Mucho se está hablando de las situaciones de extrema gravedad social y económica que está generando en millones de personas en toda España la crisis económica que atravesamos. Sin embargo, son escasas las reflexiones, informaciones y análisis sobre el papel que los servicios sociales municipales están teniendo que asumir ante esta situación tan compleja que está poniendo al límite la propia configuración, recursos y posibilidades de unas políticas sociales que son manifiestamente débiles y escasas. Sus limitaciones históricas y el haberse centrado en atender situaciones de marginalidad, no siendo capaces de articular formas eficaces de apoyo en la incorporación social de amplios sectores de población reduce notablemente muchas de sus posibles intervenciones, careciendo de recursos y dispositivos capaces de atender las situaciones novedosas de pobreza extrema que están aflorando. El presente documento es una reflexión amplia y sin duda comprometida sobre las limitaciones de una política social que está siendo sometida a demandas incapaces de dar respuesta, desde la perspectiva de una profesional que lleva trabajando desde el epicentro mismo de la crisis social desde hace meses.
La crisis económica que venimos sufriendo en estos momentos está afectando de manera extensa cada vez más a amplias capas de población. Si bien es cierto que los primeros sectores que se vieron seriamente dañados por la crisis fueron las personas inmigrantes en general, junto a aquellos trabajadores que desempeñaban puestos de trabajo precarios, poco a poco esta situación se ha ido generalizando y extendiendo a sectores más amplios de población. Así, en los últimos meses se ha producido una modificación sustancial en el perfil de la población que actualmente está acudiendo a los servicios sociales, pasando de ser individuos y familias en su mayoría, con situaciones de marginalidad o vulnerabilidad casi cronificada o, cuanto menos, cíclicas, con dificultades de inserción sociolaboral así como problemática de exclusión social, a una nueva tipología de beneficiarios relativamente normalizada, amplios sectores sociales que nunca hasta este momento habían acudido a servicios sociales.
Estos nuevos usuarios provienen fundamentalmente de una clase media que ha visto como se desplomaba su bienestar y calidad de vida de los últimos años debido a la brusca pérdida de empleo y, en consecuencia de su poder adquisitivo, teniendo que afrontar préstamos tanto hipotecarios como personales en una situación de muy difícil empleabilidad como la que atravesamos. En términos generales, acuden a estos servicios cuando ya han agotado todos sus recursos personales, familiares y sociales (ahorros, prestaciones INEM, apoyos familiares, etc.) y acumulan impagos considerables, con la confianza puesta en que ese mismo sistema al que han venido contribuyendo para su sostenimiento con cotizaciones a la Seguridad Social, les preste ahora un poco de ayuda, «devolviéndoles» una parte de lo aportado desde una perspectiva de solidaridad y redistribución. Sin embargo, tras meses de demora, listas de espera y un sinfín de documentación exigida, se encuentran con un sistema público de prestaciones económicas absolutamente obsoleto, incapaz de ofrecer respuestas ágiles y alternativas eficaces a su situación en la medida que se ha configurado fundamentalmente para población y situaciones de marginación o exclusión social. Ahora bien, el estigma con el que se ha etiquetado tradicionalmente a los servicios sociales más propio de los tiempos de la beneficencia y el asistencialismo, supone un elemento negativo para esta población, que acude a los servicios sociales como última alternativa (a evitar si hubieran podido o si estuviera en sus manos), pero con la vergüenza de tener que hacerlo y poder ser etiquetados como marginados.
Las personas que acuden a determinados servicios públicos, fundamentalmente los de empleo y servicios sociales, se han incrementado considerablemente en los últimos meses, debido a la crisis económica que atravesamos, a la precariedad de muchos empleos y al elevado endeudamiento asumido por las familias, teniendo que abordar su intervención con los mismos recursos humanos con que venía haciéndose cuando la población demandante de prestaciones sociales y/o de desempleo era notablemente menor, lo que explica la saturación y gran demora de estos servicios.
Ello se traduce en un colapso en algunos de los más importantes sistemas de protección social de nuestro Estado de Bienestar, ya que esta problemática está empezando a adquirir tal envergadura que algunas administraciones públicas no están siendo capaces de asumirla, viéndose desbordadas por el creciente número de personas que acuden a demandar ayuda tras haber agotado tanto sus recursos personales y económicos como todas sus redes familiares y sociales.
Pero no se trata solo de un colapso provocado por el número de personas que acuden sino que va más allá, adquiriendo asimismo unas dimensiones cualitativas en tanto que el sistema de prestaciones sociales y económicas está básicamente configurado para una realidad social así como una serie de necesidades y problemáticas realmente diferentes a las que actualmente nos enfrentamos. Así las cosas, se ha producido un importante cambio en las características y circunstancias de las personas que precisan ayudas sociales, lo que exige nuevas respuestas, constituyendo de este modo un importante reto para nuestro sistema de bienestar junto con una necesidad urgente de configurar, procurar y ofrecer novedosas soluciones a esta nueva demanda social.
De esta forma, en estos momentos se da un importante desfase en el binomio necesidades-recursos, donde las primeras superan de manera clara a los segundos no existiendo en consecuencia una adecuación del sistema que permita respuestas eficaces a las agudas carencias que se plantean. Dicho desajuste entre las necesidades y demandas reales con las soluciones o respuestas que el Estado de bienestar está ofreciendo, provoca un gran desequilibrio que está afectando a la población más vulnerable, que lejos de ser una minoría como venía sucediendo años atrás, empieza a convertirse en un sector de población creciente cada vez más relevante, afectando al corazón de amplias capas medias.
El papel de la Administración Pública
Ante esta situación, el aparatoso sistema burocrático sobre el que se fundamenta la Administración Pública pesa como una losa. Parece no acabar de ponerse en marcha y no ser capaz de «reinventarse» con políticas, estrategias, alternativas y respuestas ágiles, imaginativas así como verdaderamente solidarias que en estos momentos se hacen absolutamente imprescindibles, exigiendo por el contrario un sinfín de formularios, plazos, trámites papeleo y requisitos más propios del siglo IXX. Todo ello está provocando enormes colas y listas de espera, arrastrándose una demora que no hace sino acrecentar la situación de angustia y precariedad por la que están pasando numerosas personas y sus familias.
Ante esta falta de iniciativas y este inmovilismo que evidencia un cierto estado de shock, no parece concebible que lo único que se esté ofreciendo a la población afectada sean exactamente los mismos recursos, prestaciones y apoyos que se venían dando hace 4 ó 5 años, cuando la situación económica de las familias, empresas y del propio país eran radicalmente diferentes.
Debilidades en el sistema de protección social
La gravedad de la situación socioeconómica que atravesamos ha evidenciado algunos de los puntos débiles de los sistemas de protección social de nuestra sociedad, fundamentalmente en los servicios sociales y sobre los que muchos profesionales ya veníamos manifestando nuestra preocupación. Algunos de ellos serían:
– El bajo nivel de protección social que ofrecen a la población así como escasa capacidad de respuesta a las necesidades, ya que se han ido configurando y desarrollando principalmente hacia los sectores sociales más desfavorecidos, sobre todo en lo que a prestaciones económicas se refiere. A pesar del principio de universalidad que ampara y dirige la prestación de los servicios sociales, el escenario es otro bien distinto ya que en realidad, no todo el mundo puede acceder a los mismos bien sea porque los ingresos económicos que percibe se consideran excesivos, bien sea porque lo que se ofrece no cubre ni de lejos las necesidades o carencias planteadas. En estos momentos, el sistema de prestaciones económicas de los servicios sociales se dirige básicamente a cubrir necesidades consideradas de emergencia social para cubrir las carencias básicas de alimentación y pagos domésticos para personas prácticamente carentes de cualquier recurso. Además, las cuantías económicas que se ofrecen no constituyen un apoyo sustancial ni eficaz a las problemáticas generadas en el momento actual.
– Marginalidad y estigmatización de los servicios sociales. Habitualmente, se ha considerado a los servicios sociales como un sistema público marginal más próximo a la beneficencia, en oposición a ser considerado como uno de los pilares fundamentales del bienestar social, viéndose éstos como actuaciones que tan solo dirigen sus intervenciones a situaciones extremadamente marginales de las que la sociedad no participa. Estos servicios se ocuparían de aquellas problemáticas que otras administraciones y servicios dan por perdidas ante cualquier tipo de intervención. Acudir a servicios sociales demandando ayuda añade a la persona que lo hace una carga a su situación en tanto que la estigmatiza, conllevando un cierto sentimiento de vergüenza de que ello sea conocido por amigos, vecinos y conocidos por el riesgo que supone de ser etiquetados como marginados.
De este modo, el propio sistema de servicios sociales junto con las connotaciones negativas que la sociedad les atribuye, dificultan el acceso de la población a los mismos y a que se presten unos servicios de manera más universal a toda la población como sería deseable.
Poco se conoce de una gran variedad de intervenciones, actuaciones así como a asesoramientos especializados que se ofrecen diariamente por parte de los profesionales y que va mucho más allá del simple asistencialismo .
– Desconsideración y desconocimiento de los propios sistemas de protección social . Junto a ese estigma de marginalidad que mencionábamos en el punto anterior, se añade la falta de su conocimiento real sobre la labor que en los servicios sociales se desarrolla no solo por la población en general sino por profesionales de otras administraciones públicas, lo que supone, entre otras, dificultades añadidas de coordinación y de trabajo conjunto en determinadas problemáticas que permitirían aunar esfuerzos y optimizar resultados de cara a la resolución de situaciones. Los técnicos sociales cuentan con un amplio abanico de habilidades, conocimientos e intervenciones que suelen utilizar habitualmente, contando además con una visión genérica enriquecida, una capacidad diagnóstica de problemáticas sociales y un conocimiento amplio de recursos. Se pueden acometer así cuestiones tan amplias como el abordaje de problemáticas familiares, la búsqueda y aplicación de recursos para personas con discapacidad -ya sea física, psíquica o mental-, la atención a personas mayores y/o dependientes, la intervención con mujeres que sufren violencia doméstica, el apoyo a población con problemas de adicción o drogodependencia, la intervención con menores infractores, actuaciones en el ámbito de los menores y de medidas de protección a tomar si se precisa, junto al conocimiento de recursos y administraciones, entre otras muchas.
Habitualmente, necesidades que se detectan en otras instituciones no son remitidas, consultadas o derivadas a servicios sociales en el momento adecuado, llegando a éstos cuando la situación ya se ha vuelto insostenible, lo que requiere en muchas ocasiones de la aplicación de soluciones drásticas que se podrían haber evitado.
– Invisibilidad social ante otros profesionales. El desconocimiento por parte de otros técnicos de diferentes administraciones y entidades sobre el ejercicio de los profesionales en el ámbito de lo social lleva aparejada una invisibilidad de éstos y una falta de reconocimiento relativo a las tareas y cometidos que desarrollan, dificultando una vez más el trabajo conjunto y la coordinación interadministrativa. Poco se conoce de la importante función que llevan a cabo los profesionales de los servicios sociales en las diversas vertientes tanto preventivas, como rehabilitadoras e integradoras, dinamizadores de la comunidad, predominando esencialmente una imagen de servicios asistenciales limitados a actuaciones con población marginal y subsidios sociales.
– Dificultad de acceso a las prestaciones por parte de la población normalizada. De manera generalizada, los servicios sociales actuales así como las prestaciones tanto económicas como profesionales derivadas de los mismos se han dirigido a población sin recursos o empleados en la economía sumergida. Así, han quedado al margen de los mismos la población tradicionalmente con ingresos medios-bajos estables ya que el propio baremo económico que permite el acceso a las ayudas sociales es muy restrictivo. Con ello, una familia trabajadora de clase media-baja ocupada en la economía formal suele ver cómo determinadas prestaciones sociales le resultan inaccesibles debido a que sus recursos económicos se consideran excesivos y más que suficientes para el mantenimiento familiar, no considerándsoe otras cuestiones, ni las propias valoraciones profesionales u otras circunstancias familiares que pudieran concurrir y que debieran ser tenidas en cuenta ya que se produce una exclusión automática del régimen de ayudas una vez calculada la renta pér cápita.
Un sistema tan exigente con los ingresos no contempla ni reconoce los gastos de las familias en cuestiones básicas como vivienda, salud o educación, por lo que puede llegar a darse la paradoja de tener personas a las que se les niega el derecho de percepción de dichas prestaciones aunque cuenten en realidad con unos ingresos reales (una vez descontado lo ganado de lo gastado) inferior a los de aquellos beneficiarios tradicionales. Esta circunstancia se ha agudizado todavía más en la crisis económica actual ya que el elevado precio de las hipotecas en los últimos años reduce notoriamente el nivel de ingresos real de las familias, quedando a veces muy por debajo de los parámetros mínimos de subsistencia.
En consecuencia, tenemos que un importante sector de la población que tradicionalmente ha venido contribuyendo con sus cotizaciones al mantenimiento del Estado de Bienestar y sus políticas de protección, queda automáticamente excluido de las mismas así como de posibilidades de recibir apoyos, sobre todo en lo que a prestaciones económicas se refiere.
– Excesiva burocratización . Las administraciones públicas así como también los servicios sociales públicos funcionan bajo criterios burocráticos que rigen el funcionamiento de éstos, originando en no pocas ocasiones demoras permanentes, junto a largos e interminables plazos que impiden dar respuestas inmediatas y eficaces. Esto provoca en muchos casos un empeoramiento de problemas que podrían ser resueltos con mayor rapidez, convirtiéndose así la propia demora que provoca este funcionamiento en un factor que agrava el problema y contribuye a su mantenimiento. Así, puede suceder que desde que se plantea la demanda de una situación de necesidad hasta que se ofrece una respuesta, el problema planteado se ha incrementado de tal modo que dicha medida ya no permite su resolución.
Por otro lado, el funcionamiento desde conceptos o fórmulas estándar que permiten la aplicación de criterios exactamente idénticos para todos, garantizando por tanto el principio de igualdad de la Administración no puede ser válido cuando estamos hablando de personas, familias, necesidades y problemas sociales complejos, donde el principio de individuación así como el derecho a ser considerado como único en una realidad social amplia es lo que debería regir las actuaciones. Así, los recursos, soluciones y respuestas aplicables a unos no pueden ser fórmulas matemáticas que se implementen de manera idéntica en otros, como sucede en la declaración de la renta, por ejemplo, precisamente por la condición de seres humanos sujetos a problemáticas sociales complejas sometidas a la diversidad y de la diferenciación.
– Falta de capacidad ante nuevas problemáticas que exigen de respuestas ágiles y adaptación a la realidad social. Los servicios sociales surgen, entre otras, con la finalidad de dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos, garantizando unos mínimos vitales para todos, facilitando la inserción social de las personas así como ayudar en la resolución de los desajustes individuo-sociedad. En consecuencia, es necesario que exista un pleno conocimiento de la realidad social de cada momento junto con una adaptación en las respuestas que se ofrecen. No es aceptable la existencia de un desfase tan grande entre las necesidades que actualmente tiene la población y las exiguas intervenciones públicas que se desarrollan. La adecuación de las políticas sociales a las necesidades surgidas en estos momentos debe darse de forma ágil y rápida de modo que cumpla realmente su objetivo.
Junto a todo ello, no podemos dejar de mencionar la importancia que en momentos como el actual tiene la responsabilidad política de aquellos que nos gobiernan. El papel de nuestros representantes públicos debe estar, ahora más que nunca, por encima de intereses partidistas y electoralistas para ponerse al servicio de los ciudadanos en un esfuerzo de buscar soluciones ágiles a las necesidades más básicas de la población, dejando para otro momento actitudes partidistas, campañas propagandísticas y declaraciones inciertas que ofenden al sentido común y parecen burlarse de las situaciones que muchas personas están sufriendo. Uno de los ejemplos más sangrantes se viene produciendo desde hace tiempo en la Comunidad Valenciana, especialmente en el área de Bienestar Social. La denegación de prestaciones económicas de contenido social por «haberse agotado la línea presupuestaria» o la reducción a la mínima expresión de los plazos en las tramitaciones para este tipo de ayudas se está convirtiendo en una rutina demasiado habitual por parte de la Generalitat Valenciana. Existe así una amplia tradición en esta manera de actuar por parte de la administración valenciana que viene afectando a sectores tan vulnerables como los discapacitados, enfermos mentales y sus familiares, tercera edad, por no mencionar la más que cuestionada aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunidad Valenciana. Sirva como dato elocuente de ello el fallecimiento de más de 6.000 solicitantes de esta Ley que estaban a la espera de que se resolvieran sus solicitudes.
Al mismo tiempo, se anuncian a bombo y platillo las excelencias que traerá consigo la futura de Ley de Protección a la Maternidad prometida en esta misma Comunidad no teniendo nada de novedoso al tratarse de prestaciones económicas y ayudas ya existentes para toda la población, fundamentalmente para aquellos en situación económica precaria. Pero la realidad es que no se explica la enorme demora existente tanto en la concesión como en el pago de la Renta Garantizada de Ciudadanía, prestación de derecho que ya recogía el nuevo Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana cuya retribución se está desarrollando, en el mejor de los casos, con cuentagotas; ocultándose el martirio que de forma histórica vienen sufriendo las familias acogedoras de menores en situación de riesgo o desamparo, que ven como año tras año las ayudas económicas se demoran incluso hasta finales de cada ejercicio económico, siendo poco probable que algunas de ellas puedan percibirlas, lo que supone un buen ejemplo de la demagogia alcanzada por el Gobierno valenciano en la utilización partidaria de la política social.
Algunos retos y desafíos
La grave crisis económica y laboral actual junto a las enormes carencias que están afectando a las familias como consecuencia de todo ello, están generando situaciones de necesidad importantes que hacen peligrar el sostenimiento familiar, la cobertura de las necesidades más elementales así como la pérdida de algo tan básico y primordial como la propia vivienda, con mayor motivo cuando existen menores, enfermos o personas dependientes. En ellas, frente a la dificultad y lentitud en la toma de decisiones que permitan la búsqueda de alternativas por parte de las administraciones públicas, algunos sectores de la sociedad civil destacan por ser capaces de movilizarse articulando estrategias realmente notables. De este modo, la inventiva de algunas organizaciones sociales, está siendo capaz de comprender la problemática existente, poniendo en marcha novedosas iniciativas de cara a subsanar o, por lo menos, amortiguar, las consecuencias negativas que todo ello genera. Un pequeño ejemplo de ello lo constituyen las actuaciones iniciadas por Cáritas Elche en materia de vivienda, al haber creado un servicio realmente eficaz que acompaña y asesora a las familias en las negociaciones con las entidades bancarias cuando éstas no pueden asumir la deuda contraída. Con ello, los complejos y dificultosos trámites que suponen en la mayoría de las ocasiones las operaciones hipotecarias con los bancos se ven facilitadas y simplificadas gracias a la intermediación de sus técnicos, ofreciendo así un servicio tremendamente práctico que rebaja la angustia de las familias y evita la acumulación de mayores deudas.
Tampoco podemos dejar de mencionar a los inmigrantes, ya que desde que esta crisis económica empezó a dejarse notar, se han ido generando actitudes de rechazo y culpabilización hacia este colectivo que causan preocupación. En la medida que la población autóctona deja de tener trabajo, empieza a ocupar puestos de menor cualificación y remuneración hasta entonces desempeñados por trabajadores inmigrantes, al tiempo que proyectan numerosas críticas hacia los mismos como responsables de haber arrebatado puestos de trabajo a la población española. De igual modo, la percepción de tener que competir con ellos por los escasos recursos sociales disponibles incrementa las hostilidades hacia éstos. Se empieza así a configurar un discurso fácil de culpabilización de la inmigración, buscando un chivo expiatorio que simplifique la compleja situación que atravesamos al tiempo que focalice la responsabilidad sobre personas extremadamente vulnerables.
Ante esta situación, no se están desarrollando iniciativas ni políticas públicas de prevención de estas actitudes que podrían erosionar la convivencia conseguida hasta ahora, dinamitando todos logros a los que se había llegado de tolerancia y respeto que han enriquecido al conjunto de la sociedad.
Por ello, se hace necesario articular medidas encaminadas a reducir estas actitudes, facilitar la continuidad en la convivencia y la multiculturalidad así como prevenir conflictos entre ambas comunidades (la autóctona y la inmigrante), cometido en el que algunas organizaciones y entidades están ejerciendo un papel primordial
Desafíos inmediatos:
o Redefinir los servicios sociales . Parece pues el momento oportuno para pensar en una nueva concepción de los servicios sociales que permita configurar éstos como un sistema verdaderamente universal, capaz de llegar y actuar con toda la población; de ofrecer prestaciones, recursos, servicios y apoyos realmente eficaces de cara a paliar o resolver las situaciones graves que tenemos que afrontar en una sociedad y una realidad compleja como la actual.
o Alcanzar la universalidad real. El acceso universal de las personas a los servicios sociales tiene que darse de un modo real, no solo en el plano teórico, constituye uno de los principios fundamentales de nuestro Estado de Bienestar y su consecución no puede limitarse solo al papel y al plano teórico sino que debe constituir un objetivo. Los obstáculos actuales para ello no tiene que ver con unas normas establecidas que limiten su acceso pero sí con la aplicación real de las diferentes políticas sociales, que restringen la aplicación de las mismas en función de los recursos económicos de las personas.
o Prestigiar los servicios sociales . Es fundamental reflexionar sobre el estigma que arrastra el sistema público de servicios sociales así como la necesidad de transformar esta realidad, dotando de prestigio a estos servicios tan básicos para todos los ciudadanos. La participación e implicación de las personas en las políticas sociales públicas es necesaria más aún en aquellas esferas como la que aquí tratamos, en que se pretende la movilización de recursos y la mejora de las situaciones personales. Ningún otro sistema de protección social provoca a aquellos que hacen uso de él tanta vergüenza como el de servicios sociales; debemos preguntarnos por qué las personas no sienten reparo en percibir prestaciones por desempleo, becas de comedor escolar o acceder a una vivienda de protección social mientras que sí les produce sonrojo reconocer que acuden a los servicios sociales. Este es otro de los obstáculos que impiden que estos servicios lleguen a todos los ciudadanos, barrera que mientras no sea superada, no permitirá hacer de la universalidad una realidad tangible.
o Desarrollar capacidad de inventiva y búsqueda de alternativas. Los servicios sociales, están fundamentalmente destinados a prestar apoyo a las familias en situación de crisis o necesidad, a prevenir situaciones de riesgo y potenciar las capacidades de las personas para enfrentar sus problemas. No pueden seguir, por tanto, desarrollándose a remolque de los acontecimientos, desfasados de lo que sucede en el entorno de la sociedad sobre la que intervienen. Precisamente por esas funciones preventiva, asistencial y rehabilitadota que llevan a cabo, es imprescindible que sean capaces de situarse en la realidad actual y desarrollen las competencias así como la pericia necesaria para adaptarse de manera rápida y eficiente a los diversos cambios de la realidad social sobre la que actúan y pretenden mejorar.
o Establecer líneas de coordinación reales y eficaces entre los diferentes subsistemas de bienestar social que permitan el abordaje integral de las problemáticas que se nos plantean desde todos los ámbitos que afectan a las personas, de modo que no se actúe en cada esfera del ser humano como si de compartimentos estanco se tratara. Parece así cada vez más evidente la necesidad de coordinación y trabajo conjunto entre los diferentes sistemas de protección social que contemplen al individuo como un todo complejo e integrado que precisa de soluciones y respuestas integradoras. La desconexión existente en estos momentos entre dichos sistemas, fundamentalmente entre el sistema de prestaciones por desempleo y el de servicios sociales, es un obstáculo que se hace imprescindible superar en estos momentos
Paky Gadea Nadal es Socióloga y Trabajadora Social en un Centro Social de Base en la provincia de Alicante ([email protected])