La «Coalición de Creadores acaba de difundir un vídeo acompañado de un informe donde se «desvela el verdadero negocio de los parásitos de internet». Tanto uno como otro están trufados de cifras de ganancias y pérdidas rimbombantes que nos suenan a chino hasta a los abogados que llevamos este tipo de casos y a los que […]
La «Coalición de Creadores acaba de difundir un vídeo acompañado de un informe donde se «desvela el verdadero negocio de los parásitos de internet». Tanto uno como otro están trufados de cifras de ganancias y pérdidas rimbombantes que nos suenan a chino hasta a los abogados que llevamos este tipo de casos y a los que la historia que nos dibujan nos parece una realidad paralela que nada tiene que ver con los asuntos que nos han encomendado.
La única lectura que soy capaz de hacer del informe presentado no es sobre su contenido sino sobre lo que significa su aparición en unos momentos en los que la industria discográfica y cinematográfica está perdiendo todos los procedimientos iniciados contra páginas de e-links y que se ve necesitada de un cambio urgente de las normas del juego que les permita levantar cabeza.
Se llama «etapa prelegislativa» a aquella fase en la que se procura constatar la aparición de una disfunción social que merece una intervención penal. No se requiere que esa disfunción sea real, sino que basta con que lo parezca. A pesar de que el intercambio de obras intelectuales es algo que preocupa a un concreto sector empresarial, su presencia en los medios de comunicación -motivada por estrategias de comunicación como la que supone este informe- es tan elevada que parece un problema nacional más que la inquietud de un interés privado.
En lo relativo a la regulación penal de las actividades de los usuarios de redes p2p y de las páginas de e-links, nos encontramos en esa etapa prelegislativa. La industria musical y cinematográfica, acudiendo en ocasiones a comparaciones desmesuradas, procura sugerir al legislador que estamos en un estado de emergencia que precisa de su intervención urgente. Basta echar un somero vistazo al tono con el que se elabora el vídeo de la «Coalición de Creadores» o a las declaraciones habituales de las empresas y entidades que la forman para detectar con total claridad el panorama desolador que se dibuja al poder legislativo para justificar que se convierta en una actividad criminal la conducta de los administradores de las páginas de enlaces y la de los propios usuarios que intercambian archivos. Como los cambios legales que se solicitan no son poca cosa -que usuarios «que piratean en Internet tengan las mismas penas que las redes mafiosas», como publicó en su día el diario La Provincia– el panorama desolador que traslada la industria a través de sus informes y de los medios de comunicación es tan llamativo y disparatado como las reformas legales que pretenden.
En la búsqueda de ese clima de alerta, en los tiempos en los que el Tsunami había dejado miles de muertos, la Federación Antipiratería dijo que Internet es «como un gran Tsunami». FEDICINE ha dicho que la piratería es «como el sida» del sector. Por su parte, el director de la OMPI ha dicho que grabar cds «es un asunto de vida o muerte y que es como el terrorismo». Julio Fernández, director de Filmax, ha dicho que contra los que descargan música hay que luchar «con los mismos medios que con los que se lucha contra pederastas y terroristas».
Esta situación, de la que este informe es el último exponente, coincide, como digo, con la etapa denominada pre-legislativa y cuyas características, plenamente aplicables a este caso, se ponen de manifiesto en el libro «La racionalidad de las leyes penales«. Como verán, lo que se dice en el siguiente fragmento describe a la perfección la fase que estamos viviendo:
«El proceso sociológico desencadenante de una decisión legislativa penal se inicia con el éxito de un agente social en hacer creíble la existencia de una disfunción social necesitada de algún tipo de intervención penal […] Para lograr tal éxito ese agente social deberá aportar datos, reales o ficticios, que permitan sentar las bases de una discusión al respecto, y estar además en condiciones de suscitar esa discusión en ámbitos comunicacionales relevantes en la sociedad. […] La disfunción social puede ser, en sus presupuestos fácticos, real o aparente, cualidad esta última de la que los agentes sociales activadores del proceso pueden no ser conscientes, serlo o justamente estar movidos por la intención de hacer pasar por real una disfunción aparente. La frecuencia con que en el ámbito político-criminal se trabaja con disfunciones sociales aparentes, esto es, con representaciones de la realidad social desacreditadas por los datos empírico sociales, no debería subestimarse«.
Fuente: http://www.filmica.com/david_bravo/archivos/010071.html