Probablemente muchas personas todavía se están preguntando qué es la cogestión, «con qué se come eso», cuestionó alguien el año pasado, justo cuando se levantó un revuelo con la expropiación de Venepal, que dio paso a la empresa cogestionaria Invepal, la cual empezó a funcionar luego que el Gobierno le inyectara 13,6 millardos, para levantarla […]
Probablemente muchas personas todavía se están preguntando qué es la cogestión, «con qué se come eso», cuestionó alguien el año pasado, justo cuando se levantó un revuelo con la expropiación de Venepal, que dio paso a la empresa cogestionaria Invepal, la cual empezó a funcionar luego que el Gobierno le inyectara 13,6 millardos, para levantarla de la quiebra y de un conflicto laboral que dejó a más 300 trabajadores sin prestaciones.
Ciertamente, el caso más emblemático de cogestión es Invepal, dado que a partir de él, hace poco más de un año se empezó a hablar de esta figura, que no es más «que una gestión compartida de dos actores, dos socios que comparten la gestión de una empresa», como la define el viceministro de Industria Ligeras, Elio Colmenarez, responsable del Acuerdo Marco de Corresponsabilidad, el cual se creó precisamente hace un año, por iniciativa del Ministerio del Trabajo, como un programa para reactivar el tejido industrial de empresas inoperativas o que estaban a media capacidad.
Bajo la figura de cogestión, actualmente existen alrededor de 120 empresas en el sector privado, de acuerdo con los datos del viceministerio de Industria, organismo dependiente del Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio (Milco).
Estas 120 empresas del sector privado surgieron de las 595 que ingresaron al Acuerdo Marco de Corresponsabilidad, (AMC), que desde marzo de este año se empezó a difundir como el programa Fábrica Adentro, para darle énfasis a la reactivación de industrias; es decir, es un plan para empresas ya creadas, no para fábricas ni compañías nuevas.
Aunque según el viceministro Colmenarez, el AMC será en el futuro solamente una parte de Fábrica Adentro, en el que se insertarán próximamente fábricas nuevas.
Las dos formas. El funcionario del Milco admite que han surgido conflictos y desacuerdos en la implementación de la cogestión en empresas privadas y del Estado, porque es un proceso muy nuevo y tiene una nueva manera de ver las relaciones de producción, donde interviene el Estado.
Admite además, que «es un modelo donde no se han fijado normas» y ha habido acuerdos para poner normas.
No oculta que la expropiación -paso por el cual se ha llevado al modelo cogestionario a las recién creadas Invepal e Inveval (la antigua constructora de válvulas)-, ha generado críticas, sin embargo, recalca que la expropiación es legítima en el caso de decretarse la utilidad pública de la compañía.
Aclara que el gobierno ha echado mano de dos formas para que los empresarios admitan la participación de los trabajadores en la gestión; o bien forzosamente, como es a través de la expropiación, y mediante el Acuerdo Marco de Corresponsabilidad.
Mediante el AMC, se les ofrece a los empresarios ayuda financiera y técnica a empresas inoperativas «casi quebradas», a cambio de la participación de los trabajadores en la gestión y junta directiva, así como de un compromiso con la comunidad y la población donde está la fábrica.
No oculta el viceministro Colmenarez la existencia de un alto porcentaje (que no precisa) que ha desertado del programa.
Actualmente existen en el programa Fábrica Adentro «que es lo mismo que decir, Acuerdo Marco», resalta el viceministro, 595 empresas en las que se han invertido 600 millardos en créditos, que otorgan los organismos financieros del Estado, como Bandes, Banfoandes. Fonpyme y Banco Industrial de Venezuela, a un interés que va desde 4% a 8%. Generalmente se les otorga un año de gracia; y los desembolsos para reactivación y funcionamiento se hacen en tres partes mínimo.
«Algunos empresarios aceptan las condiciones y otros están tan mal que aceptan cualquier cosa a cambio del crédito. Pero siempre les aclaramos que no es un programa para buscar dinero, deben cumplir con las exigencias y el compromiso con la comunidad, como por ejemplo, ceder espacios para talleres de vuelvan Caras», argumenta Colmenarez.
Cuántas están y cómo llegaron. En el sector oficial hay menos casos de cogestión que el sector privado. En el sector oficial se cuentan los entes dependientes del Consejo Nacional de la Cultura (Conac), museos y la Biblioteca Nacional, que tienen en su junta directiva una participación de los trabajadores. En el sector público, también está Alcasa y Cadafe, una de las primeras en adoptar el modelo cogestionario, donde hubo resistencia en un principio, pero ya el modelo de gestión compartida forma parte de los estatutos de Cadafe.
En Invepal, Inveval, Sideroca (fábrica de tubos) y el central azucarero Cumanacoa, el Estado forzó el traspaso de los activos para ser compartidos con cooperativas, a través de la expropiación, lo que supone que los propietarios se les obliga a vender.
Para llegar a la expropiación, primero la Asamblea Nacional debe declarar la utilidad pública, luego se va a la conciliación para acordar el precio y de agotarse esta vía se abre un juicio de expropiación.
En Invepal todavía no se ha fijado precio porque los propietarios no se presentaron y un juez deberá fijar el monto. Fue expropiada el 15 de enero de 2005 y está operativa desde el 11 de abril de este año.
En Inveval, que fue expropiada el 30 de abril del 2005 y todavía está en la fase final de recuperación, tampoco se ha fijado precio porque los propietarios no se han presentado. Mientras, en Sideroca y Cumanacoa cursa el proceso legal y aún no han comenzado operaciones.
INVETEX, CASO PARTICULAR
El proceso en la textilera Invetex no se dio por expropiación ni por cogestión, apunta el viceministro Elio Colmenarez. «Fue un acuerdo de intención, donde el Estado compra activos a un privado», remata. Los propietarios de tres textileras en Tinaquillo firmaron un acuerdo por 16 millardos, cifra que pondría el Estado, para reactivar maquinarias que llevan 10 años paralizadas. A un año del acuerdo aún no han empezado ni se ha hecho ningún desembolso de los 16 millardos. El viceministro explica que por trabas jurídicas y burocráticas no se ha concretado el acuerdo «por eso Invetex aún no existe, creo que tardará unos seis meses en empezar», resalta.
¿QUÉ HAY DEL CONTROL?
El año pasado se presentó un anteproyecto de Ley de Cogestión, «para normarla no queremos que ande realenga», declaró en esa oportunidad, Orlando Castillo, diputado por el PPT y dirigente de Autonomía Sindical.
Ahora un grupo de parlamentarios pretende retomar el anteproyecto.
Por su parte, la diputada y coordinadora de UNT, Marcela Máspero, adelantó que la normativa de la cogestión puede incluirse en la reforma de Ley Orgánica del Trabajo.