Jadaliyya.com Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández (Foto: Martinelle vía Pixabay) Las ciudades de la Península Arábiga, desde Dubai hasta La Meca, evocan a menudo imágenes de cosmopolitismo, utopismo y ambiciosos planes de megadesarrollo urbano. En los últimos años, dado el mayor interés mundial en la política y regímenes laborales opresivos de […]
Jadaliyya.com
Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
(Foto: Martinelle vía Pixabay)
Las ciudades de la Península Arábiga, desde Dubai hasta La Meca, evocan a menudo imágenes de cosmopolitismo, utopismo y ambiciosos planes de megadesarrollo urbano. En los últimos años, dado el mayor interés mundial en la política y regímenes laborales opresivos de los Estados del Golfo, estas mismas ciudades también se han vuelto notorias por el enclave de sus estructuras urbanas, que segregan los espacios no solo por líneas de clase, sino por etnia y nacionalidad. Sin embargo, las geografías urbanas menos prósperas, habitadas por trabajadores expatriados con bajos salarios, siguen estando excluidas de la mayoría de las discusiones académicas y periodísticas. Por tanto, nunca ha sido más urgente llamar la atención sobre la difícil situación de estos trabajadores, que han sido los más afectados por la pandemia de COVID-19 en curso. Un hecho que revela cómo las estructuras espaciales y sociales de marginación son una amenaza para el bienestar urbano en las sociedades neoliberales contemporáneas. Esta marginación, al adoptar la forma de una exclusión duradera y sistemática de los derechos civiles y la infraestructura básica, socavó el derecho de los expatriados a la ciudad y los colocó en una posición particularmente vulnerable. Arabia Saudí, como hogar de la tercera población migrante más grande del mundo y clasificada entre los quince principales países en términos de casos de COVID-19, ofrece un estudio de caso crucial para comprender estas políticas espaciales y abogar por una política urbana pospandémica basada en la sostenibilidad y la inclusión.
Las geografías de la infección
La fragmentación espacial en el corazón de la mayoría de las ciudades de la Península tiene sus raíces en la estructura social que traza fronteras entre lo indígena y lo extranjero o “forastero”. El forastero aquí es el trabajador expatriado que ocupa toda una variedad de trabajos, ya sea en escasas profesiones cualificadas, como la medicina y la ingeniería, en el servicio doméstico, que es lo más común, o en el trabajo no especializado cuyo papel es fundamental para la construcción y el funcionamiento de las ciudades. Etiquetados como “trabajadores invitados”, sus encuentros con la vida de la ciudad giran en torno a su experiencia laboral, considerada temporal y carente de perspectivas de ciudadanía dentro de los países que construyen. Esta temporalidad, junto con el sistema de patrocinio (kafala) que la gobierna, son los principales ingredientes de su existencia marginada.
En las ciudades de Arabia Saudí, al igual que en las de los países vecinos, la nacionalidad y el estatus social gobiernan las geografías y tipologías de vida siguiendo una estructura específica: muchos locales residen en unidades independientes dentro de vecindarios de tipo suburbano; los saudíes de ingresos medios y bajos, junto con algunos profesionales migrantes cualificados, viven en apartamentos y pisos; y el resto de los trabajadores migrantes poco cualificados viven en distintos tipos de alojamiento repartidos por la ciudad. Las viviendas de este último grupo, compuesto a menudo por hombres solteros, están restringidas a sus lugares de trabajo y son sus empleadores quienes se las proporcionan. En la mayoría de los casos no disponen de la opción de mudarse a otro lugar sin infringir su visado de trabajo.
En la capital, Riad, los migrantes constituyen el 36% de la población total de la ciudad. Los trabajadores migrantes poco cualificados ocupan viviendas que van desde campamentos asignados en las afueras de la ciudad, hasta unidades compartidas alquiladas en edificios de uso mixto a lo largo de corredores comerciales. La mayoría ocupan alojamientos baratos en el centro histórico de la ciudad, en barrios como al-Dirah y al-Shemaysi, que alguna vez fueron vibrantes distritos comerciales pero que fueron deteriorándose a medida que la ciudad se expandía hacia el norte. Estas zonas mantuvieron un nivel de actividad comercial para los residentes de bajos ingresos junto con opciones de vivienda asequible para los más marginados de la comunidad, el 78% de los cuales son migrantes.
A lo largo de la capital, por lo demás en expansión, el alojamiento de los trabajadores migrantes se caracterizó siempre por el hacinamiento y las condiciones insalubres. Donde el espacio individual en las unidades de vivienda de todo el país variaba entre 42 a 60 metros cuadrados por persona, los migrantes tenían alrededor de cuatro metros cuadrados por persona, por lo general restringidos a la zona de su litera. Fueron especialmente las instalaciones habitacionales tipo barracones las que se convirtieron en el caldo de cultivo perfecto para la COVID-19. Según el Ministerio de Salud de Arabia Saudí, alrededor del 70% de los casos de infectados en el país se registraron, durante la primera oleada de marzo, entre grupos de migrantes. A medida que los alojamientos de los migrantes se convertían en focos del virus durante el primer brote de la pandemia, las autoridades saudíes los definían como “lugares peligrosos”. La pandemia ha agravado gravemente las ya precarias condiciones de los trabajadores migrantes con salarios bajos.
Neoliberalismo, crisis e inevitabilidad política
A causa de la pandemia, la naturaleza misma de la estructura social neoliberal global contemporánea se ha visto zarandeada. Los gobiernos locales de todo el mundo se vieron obligados a ponerse al frente para contener y combatir el brote viral y mitigar sus perjuicios económicos. Un problema que no podía resolverse mediante el “emprendimiento individual”. Por lo tanto, surgieron nuevas formas de política que aumentaron, hasta niveles sin precedentes, el papel de las autoridades locales en los asuntos cívicos.
En Arabia Saudí la situación no ha sido diferente. Las autoridades tuvieron que tomar decisiones difíciles a pesar de sus graves consecuencias económicas. A principios de marzo, cuando se anunciaron los primeros casos de infección en el país, se suspendieron los viajes nacionales e internacionales. Las autoridades implementaron medidas de confinamiento que incluían la prohibición de reuniones y el cierre de escuelas, negocios y lugares de culto. Se anunciaron toques de queda totales y parciales en todas las ciudades, junto con un sistema de sanciones estrictas en caso de infracción. Así se continuó hasta junio, cuando las autoridades comenzaron a suavizar gradualmente las restricciones a las actividades económicas. También se reforzaron las capacidades médicas al aumentar la oferta de trabajadores y equipos, tanto dentro de las instalaciones existentes como en las clínicas emergentes recientes (Tetamman) para hacer pruebas y protocolos de intervención, brindando atención gratuita a todos, incluidas las personas sin visado. La respuesta también incluyó el despliegue de una serie de plataformas digitales en varios idiomas para crear conciencia y facilitar hojas informativas, proporcionar evaluaciones médicas y gestionar permisos de movimiento durante el toque de queda. Los esfuerzos para combatir el nuevo virus fueron el resultado de la movilización de varios actores estatales, incluidos el Ministerio de Salud, el Centro Saudí para la Prevención y el Control de Enfermedades (Weqayah) y la Comisión General de Encuestas, entre otros.
Los primeros casos de infección entre las comunidades de migrantes del país se detectaron en seis barrios marginales de La Meca. Posteriormente, las autoridades aislaron los barrios de al-Nakkasah y Ajyad, impidiendo la entrada o salida. Días después, toda la ciudad estaba bajo toque de queda. El Ministerio de Salud envió equipos médicos a estas zonas para realizar pruebas masivas y brindar atención médica. Se realizaron pruebas de campo similares en todas las áreas infectadas de las grandes ciudades, habitadas de forma habitual por una mayoría de trabajadores migrantes. A medida que se agravaba la crisis, el Ministerio de Asuntos Municipales y Rurales (MOMRA, por sus siglas en inglés) se desplegó para abordar el brote entre los trabajadores y, el 13 de abril, se formó un comité para atender tal labor. El comité trató de albergar temporalmente a los migrantes en edificios escolares. A este esfuerzo se dedicaron alrededor de 3.400 edificios.
MOMRA aprobó también varias regulaciones para un conjunto de estándares de diseño para viviendas de migrantes a fin de garantizar condiciones de vida saludables. Estas regulaciones exigían estructuras seguras y duraderas para la vivienda de los trabajadores: un espacio pertinente de doce metros cuadrados por persona, iluminación y ventilación adecuadas, instalaciones correctas de saneamiento y comedor, y la disponibilidad generalizada de productos higiénicos y equipo de protección. Los equipos de inspección de MOMRA dieron a los empleadores cuarenta y ocho horas para rectificar la situación y reubicar a sus empleados de forma que se evitara el hacinamiento. Para facilitar la reubicación, MOMRA creó una plataforma online que permite a los residentes registrar propiedades vacantes disponibles para alquiler o donación. Miles de propiedades fueron rápidamente identificadas y miles de trabajadores fueron reubicados allí. A finales de mayo las tasas de infección entre los migrantes disminuyeron en un 50%. Sin embargo, se inició una segunda oleada de infección como resultado de la flexibilización de las medidas de bloqueo, y el total de casos en el país se duplicaba poco después.
El sistema de patrocinio, o kafala, que tenía como objetivo privatizar la gestión de la fuerza laboral migrante para aliviar a las autoridades de esa responsabilidad, es una de las principales causas de esta crisis de salud. Bajo el patrocinio privado (individual o institucional) y en ausencia de regulaciones, los trabajadores fueron sometidos a prácticas de explotación. Las disposiciones sobre viviendas superpobladas parecidas a las cárceles fueron un ejemplo flagrante. El sistema de kafala restringe el movimiento de los trabajadores y no les permite cambiar de residencia o de empleo sin la autorización del patrono, lo que impide que los migrantes mejoren sus condiciones de vida y de trabajo. La deportación, o la amenaza de la misma, es otra herramienta que los patronos podrían implementar si tuvieran que rescindir los contratos de trabajo. Sin embargo, el gobierno suavizó estas restricciones durante la pandemia, permitiendo así que los migrantes legales aceptaran otros trabajos. No obstante, el 22 de abril, el Ministerio de Relaciones Exteriores ofreció la repatriación voluntaria (awdah) a través de una aplicación online que facilitaba la salida después de obtener la aprobación de los países de origen de los migrantes. Sin embargo, esta medida, vista con buenos ojos, colocó la carga financiera sobre los propios trabajadores, quienes tuvieron en gran medida que pagarse el viaje. A mediados de julio se repatriaron más de 47.500 personas. También se informó de deportaciones a gran escala de inmigrantes ilegales durante la pandemia, a pesar de las seguridades en sentido contrario del gobierno. Jadwa Investment estimó que en 2020 salieron del país alrededor de 1,2 millones de migrantes extranjeros.
Esos desarrollos recuerdan ciertos debates sobre la estructura social en las ciudades del Golfo, uno de ellos en relación con la temporalidad de los trabajadores expatriados y cómo actúa en tiempos de adversidad. Adam Hanieh sostiene que esta estructuración espacial de clases ha proporcionado un “arreglo espacial” que permitió el “desplazamiento de la crisis” desde el Golfo hacia los países de origen de los migrantes. Utiliza la crisis financiera mundial de 2008 para demostrar cómo los Estados del Golfo evitaron muchas de las consecuencias sociales del desempleo cuando se suspendió la financiación de proyectos inmobiliarios al expulsar a miles de trabajadores migrantes. En medio de la pandemia de la COVID-19, el “desplazamiento de la crisis” vuelve a funcionar a través de la expulsión de trabajadores expatriados, que se ha convertido en un mecanismo legal para transferir cargas sanitarias y económicas a otros países.
El desplazamiento de la crisis adoptó también otra modalidad. Las autoridades saudíes intentaron mitigar los impactos económicos de la COVID-19 aprobando varios paquetes de estímulo para proteger a las empresas privadas que habían sufrido financieramente como resultado de la pandemia. Esos paquetes, sin embargo, solo beneficiaron a los ciudadanos nacionales que solicitaron la ayuda, excluyendo en conjunto a los trabajadores expatriados que representaban alrededor del 80% de los empleados del sector privado. Estos tuvieron que hacer frente a una precariedad aún mayor y contaron con pocas opciones reales de conseguir una licencia no remunerada, un cambio de empleo o el regreso a su país de origen. Las autoridades defendieron estas medidas como una continuación de las políticas de nacionalización laboral, conocidas como saudización, que comenzaron hace décadas para reemplazar a los trabajadores extranjeros por nacionales saudíes a través de un conjunto de incentivos a las empresas privadas. Sin embargo, las licencias no remuneradas y la pérdida de puestos de trabajo plantearon desafíos financieros para muchos trabajadores de bajos ingresos, así como para algunas comunidades saudíes vulnerables. Para ayudar a ambos grupos, el Ministerio de Recursos Humanos y Desarrollo Social estableció en abril un fondo con 25 millones de riales saudíes. En asociación con varias organizaciones benéficas, el fondo estableció la iniciativa “nuestra comida es una” para proporcionar cestas de alimentos a los necesitados. Sin embargo, no está claro que una amplia gama de trabajadores de bajos ingresos se haya beneficiado de esas iniciativas.
La marginación de los trabajadores expatriados con salarios bajos por parte de las autoridades saudíes vino auspiciada por la prolongada negligencia ante sus pésimas condiciones de vida. Las autoridades solo han intervenido, como sucedió durante la pandemia, cuando estos trabajadores representaron una amenaza para la salud de la “nación”. La capacidad de diseñar y promulgar normativas sobre las viviendas en tan poco tiempo, y durante épocas de presión social y económica, solo amplifica el hecho de que la decisión de no haberlo hecho así en el pasado era política. Además, dado que los trabajadores migrantes continúan soportando la mayor parte de la carga económica de la crisis, su seguridad financiera y su bienestar general siguen estando en peligro. Como era de esperar, las intervenciones estatales se incrementaron solo en la medida necesaria para proteger la salud pública y, al mismo tiempo, trasladar la mayor parte del riesgo a los migrantes individuales, considerados como una amenaza a la seguridad nacional que debe eliminarse. Esto resalta cómo opera el neoliberalismo en los países de destino de los migrantes y cómo contribuye a las estructuras sistemáticas de la injusticia.
¿Una trayectoria para las reformas?
La crisis de la COVID-19 sirvió para destacar en qué aspectos muchas ciudades funcionaban mal, y la mayoría de las primeras respuestas exigieron un aumento de la capacidad de la infraestructura de la atención médica, incluidos hospitales, pruebas y capacidades de rastreo. Estas demandas se desprendieron de las condiciones sanitarias en el entorno urbano y las desigualdades socioeconómicas subyacentes que determinaron las geografías de la infección. En cambio, las infraestructuras habitacionales sostenibles deben considerarse como el principal mecanismo de defensa contra las enfermedades infecciosas, conformando la piedra angular del bienestar urbano. La pandemia ha demostrado que la mercantilización de la vivienda ha obstaculizado especialmente las iniciativas de construcción de ciudades sostenibles. Disponer de una vivienda adecuada fue reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 como parte del derecho a un nivel de vida apropiado, y estaba en el centro de la Nueva Agenda Urbana anunciada durante la Conferencia de las Naciones Unidas Hábitat III de 2015.
En el caso de Arabia Saudí, el compromiso con el desarrollo sostenible se anunció en 2014 a través del Programa para las Futuras Ciudades Sauditas (FSCP, por sus siglas en inglés), que tenía como objetivo alinearse con las demandas de la Nueva Agenda Urbana de la ONU para la creación de ciudades inclusivas y prósperas. El FSCP implementó diferentes índices para determinar los niveles de prosperidad en las ciudades saudíes, incluido un índice de inclusión social. Sin embargo, los trabajadores expatriados no forman parte de este índice y aparecen como simples números en los datos demográficos. Para que una ciudad sea verdaderamente inclusiva, todos los grupos sociales deben estar incluidos. Para ello conviene explorar la conciliación de conceptos de temporalidad y medios de vida sostenibles basados en el derecho a la ciudad.
La ciudad saudí pospandémica debería colocar la equidad social en el centro de la vida urbana, prestando más atención a las personas marginadas cuyo sufrimiento fue puesto de relieve por la crisis de la COVID-19. Un informe reciente de Amnistía Internacional declara que la “COVID-19 hace que sea imposible ignorar los abusos hacia los trabajadores migrantes en los países del Golfo”, señalando que la pandemia presenta una oportunidad para llevar a cabo reformas que abarquen todos los aspectos de la vida de dichos trabajadores. Tales reformas deben considerar condiciones de vida adecuadas, salarios justos, atención médica y derechos para los trabajadores domésticos, entre otros.
Aunque las recientes regulaciones sobre la vivienda emitidas por las autoridades saudíes son un paso en la buena dirección, es preocupante que estas regulaciones se etiqueten como precauciones contra una pandemia. Dichas reglamentaciones deberían ser una práctica permanente que proporcione la red de seguridad necesaria para proteger los derechos de los trabajadores expatriados con salarios bajos a unas condiciones de vida adecuadas, y no deberían verse como una solución emergente ante la crisis. Además, el hecho de que muchos trabajadores extranjeros se encuentren en condiciones precarias al quedar excluidos del apoyo financiero gubernamental exige una acción inmediata para garantizar la protección de sus medios de vida a largo plazo.
Los desastres y las pandemias mundiales causan destrucción y sufrimiento, pero también presentan oportunidades de cambio. El encuentro con la COVID-19 ha revelado que se deben tomar decisiones políticas sostenibles para desafiar los viejos modelos económicos, ambientales y sociales de gobernanza de la ciudad que están contribuyendo a la creación de diversas desigualdades y vulnerabilidades que amenazan el bienestar urbano. Esta podría ser la llamada de atención que las ciudades necesitan para iniciar un cambio positivo que no deje a nadie atrás.
Noor Tayeh es una arquitecta y académica interesada en la investigación de las prácticas de desarrollo urbano y sus implicaciones dentro de las ciudades de Oriente Medio. La investigación que actualmente lleva a cabo aborda cuestiones de mejora urbana, urbanismo sostenible y gobernanza urbana.
Fuente:
Esta traducción puede reproducirse libremente a condición de respetar su integridad y mencionar a la autora, a la traductora y a Rebelión.org como fuente de la misma.