Traducido del portugués para Rebelión por Alfredo Iglesias Diéguez.
Desde 2015 escuchamos incesantemente la letanía de que el sector público está gastando más de lo que recauda, conformando los llamados déficits fiscales. Desde ese momento, las interpretaciones acerca de los condicionantes que nos llevaron a esos resultados son escenario de intensas disputas, no sólo en el ámbito económico, también político.
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Las respuestas económicas delante de este cuadro pasaban por identificar donde se originaba ese desacompasamiento entre ingresos y gastos. Si por un lado algunos economistas apuntaban el deterioro de los ingresos, debido a la crisis económica y a la disminución del ritmo de crecimiento, por otro lado, otros economistas apuntaban el origen del problema en la supuesta aceleración de los gastos públicos, por lo que el descontrol de los gastos sociales habría llevado a los resultados negativos del presupuesto público.
La segunda posición salió exitosa y el ajuste se dio por el recorte de los gastos. En 2017 asistimos a la aprobación de la llamada Enmienda Constitucional del “Techo de Gastos”, que establecía, para los siguientes 20 años, un límite para el crecimiento de los gastos vinculado a la inflación, con el objetivo de reducir el gasto primario del gobierno federal. Gastos que se relacionan con la gestión de la maquinaria pública y al mantenimiento de los servicios básicos esenciales para el conjunto de la sociedad brasileña.
En esa época muchos economistas cuestionaron la validez de una regla tan rígida, que impacta directamente en el mantenimiento de las políticas sociales y de las instituciones públicas. Organismos internacionales, como el propio FMI, alertaban para el anacronismo de reglas fiscales tan rígidas, que no serían capaces de ser cumplidas.
Además de eso, la forma como se configuró la Enmienda Constitucional 95, aún en una coyuntura favorable, de crecimiento económico y de elevación de los ingresos públicos, esos resultados no podían tenerse en cuenta para la ampliación de los gastos sociales. Ante la regla del “Techo”, los gastos en políticas sociales están, definitivamente, congelados.
En un país como Brasil, de estructura productiva poco dinámica, un mercado de trabajo deteriorado y un profundo índice de desigualdad social y de pobreza, la actuación del Estado es un factor fundamental en la dinamización de la economía a través de la inversión pública. En otras palabras, es deber del Estado proveer en un país con índices altos de extrema pobreza un sistema público de asistencia social que garantice salud, educación y renta, además de impulsar la dinámica económica que promueva generación de empleos y desarrollo económico en su sentido estructural.
El mercado no se responsabilizará de esos servicios, tampoco se pretende que nos lleve a una modernización productiva, pues su lógica reside en la obtención de lucros y no en la garantía del bienestar colectivo y el desarrollo nacional.
En ese sentido, la existencia de una regla que inmoviliza la actuación estatal, que criminaliza su gestión e interrumpe la razón de ser del Estado, debe ser frontalmente rechazada.
Además, la existencia de ese mecanismo no ha resuelto nuestros problemas económicos, desde 2015 vivimos en una economía estagnada, con alta capacidad ociosa y alto índice de desempleo, consecuencias directas de la caída de las tasas de inversión, que hoy están en el más pequeño nivel de los últimos 50 años. Es evidente, por lo tanto, que estamos lejos de estar en la tan prometida reanudación de la economía, por el contrario, hasta ahora los resultados son los más desastrosos de las últimas décadas.
La llegada de la pandemia del coronavírus a Brasil muestra lo inadecuado de esta regla ante las responsabilidades de la gestión pública. Inmediatamente fue necesario crear medidas que agujerearan el techo, a través de la aprobación del Presupuesto de Guerra, pues el mantenimiento del Techo de Gastos hacía imposible implementar algunas medidas de emergencia, que de este lado del ideal, ya posibilitaron la supervivencia de miles de brasileños.
Pero los desafíos deflagrados por la coyuntura no terminan en diciembre de este año –momento que llega al fin la suspensión del techo–, por el contrario, las proyecciones nos conforman enormes desafíos para el futuro, que se harán mayores y inmanejables si el Estado no fuese el agente en la conducción de un plan de reanudación económica que pase, necesariamente, por la efectivación de un conjunto amplio de inversiones públicas y, que, sólo será posible con la revocación inmediata del Techo de Gastos.
La búsqueda de resultados contables positivos, en el que nuestras cuentas estén controladas a cualquier precio, no deben solaparse a los intereses colectivos y la garantía del bienestar social mínimo. Además, estas dimensiones no son divergentes, otras coyunturas nos mostraron que la inclusión social es un importante elemento de dinamismo económico, como el que vivimos en los llamados años 2000.
Así, no es ninguna herejía económica afirmar que la política económica debe recorrer el precepto fundamental de garantía de la vida, principio por el cual las actuales reglas no son aconsejables. La coyuntura deja claro que la utopía de un país más justo, definitivamente, no cabe en el techo de gastos.
Fuente: https://www.brasil247.com/blog/a-construcao-de-um-pais-socialmente-justo-nao-cabe-no-teto-dos-gastos
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