Escribo estas líneas en un momento particularmente duro para la soberanía venezolana. El ataque imperialista del 3 de enero y el secuestro del Presidente Nicolás Maduro y de la diputada Cilia Flores marcaron un nuevo escalamiento en una agresión que ya suma más de veintiséis años de asedio contra la Revolución Bolivariana. No estamos ante un episodio aislado. Se trata de un nuevo capítulo en una estrategia amplia y multiforme destinada a quebrar la capacidad de decisión del pueblo venezolano y de su gobierno y, en última instancia, revertir el camino político inaugurado en 1999.
En ese contexto, la dirección del proceso se ha visto obligada a tomar decisiones difíciles. Más allá de los debates tediosos y a menudo leguleyos en torno a la reforma de la Ley de Hidrocarburos —una reforma que, en realidad, ya venía debatiéndose antes del ataque—, lo que sí constituye una concesión táctica que toca fibras sensibles es el actual mecanismo de comercialización petrolera. Pero también conviene decirlo sin eufemismos: la alternativa inmediata a esa concesión no era una soberanía intacta, sino una guerra abierta en condiciones profundamente desfavorables, acompañada por el bloqueo naval. En condiciones de asedio imperialista, incluso los procesos revolucionarios se pueden ver obligados a maniobrar para preservar la vida y garantizar la continuidad del proceso.
Es un golpe duro. Pero también es el resultado de una guerra económica prolongada cuyo objetivo ha sido precisamente cerrar todas las vías de reproducción material del país.
Lenin conocía bien estas situaciones. En los años más difíciles de la Revolución Soviética, defendió la Nueva Política Económica como una retirada táctica necesaria para preservar lo fundamental. La política revolucionaria —insistía— exige saber distinguir entre lo que se puede defender en un momento dado y aquello que constituye el núcleo estratégico del proceso histórico.
Hoy esa distinción vuelve a ser crucial.
Porque la soberanía nacional no se reduce al control de un recurso estratégico, por importante que sea. En Venezuela existe una dimensión igualmente importante: la soberanía popular organizada.
Ese es el terreno de la comuna.
Karl Marx, al analizar la experiencia de la Comuna de París de 1871, escribió una frase que conserva toda su fuerza: “La antítesis directa del imperio era la Comuna”. Lo revolucionario de aquella experiencia no era el cambio de gobierno, sino la aparición de una nueva forma política: una estructura en la que el pueblo trabajador comenzaba a gobernarse a sí mismo.
La comuna representaba así algo más que una institución local o una instancia destinada a resolver los problemas puntuales del territorio. Era la forma política capaz de encarnar la emancipación colectiva.
Esta idea adquiere una relevancia particular en el mundo contemporáneo y, precisamente por eso, Chávez concibe la comuna como una forma organizativa superior destinada a socavar las bases del Estado burgués, terminar con el metabolismo del capital y transformar las relaciones sociales de producción en la sociedad.
El capitalismo, cuya tendencia a la concentración y expansión Marx ya había anticipado, ha asumido en nuestra época la forma que Lenin conceptualizó como imperialismo: un sistema global de dominación y despojo al servicio del gran capital, sostenido por el poder financiero, militar y —cada vez más, y esto lo agregamos desde el presente— comunicacional.
En ese contexto, la cuestión comunal adquiere un significado estratégico.
Como señala Chris Gilbert en su ensayo “Comunas socialistas y antiimperialismo: la perspectiva marxista”, para que las comunas tengan una verdadera potencia antiimperialista, no pueden concebirse como simples espacios de autonomía local desconectados del proceso político nacional. Cuando esto ocurre, el proyecto comunal corre el riesgo de quedar neutralizado o reducido a una experiencia marginal.
La perspectiva marxista —y chavista— apunta en otra dirección. La comuna no es un refugio local frente al sistema, sino una pieza fundamental en una estrategia más amplia de poder y transformación social.
Por eso agrega Gilbert que cuando Hugo Chávez propuso las comunas como “células básicas” del socialismo venezolano, lo hizo dentro de un horizonte explícitamente antiimperialista. No se trataba de construir comunidades aisladas, sino de reorganizar el país en su conjunto y abrir el camino hacia un metabolismo social distinto al del capital.
Chávez lo dijo con claridad en 2009: “Una comuna aislada es contrarrevolucionaria”.
La comuna debía articularse en ciudades comunales, federaciones y, finalmente, en una confederación capaz de desplazar progresivamente al viejo Estado. No era un proyecto localista. Era un proyecto nacional.
Esa apuesta adquiere hoy un significado aún mayor.
En condiciones de asedio imperialista, la capacidad de una sociedad para reproducir la vida con dignidad depende en gran medida de la organización del pueblo trabajador. La producción comunal, la gestión mancomunada de los servicios y la toma colectiva de decisiones se convierten en mecanismos concretos de resistencia y de construcción de nuevas relaciones sociales que apuntan hacia la emancipación.
La reciente Consulta Popular Nacional realizada el 8 de marzo, día internacional de la mujer trabajadora, expresa precisamente esa dinámica.
Miles de comunas en todo el país debatieron y priorizaron proyectos destinados a resolver necesidades concretas: sistemas de agua, iniciativas productivas, infraestructura comunitaria, espacios educativos, deportivos o culturales, etc. Podría parecer un simple mecanismo administrativo dentro del aparato estatal, pero en realidad su potencia es mucho más profunda.
Cada vez que una comunidad decide colectivamente cómo organizar su vida material, está ejerciendo una forma concreta de soberanía. Y aquí no estamos hablando de una soberanía abstracta proclamada en discursos, sino de una soberanía practicada.
Esa soberanía popular adquiere un valor estratégico cuando el país enfrenta medidas coercitivas unilaterales y agresiones militares. El objetivo de esos ataques no es únicamente presionar a un gobierno: es desorganizar la vida social y romper los tejidos colectivos que permiten a una sociedad reproducirse con dignidad.
Frente a esa estrategia, la organización comunal funciona como un mecanismo de resiliencia social.
Las comunidades que producen alimentos, que organizan circuitos económicos, que gestionan servicios o que priorizan colectivamente sus recursos construyen una capacidad de resistencia que ningún bloqueo puede destruir completamente.
Por eso la comuna no es solo un experimento democrático. Es también una forma de defensa nacional. En ese sentido, resulta políticamente significativo que, apenas dos meses después del ataque del 3 de enero, el gobierno nacional —con la Presidenta (e) Delcy Rodríguez al frente— haya decidido centrar las consultas populares. En un momento en que el imperialismo impulsa la desaparición del poder popular, la apuesta ha sido la contraria: mantener la democracia comunal como columna vertebral del proceso revolucionario. Esa decisión expresa una comprensión estratégica: que, en medio del asedio, la principal fortaleza de la Revolución Bolivariana no reside únicamente en las instituciones del Estado, sino en la organización territorial del pueblo trabajador. En tiempos de agresión imperialista, fortalecer el poder popular no es un lujo político: es una necesidad histórica.
Como recuerda Gilbert, Marx planteó que las relaciones comunales constituían la antítesis fundamental del sistema basado en el intercambio de mercancías. Mientras el capitalismo convierte las relaciones sociales en relaciones entre cosas —mediadas por el dinero, el mercado y el capital—, la producción comunal implica control colectivo sobre las actividades productivas.
Ese control colectivo es, en última instancia, una forma de soberanía.
En Venezuela, esa soberanía se está construyendo en miles de comunas —algunas más robustas y consolidadas, otras todavía muy incipientes— donde la política deja de ser un asunto distante y pasa a convertirse en una práctica cotidiana.
Por supuesto, el camino de la comuna está lleno de contradicciones. La construcción del Estado comunal convive con estructuras burocráticas heredadas, con enormes dificultades económicas y con las tensiones propias de cualquier proceso de transformación histórica.
Pero incluso en medio de esas tensiones, la comuna sigue representando una apuesta estratégica. Porque en un mundo donde el poder se concentra cada vez más en corporaciones y centros financieros, la idea de que las comunidades puedan gobernar directamente aspectos fundamentales de su vida colectiva tiene una potencia profundamente subversiva.
Defender a Venezuela frente al imperialismo no significa solamente denunciar las agresiones externas. Significa también defender y profundizar las formas de organización popular que pueden sostener la vida cotidiana del país con dignidad.
Si en determinados momentos la soberanía nacional debe maniobrar o ceder terreno en ciertos ámbitos para resistir el asedio, hay un terreno donde debemos hacer todo lo posible para que no haya retroceso: el de la soberanía popular en el territorio.
Porque allí se encuentra la raíz más profunda de este proceso histórico.
El petróleo puede ser objeto de negociaciones tácticas. Las correlaciones geopolíticas pueden cambiar. Las coyunturas pueden obligar a tomar decisiones difíciles. Pero mientras exista un pueblo organizado capaz de gobernar sus territorios, la posibilidad de construir una sociedad distinta seguirá viva.
En Venezuela, esa posibilidad tiene un nombre concreto: la comuna.
Y en tiempos de asedio imperialista, defender la comuna como proyecto nacional es defender la forma más profunda de soberanía: la soberanía del pueblo organizado que produce y comparte en común. Pero esa defensa no puede entenderse únicamente como resistencia. La comuna es también una apuesta estratégica por la ofensiva popular: una ofensiva rebelde pero disciplinada, creadora pero organizada, capaz de convertir la defensa de la vida en la construcción consciente de una nueva sociedad.
Pero esa ofensiva exige actuar sin ingenuidad ni falsas esperanzas. Como planteó Ramón Grosfoguel en un video reciente, el momento requiere combinar flexibilidad táctica con firmeza estratégica, evaluar siempre con realismo la correlación de fuerzas, trabajar para recuperar el terreno perdido y prepararnos para nuevos ataques. Porque si algo enseña la historia del imperialismo es que su objetivo último no es simplemente presionar o disciplinar a los procesos de cambio, sino derrotarlos y enterrarlos.
En el caso venezolano, derrotar la Revolución Bolivariana implicaría hacerlo en todas sus dimensiones, incluyendo borrar o desdibujar el horizonte histórico que encarna la construcción comunal, si efectivamente tiene la potencia transformadora que sobre ella proyectamos. Por eso la defensa de la comuna no puede limitarse a la gestión local de la vida cotidiana ni a la resistencia territorial frente al asedio. Debe asumirse como parte de un proyecto nacional de emancipación colectiva capaz de sostener, profundizar y proyectar hacia el futuro socialista.
Porque, en última instancia, lo que está en juego no es solo la supervivencia del gobierno —que por supuesto debemos asegurar—, sino la posibilidad histórica de que un pueblo se gobierne a sí mismo.
Allí reside la soberanía popular.
Y esa posibilidad —como nos recordó Marx hace más de un siglo— tiene una forma política concreta: la comuna.
Fuente: https://humanidadenred.org/comuna-soberania-popular-tiempos-imperialista/
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