Desde que se sacralizó la propiedad privada, la concentración de la riqueza y del poder no cesa de aumentar. Las cercas y las alambradas para delimitar la propiedad han desembocado en los gigantescos rascacielos como símbolo de poder y control. Durante el siglo XX se pretendió poner límites a ese acaparamiento intentando garantizar no sólo […]
Desde que se sacralizó la propiedad privada, la concentración de la riqueza y del poder no cesa de aumentar. Las cercas y las alambradas para delimitar la propiedad han desembocado en los gigantescos rascacielos como símbolo de poder y control. Durante el siglo XX se pretendió poner límites a ese acaparamiento intentando garantizar no sólo unos derechos humanos, sociales y políticos, sino también una serie de bienes y servicios para los ciudadanos. La propiedad pública era necesaria para contrarrestar la propiedad privada y para garantizar unos servicios sociales irrenunciables como la sanidad, la educación, el transporte público, la asistencia social a los ancianos, a la infancia, al desarrollo y la investigación, a la cultura… El capitalismo tenía que competir con el comunismo.
Hasta que cayó el Telón de Acero y Rusia se integró en el capitalismo. Las grandes transnacionales querían más parte del pastel, querían apoderarse de los servicios públicos para hacer negocio con ellos. Así forzaron en 1992 los Acuerdos de Maastricht para presionar a todos los Gobiernos a transferir a las empresas privadas los servicios que las Instituciones Públicas prestaban. Las consecuencias fueron dramáticas no sólo en la parte económica (fuerte aumento de los costes y pérdida de derechos laborales), sino sobre todo en la faceta humana: muchas personas van quedando marginadas y desasistidas, necesidades sin cubrir… proyectos sin desarrollar, etc… El objetivo prioritario es el beneficio económico, ganar más, aunque sea a costa de la salud o incluso de la misma vida de las personas.
Los proyectos de muchos gobiernos democráticos se vienen abajo. Las instituciones quedan vacías de poder al carecer de medios para intervenir en la economía, en la redistribución de la riqueza y en las necesidades sociales. Con la privatización de servicios públicos desaparece el carácter social del Estado y por tanto el gobierno democrático. A partir de ahora los políticos están desarmados y al servicio de los amos del mundo, los banqueros y financieras.
Pero hay todavía otra nefasta medida que enriquece más a los más ricos e impide cualquier realización democrática: me estoy refiriendo a la legalización y fomento de la especulación. Todo se compra y se vende: papel (acciones), monedas (divisas), derechos, empresas, e incluso lo que no existe. La economía global ha convertido el mundo en un gigantesco casino en el que poder enriquecerse mediante la especulación con todo tipo de bienes y servicios, con la salud y con la misma vida de las personas… Todo se ha convertido en mercancía: las personas con su fuerza de trabajo o mano de obra que genera plusvalía; las monedas se compran y venden, con lo cual su valor queda en manos de los especuladores y no de los gobiernos; las propias empresas son objeto de compra-venta con fines especulativos y no productivos. Hay banqueros y especuladores de alto nivel que obtienen beneficios de miles de millones en operaciones realizadas en segundos, provocando previamente una situación favorable de manera artificial utilizando informaciones privilegiadas mediante abuso de poder. Operaciones que están por encima del poder de los gobiernos o que incluso éstos mismos desconocen.
Estos movimientos especulativos se realizan al margen de cualquier consideración ética y algunos de ellos tienen consecuencias dramáticas para la humanidad, provocando a veces la muerte (bien de hambre o por falta de salud) de millones de personas en algunas áreas de la tierra. No es frecuente escuchar a la Iglesia Jerárquica o a algunos de los que se proclaman paladines defensores de la moral y de las formas democráticas, no es frecuente, digo, oírles condenar la especulación por inmoral y asesina.
La democracia aparente
Tras largos años de sangrienta dictadura, también el régimen franquista se vio forzado a adoptar formas políticamente correctas según los cánones internacionales de la teoría política. El salto de la dictadura a la monarquía se hizo por imposición y el rey se convirtió en soberano de la nación española, heredando los poderes del dictador. Pero era conveniente vestir al poder con apariencias democráticas, formar un parlamento, elaborar una Constitución, llevar a cabo una transición…
La democracia echa a andar con la participación de los partidos políticos y éstos intentan hincar sus raíces en el terreno del pueblo, en las bases de la sociedad, pero es tal el ansia de control y de poder, que terminan por bloquear la participación popular: Las Asociaciones de Vecinos eran un cauce de participación y reivindicación, aunque muy moderada, durante la dictadura. Una vez que empiezan a funcionar los partidos políticos, acuden a las Asociaciones de Vecinos, pero no para dinamizarlas o democratizarlas, sino para controlarlas. Yo he vivido situaciones dramáticas cuando nos expulsaron de la Asociación a los vecinos más críticos y de izquierdas.
Las primeras elecciones municipales abrieron las puertas no solo a los partidos políticos sino también a los ciudadanos al interior de las corporaciones locales (Ayuntamientos y Diputaciones). Los Plenos se realizaban en un salón abierto al público; allí se debatía hasta llegar a acuerdos institucionales. Por medio de pactos entre los partidos políticos se fueron eliminando los debates, hasta llegar al extremo de que los Consejos de Gobierno de Diputación ya no se hacían en el salón público. Los Diputados adoptaban los acuerdos en privado y al final llamaban al Secretario para que diera fe, es decir, para que firmara. Hubo algún conflicto político con el Secretario pero se resolvió con dinero y al final éste se convirtió en una figura decorativa.
Además de la separación de la ciudadanía (por parte de los políticos) de las esferas burocráticas y del poder, la brecha total y definitiva se abrió cuando cerraron materialmente las puertas de las Instituciones a los ciudadanos. Imitando a las grandes Corporaciones multinacionales, blindaron el acceso a los edificios y despachos de los políticos contratando a empresas de seguridad. El ciudadano que pretenda ahora entrar en un Ayuntamiento de cierta entidad o una Diputación (lugares al servicio del ciudadano, en teoría) debe entregar su carnet de identidad, explicar adonde va y pasar por una máquina que registra sus pertenencias. Han convertido las Instituciones Públicas en mansiones para su deleite, con profusión de lujos, moquetas y cuadros (alguno llegó a bañar en oro la grifería del water). Esos espacios privilegiados los reservan para tramar sus hazañas burocráticas, al tiempo que derivan a otros edificios de la ciudad las oficinas administrativas de trámites o recaudatorias.
La globalización no se reduce sólo a la economía, movimiento de capitales y transacciones comerciales. También alcanza al campo de la política, pues ésta concibe el poder de manera absoluta, aunque sometida al poder económico. Los políticos ya no tienen herramientas de poder, gobiernan y legislan a nivel local, nacional o internacional para beneficiar y proteger los intereses de banqueros y financieras. Su poder lo perdieron al privatizar los servicios públicos y regalar el control económico a los grandes bancos privados. Los políticos son hay unas marionetas en manos de los amos del mundo, los grandes capitalistas, pero éstos también saben pagar favores a sus eficientes siervos y les regalan importantes puestos en sus empresas cuando dejan la vida política.
El poder de los fuertes grupos económicos supera con creces al de los gobiernos, que se ven realmente superados e indefensos ante las maniobras especulativas que ejercen sobre ellos a través de la deuda que emiten y pueden llevar a la bancarrota y a la ruina de un país entero. El poder recaudatorio de las Instituciones del estado queda reducido a los que menos ingresos tienen, porque los grandes empresarios y capitalistas evaden sus impuestos a través de los paraísos fiscales, los libros contables falseados o simplemente planteando un descarado chantaje, amenazando con trasladar su empresa a otro país si les cobran los impuestos que les correspondería pagar.
La herencia de la dictadura.
La persecución política desatada por la dictadura durante un período tan largo de tiempo, sumada al desarrollo económico de postguerra, favoreció la falta de conciencia política en la sociedad española. Cuando se abrió la puerta a los partidos políticos y los sindicatos, los trabajadores permanecieron un poco a la expectativa sin terminar de creérselo del todo. Cuando por fin se fueron acercando y algunos se terminaron afiliando, lo hacían más con un espíritu corporativo que por conciencia de clase. La pregunta que flotaba en el aire era: ¿qué me ofrecéis?, ¿Qué subida nos vais a sacar este año?, ¿cuándo nos vais a resolver este problema que tenemos o que tengo yo? Como si el sindicato fuese un seguro al que pagabas una cuota y podías exigirle tu defensa. Yo solía decir que el sindicato no era nada mágico que recibía la fuerza del cielo; la fuerza del sindicato eres tú en unión con tus compañeros; el sindicato no sirve para nada, sólo es un instrumento, un medio para que los trabajadores se puedan organizar.
Las personas se afiliaban al partido o al sindicato para buscar protección o ventajas, para «sacar partido». La figura de los «liberados» se fue institucionalizando y la organización política y sindical se fue profesionalizando. Los liberados sindicales iban perdiendo contacto con la realidad laboral y los políticos la perdían con la realidad social. Se fueron distanciando de las bases al tiempo que perdían credibilidad… Algunos se afiliaban al sindicato para garantizar el puesto de trabajo para el hijo, o al partido político para tener más posibilidades de entrar a trabajar en alguna Institución pública.
La acción política debería haber echado sus raíces en el pueblo y no lo hizo, más bien lo utilizó como plataforma de apoyo. El único interés es conseguir los votos que dan poder, aunque para ello se hagan promesas falsas y se proclamen consignas huecas. Los ciudadanos interpretan la política hoy de manera oportunista, sin creer en sus mensajes y menos aún en su futuro. El resultado es un divorcio entre ciudadanía y políticos. Los políticos se han acostumbrado a campar a sus anchas sin ningún tipo de control, más preocupados de «sacar partido» de su cargo que de servir al pueblo. La corrupción se ha extendido como la pólvora y las Instituciones parecen empresas en las que se pueden enriquecer los políticos mientras permanecen en ellas. Los ciudadanos están desencantados y desmovilizados porque contemplan cómo los políticos se empeñan sobre todo en defenderse a sí mismos y ocultar sus fechorías, al tiempo que elaboran nuevas leyes que son muy rigurosas contra quienes se atreven a cuestionar el orden establecido o a rechazar su autoridad.
Invocar la democracia es una quimera y cualquier apariencia real es sólo una ficción. De ella sólo queda el nombre.
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