuar de las empresas europeas no es tan ‘salvaje’ como las estadounidenses, al final todas las transnacionales buscan hacer negocios de la manera más fácil, casi siempre, como decía, a costa de los trabajadores, consumidores, el medioambiente y los Estados mismos. Las corporaciones europeas, como las estadounidenses y las asiáticas, no buscan el desarrollo endógeno de los países centroamericanos, sino establecer mejores condiciones para sus inversiones y un índice de beneficios más adecuado. Por eso, los pueblos de Centroamérica no deben decir ‘no queremos un TLC con Estados Unidos, pero sí con Europa’, antes necesitan estudiar las propuestas, porque detrás de este acuerdo están las transnacionales europeas.