Traducido para Rebelión por Susana Merino
Desde que se anunciara que la ciudad de Sao Paulo sería una de las sedes de la Copa del Mundo y de que se había escogido al futuro estadio de Corintians en el barrio de Itaquera, como uno de los centros de los partidos del mundial, vivimos con euforia la perspectiva de asistir a este gran acontecimiento, a realizarse por fin en nuestra tierra luego de 64 años de sernos ajeno y también como un sueño de valorización de la ciudad y de mejoramiento de las condiciones de vida que el campeonato debería dejarnos.
Nosotros también como hinchas, festejamos que Brasil haya sido elegido y nos alegramos de participar en un evento de tal importancia. Sin embargo la historia de los últimos mundiales muestra que la Copa tanto por las acciones del Comité Organizador Local (COL) como por las del poder público, en lugar de ser un instrumento democrático de inclusión, como lo fue siempre el fútbol, han estado al servicio de otros intereses como la especulación inmobiliaria, el uso indebido del dinero público y a favor de grandes empresas, como los negocios y los patrocinadores del evento. Esto es evidente cuando comprobamos que el control de las obras y las decisiones sobre la organización del mundial quedan a criterio de la FIFA, de la COL/CBF (1) y de sus socios comerciales, excluyendo del debate a la población.
De modo que participar de este mundial como espectador será un privilegio para unos pocos. Las entradas más baratas para los partidos amistosos previos a la Copa de la selección brasileña -contra Holanda en Sierra Dorada (Goiania) o contra Rumania en Pacaembú (Sao Paulo)- costaban entre 140 y 150 reales y los más caros 800. En un país donde la mitad de la población vive con un salario mínimo de 545 Reales, significa que se debe destinar un 26% del ingreso mensual para asistir a un partido con la entrada más barata. Y eso no es solo con el Mundial. En un relevamiento hecho por la ANT-SP (2) sobre las expectativas de lucro del directorio del Corintians para que la construcción del estadio fuese comercialmente viable, el ingreso a través de los partidos del club deberían incrementarse en un 96% con relación al valor que actualmente se cobra en el Pacaembú, es decir a un promedio de 75 Reales equivalente al 14% de un salario mínimo.
Cuando afirmamos que no están siendo tenidos en cuenta los intereses de la población, estamos haciendo extensiva este alerta a lo que llamamos el «legado de la Copa del Mundo» El hecho es que las inversiones en obras de infraestructura incluidas en el paquete del evento no están pensadas para atender las necesidades de las zonas de los estadios de las ciudades sede. Los barrios elegidos como zonas de intervención para el mundial, no lo han sido para llevar desarrollo a una población empobrecida sino para lograr una valorización inmobiliaria de esas zonas. Tal el caso de Itaquera en que las obras para la Copa del Mundo incluyen nuevas vías de acceso y el consiguiente parque lineal para el que se ha previsto la expropiación de favelas que desde hace mucho tiempo ocupan zonas de riesgo y nunca recibieron la debida atención del estado y para el mantenimiento de condominios del sector de mayores ingresos, que contrasta con el tratamiento dirigido a los sectores más vulnerables.
Ello implica que la propia obra del estadio en la zona, como lugar de eventos, sigue la línea de transformar el barrio actualmente habitado por una población pobre en una zona noble, con edificios más caros, para un público de mayor nivel adquisitivo.
De este modo, junto a la valorización inmobiliaria y al desplazamiento de la población que será desplazada para dar lugar a las obras de infraestructura y de esparcimiento habrá una gradual expulsión de habitantes y comerciantes locales. Eso se deberá al aumento del precio del metro cuadrado, al aumento de los alquileres y de los impuestos, a los valores de los condominios de modo que aumentará el costo de vida de los actuales habitantes de la zona. Esos habitantes tendrán que mudarse a barrios más alejados y con menos ayuda del poder público, reflejada en la mayor precariedad del transporte público, del saneamiento, del empleo, los hospitales, etc. De modo que la población que creía vislumbrar un mejoramiento de sus condiciones de vida con la perspectiva del legado de la Copa, verá en cambio el empeoramiento de sus condiciones a través del aumento de la exclusión social.
A causa de estas perspectivas varios grupos se han movilizado para resistir este proceso de ataque a los derechos básicos de la ciudadanía. Tal el caso de los comités populares en las ciudades sede, que reúnen a varias asociaciones de los barrios involucrados y movimientos sociales por el derecho a la vivienda -incentivados a crearse por Raquel Rodnik relatora especial por el derecho a la vivienda de las Naciones Unidas- el Tribunal Popular de la tierra que se llevará a cabo este año para discutir sobre el uso de la tierra en Brasil y la ocupación del espacio urbano y nosotros la Asociación Nacional de Hinchas que no queremos ver al fútbol como instrumento ni como excusa para la violación de los derechos humanos.
Algunos hechos corroboran nuestra tesis sobre el incremento de la exclusión a partir de la expulsión hacia áreas más alejadas de poblaciones vulnerables de las zonas en las que está interesado el mercado inmobiliario. Estamos asistiendo en todo el país en estos últimos meses a los ataques sistemáticos a poblaciones carenciadas como también a desplazamientos sin planificación que contemple los derechos de esas familias. El caso de Rio de Janeiro es emblemático: hay habitantes que han sido desplazados hasta 50km de sus antiguas viviendas sin que el estado les haya otorgado mínimos recursos. Muchas familias de las que hoy viven en casas irregulares, fueron expropiadas sin recibir la más mínima indemnización. Como si favelizar en barrios más periféricos, escondiéndolos de los turistas y de la clase media, resolviese el problema.
Nosotros la ANT, estamos a favor de la Copa del Mundo en Brasil. Pero para que se haga atendiendo a las espectativas de la población y no las de una minoría privilegiada. Entendemos por lo tanto que la participación del pueblo en la fiscalización del uso del dinero público en las cobranzas, para que el estado garantice la ética y el respeto a los brasileños y en las decisiones sobre las obras futuras, es fundamental. Si no nos lo planteamos firmemente los lobbies de las grandes empresas y los socios de los organizadores quedaran en libertad de actuar solamente en defensa de sus propios intereses.
Mateus Novaes y Fernando Paganatto son miembros de la Asociación Nacional de Hinchas – ANT e integrantes del Tribunal Popular de la Tierra