«No protesto por cultura gratis, no quiero libertad vigilada». Esta es una de las miles de frases que ayer se publicaron en Twitter para protestar contra la disposición primera del anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible (LES), que detalla el proceso por el que podrán cerrarse web que vulneren la propiedad intelectual. El texto […]
«No protesto por cultura gratis, no quiero libertad vigilada». Esta es una de las miles de frases que ayer se publicaron en Twitter para protestar contra la disposición primera del anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible (LES), que detalla el proceso por el que podrán cerrarse web que vulneren la propiedad intelectual. El texto íntegro, que ha hecho público en la página del Ministerio de Economía y Hacienda, contempla la propiedad intelectual como un derecho fundamental y puntualiza los instrumentos con los que se va a proteger.
El aspecto más polémico de la nueva redacción de la ley es el que hace referencia a los requisitos de la web que se pretende cerrar, estableciendo «ánimo de lucro, directo o indirecto» o «quien pretenda causar un daño patrimonial». El abogado especializado en nuevas tecnologías David Bravo explica que el concepto de lucro indirecto «es algo que la industria cultural lleva alegando en sus demandas desde hace años sin éxito».
Hasta ahora, los jueces habían entendido que para que se aplicase el concepto de ánimo de lucro a una web que enlazaba a contenidos con copyright sus propietarios tenían que recibir una remuneración directa por esos contenidos, sin contemplar la publicidad como lucro directo. «Con la inclusión de estos términos, la comisión [dependiente del Ministerio de Cultura] puede interpretar esta redacción de forma muy abierta y cerrar cualquier tipo de página», añade Bravo.
La inclusión de la figura del juez en la redacción de la LES, pese a haber mejorado las formas con respecto al texto previo, no ha alterado su fondo. Los juzgados de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional serán los encargados de «autorizar» la resolución de la comisión, valorando si ese cierre vulnera la libertad de expresión o de información.
El presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, destacó que la decisión adoptada «justifica la existencia de un órgano central, como es la Audiencia Nacional», aunque no entró a valorar el anteproyecto, informa Ángeles Vázquez.
El director de la Coalición de Creadores, Joan Navarro, espera que, con las reformas que se van a llevar a cabo, las web que enlazan contenidos sujetos a derechos de autor cambien su modelo de negocio «o cierren por sí solas, sin necesidad de denunciarlas». Su asociación, que representa a la industria cultural, también ha pensado en los caminos que tomarán ahora las páginas de enlaces para continuar con su actividad.
«Es posible que cambien su formato para convertirse en un blog e intentar así que se les considere como un medio de comunicación», explica Navarro, que añade que también está previsto que estas web migren sus sistemas para alojarse fuera o creen «espacios no abiertos al público», en referencia a sitios como Rapidshare o Megaupload. La Coalición detalla que, pese a estos cambios, la redacción actual del anteproyecto prevé fórmulas para cerrar o impedir el acceso. Según su director, las primeras denuncias contra web se presentarán en septiembre. Aunque la mayoría de las mismas irán destinadas a las páginas que ya se contemplaban en el informe Parasite’s Business, presentado el pasado octubre , la Coalición no descarta sumar algunas de las más de 700 web que se han autoinculpado inscribiéndose en la página ‘La lista de Sinde’, que se utiliza como llamamiento a la desobediencia civil contra el cierre de páginas.
En este sentido, organizaciones de internautas y colectivos de creadores contrarios a la aprobación de este apartado de la LES presentan hoy un proyecto denominado Red SOStenible. El objetivo es crear una plataforma para coordinar las acciones de divulgación y protesta que se van a llevar a cabo en paralelo a los momentos más destacados de la presidencia española de la UE. El presidente de la Asociación de Internautas Víctor Domingo cree que hasta ahora los jueces, al sobreseer los casos de páginas de enlaces, no habían dado la razón a la industria cultural. «Por eso han tenido que crear una comisión que actúe en paralelo».