Celia Perdomo, representante del colegio Yale, fue clara: «a mi hija no la van a discriminar. Queremos pagar lo justo y estamos dispuestos a denunciar hasta el final», dijo. Al igual que ella, otros padres denunciaron ante el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) un […]
Celia Perdomo, representante del colegio Yale, fue clara: «a mi hija no la van a discriminar. Queremos pagar lo justo y estamos dispuestos a denunciar hasta el final», dijo.
Al igual que ella, otros padres denunciaron ante el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) un incremento de 118% en la matrícula de esta institución ubicada en Colinas de Los Ruíces.
«Siempre acatamos los aumentos del colegio, pero este año el aumento se hizo de manera unilateral, sin consultar en Asamblea a los padres y representantes. Hay amenazas contra los niños que no paguen el aumento», agregó Perdomo.
El caso del colegio Yale no es aislado, datos ofrecidos por la directora nacional de conciliación del Indepabis, Lisbeth Rondón, señalan que para la fecha 215 colegios del país serán sancionados por infringir el decreto oficializado en Gaceta nº 39.719 que fija en 22% el tope máximo para los aumentos en la matrícula correspondiente al año escolar 2011 – 2012 en los colegios privados.
La puesta en marcha de tal resolución no estuvo exenta de polémica. Gremios que aglutinan a representantes de la educación privada rechazaban, incluso antes de la publicación de la medida, una decisión que, para algunos, representaba una injerencia en la manera en que los padres decidieran orientar la educación de sus hijos.
Previo a la resolución oficial, organizaciones como la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas (Andiep) y la Cámara Venezolana de Educación Privada (Cavep) instaban vía notas de prensa publicadas en sus portales web y estudios económicos presentados a las Asambleas Generales de Padres y Representantes a apoyar la aprobación de un aumento cercano al 30%, con el argumento de que éste debía cubrir los ajustes por aumentos salariales y los costos a causa de la inflación.
No obstante, la ministra de Educación, Maryann Hanson explicó en declaraciones hechas a AVN que el Banco Central de Venezuela participó en la definición de la resolución, en tanto es el organismo encargado de establecer, de acuerdo al índice de inflación anual y al índice de precios al consumidor, un ponderado para definir cuál es el porcentaje justo de aumento de la matrícula.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela sancionada en 1999 no da cabida a dudas; es responsabilidad del Estado garantizar el derecho a la educación, así como minimizar el impacto de las variables sociales y familiares que intervinieron en la disminución de la matrícula en educación básica durante las administraciones previas.
Para materializar esta obligación, el artículo 5 de la Ley Orgánica de Educación establece que los planes, programas, proyectos, actividades y servicios por los que velará el Estado para asegurar a todos y todas igualdad de condiciones y oportunidades en todas las instituciones oficiales, se cumplirá además en todas las instituciones educativas privadas autorizadas.
Con ese cometido en cuenta, el artículo 6 literal i del texto legal deja claro que es el Estado Docente el que regula, supervisa y controla «el régimen de fijación de matrícula, monto, incremento, aranceles y servicios administrativos que cancelan los y las estudiantes, sus representantes o responsables, en las instituciones educativas privadas».
Dentro de este mandato se inserta la resolución conjunta de los Ministerios para la Educación y para el Comercio – vigente desde el 25 de julio de 2011- destinada a regular los aumentos en las matrículas de las instituciones privadas.
El incremento de los planteles privados en Venezuela, derivado de la sistemática política de privatización educativa iniciada en las últimas décadas del siglo XX tuvo sus estragos. Elevados índices de deserción estudiantil en familias de escasos recursos y elitización de la educación eran moneda corriente en la Venezuela de los años 90.
Derribar las barreras que dificultaban la democratización educativa se convirtieron en objeto de las políticas desarrolladas por el gobierno venezolano a partir de 1999, según indica el Informe de Evaluación Educación para Todos (EFA) publicado en el 2000 por la Unesco.
Educación para todos: un compromiso pendiente
Con la filiación del Estado venezolano a la Declaración Mundial de Educación para Todos – hecha en Jomtien, Tailandia, a finales de 1990 – revertir el modelo de privatización de la educación se volvía menester en la agenda política.
No se trataba exclusivamente de un compromiso adquirido con organismos internacionales. Una deuda social pululaba en la génesis del problema. Para el año 2004, el resumen latinoamericano titulado «Venezuela: Logros en salud y educación», publicado por el diario Vea, denunciaba que la privatización de la educación en el país, iniciada en la década de los 80, redujo el gasto público en esta materia a un mínimo histórico: de 4,7% en 1985 a 2,5% en 1990.
La implementación de medidas neoliberales de flexibilización económica en América Latina- orquestadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional – fomentó la privatización de la educación pública con el objeto de disminuir la atención e inversión del Estado al respecto.
Desde ese momento, padres y representantes se harían cargo de los costos derivados de la formación de sus hijos, así como serían los sindicatos y las federaciones quienes tendrían la potestad de definir los elementos esenciales de la política educativa.
De la declaración de 1990 emanan los Planes Nacionales de Educación para Todos, cuya principal función es orientar las políticas nacionales para que garanticen la protección de los derechos de niños y niñas, especialmente el derecho a la educación.
La comparación de esta directriz con las conclusiones recogidas en el Informe Educación para Todos: Venezuela, año 2000 – publicado por el Foro Mundial sobre Educación de la Unesco – hace evidente la desidia de las administraciones venezolanas de finales de los 80 hasta los 90 en relación al tema.
La evaluación revela que una tendencia de exclusión social se mantuvo constante entre los periodos 1989 – 1990 y 1997 – 1998. Los principales problemas eran la deserción y la repitencia. Datos oficiales ofrecidos por el Ministerio de Educación indican que en el decenio 1988 – 1998 la matrícula de estudiantes en Educación Básica de dependencia nacional había presentando un crecimiento de apenas 4,60 %.
Una relación directa entre la disminución del gasto público en el ámbito educativo y el descalabro del sistema oficial de educación básica se hacía evidente. Entre los componentes de la privatización educativa el documento destaca «los aumentos desmedidos y obligatorios de los aportes de los representantes a las Comunidades Educativas».
Estado Docente: garante de inclusión
Ante un panorama signado por la privatización educativa y la deserción en los sectores más desasistidos de la población venezolana, fue una consecuencia lógica que el Estado asumiera la responsabilidad de garantizar la continuidad de las actividades educativas en todas las instituciones, incluyendo las privadas, como reza el artículo 5 de la Ley Orgánica de Educación.
En una entrevista ofrecida a Venezolana de Televisión el 8 de agosto, la ministra Maryaan Hanson destacó que la deserción escolar había disminuido cerca de 50% en los últimos doce años, al igual que el índice de repitencia, cuya cifra se aproximaba al dato anterior.
Puntualmente, la representante del despacho educativo explicó que en Educación Primaria para el año 1999 la deserción era de un 5%, actualmente se ubica en 1,4%. La repitencia, por otra parte, pasó de 6,9% en 1999 a 3,5% en 2011.
En Educación Media, las cifras aportadas por Hanson desvelan lo siguiente: la deserción escolar se redujo de 15% en 1999 a 7.7% en 2011, mientras que la repitencia disminuyó a 5,9% para este año, en contraste con el 10% en el que se ubicaba para 1999.
La regulación de los costos en matrículas y mensualidades de los planteles educativos privados forma parte de las políticas que permiten al Estado velar porque los valores de inclusión y no discriminación sean extensivos a toda la población estudiantil venezolana.
Pese a que mediante el decreto que fija en 22% el límite para el incremento en los planteles privados se advierte que las instituciones infractoras de tal disposición, o las que realicen prácticas evasivas serán sancionadas de conformidad con la Ley Orgánica de Educación y la Ley de Reforma Parcial de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, algunas instituciones siguen fijando aumentos que superan con creces el monto fijado.
Las oficinas estadales del Indepabis continuarán fizcalizando los planteles educativos, a fin de cerciorarse de que no incumplan el decreto y de que el monto de los aumentos se decida en Asamblea General de Padres y Representantes, como también lo estipula la resolución publicada en Gaceta Oficial nº 39.719.
Con estas gestiones la ministra agregó que el año escolar 2010 – 2011 que recién culmina cierra con una cifra digna de ser celebrada: en un 114% aumentó la cifra de bachilleres egresados en el país.
Este dato, aunado al casi 100% de culminación en educación básica de los niños que ingresan a primer grado constituyen los avances que han hecho posible hacer de Venezuela lo presentado por el viceministro de Desarrollo Académico, Rubén Reinoso, ante el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas (Ecosoc): el Aula más grande del mundo.
Fuente: http://avn.info.ve/node/72762