Hablar de crisis en Venezuela pareciera ser la repetición de algo de todos los días. Así es, en efecto, sólo que cada día se agrega algo nuevo a la misma sin que desaparezcan sus elementos constitutivos previos. No se trata de una crisis de carácter Gramsciano, es decir que lo que está muriendo no acaba […]
Hablar de crisis en Venezuela pareciera ser la repetición de algo de todos los días. Así es, en efecto, sólo que cada día se agrega algo nuevo a la misma sin que desaparezcan sus elementos constitutivos previos.
No se trata de una crisis de carácter Gramsciano, es decir que lo que está muriendo no acaba de morir y lo que está naciendo no acaba de nacer. Por el contrario, se trata de que lo que estaba en vías de gestación falleció en el vientre de la madre, aunque el aborto no esté completado, pero no hay a la vista algo en gestación, una nueva gestación que lo pueda reemplazar.
La crisis tiene como primero y fundamental elemento el que, ante la ausencia de hegemonía en lo político, los grupos que gobiernan, en su prioritario (y al parecer único) objetivo de permanecer en el poder por el poder en sÍ mismo, acuden al expediente de la llamada Asamblea Nacional Constituyente, electa en forma antidemocrática e inconstitucional, por corporaciones y no en elecciones universales directas y secretas que, además, violando la Constitución, se erige por la fuerza en una instancia que directamente ejecuta acciones de gobierno que, de acuerdo a la CRBV, no le corresponden (Artículo 347). La ANC de esta manera es ahora supraconstitucional, supra legal, supra poderes y, al parecer, también supra temporal. Esta crisis de hegemonía es reforzada día tras día por las decisiones que se anuncian y no se toman, y por aquellas que, también día a día, se toman y no se anuncian. El acompañamiento popular es inexistente: el gobierno que se proclama como revolucionario no propicia la participación del pueblo; se aleja cada día más de aquel. En su afán por el poder, a la par que se distancia del ciudadano, del pueblo, entrega cada día más los recursos de todos, incluso poniendo en riesgo la existencia misma de la vida en el planeta, a empresarios de adentro y de afuera, de los de antes (que acumularon fortunas a la sombra del Estado complaciente de toda nuestra historia republicana anterior a Chávez) y de los «emergentes» que pasean por el mundo «sus riquezas» cual lo que son: unos verdaderos delincuentes.
La crisis presenta su cara más visible en el desmoronamiento público y notorio de las instituciones: Banco Central de Venezuela sin autonomía, Poderes Públicos que obedecen órdenes del ejecutivo, Universidades y Centros de Investigación en un proceso de deterioro que supera con creces lo que, incluso los más viejos, podemos recordar por mucho esfuerzo que hagamos; los centros de salud sin dotación y progresivamente sin personal; PDVSA a punto de quiebra para facilitar su privatización a precio de gallina flaca, lo que ocurre similarmente con las Empresas Básicas de Guayana, CORPOELEC y CANTV, Industria Petroquímica. La Constitución, la madre de todas las instituciones republicanas, ha sido conducida al colapso y ya voceros calificados anuncian que está lista la redacción de la nueva Constitución en un 80%.
Se anuncia un programa a partir del día 20 de agosto (nuevo anuncio) que se promete como la gran panacea, la solución a nuestra gran crisis que al menos parece que, por fin, fue reconocida por el gobierno. El nuevo cono monetario, el aumento de los combustibles, el Petro, la exoneración de los impuestos a PDVSA y, sobre todo a las transnacionales que explotan nuestro petróleo, son medidas que forman parte de un gran paquetazo de corte neoliberal. Sin embargo, nada se habla de una necesaria Auditoría de la Deuda, ni de la monstruosa cifra de los capitales sustraídos a la República por la corrupción, ni mucho menos de las necesarias acciones para su repatriación. Mucho menos se explica cómo se va a incrementar la producción tanto agrícola como industrial y especialmente petrolera que es esencial a los fines de un verdadero programa de recuperación económica. Estas medidas, como las de anteriores gobiernos, ponen la carga del paquetazo de Maduro en las espaldas del pueblo, trayendo como consecuencia mayor desesperanza, hambre y miseria.
Y nada parece ser más apropiado para caracterizar la crisis que el atentado o magnicidio frustrado que se acaba de producir este 04 de agosto. Es expresión del agotamiento de la clase política y de sus propuestas.
El 4 de agosto de 2018, en Caracas, hacia el final de la tarde, ocurrió un atentado a la paz nacional que no fue frustrado, que sí ocurrió y que, si fue menos dañino de lo que pudo ser, no fue por falta de voluntad de quienes lo perpetraron. Un par de horas más tarde se hizo público, en transmisión desde los Estados Unidos, un comunicado reivindicado como COMUNICADO OPERACIÓN FENIX el cual, para quienes en la República Bolivariana de Venezuela reivindicamos la actitud ciudadana que está exigida a todas y todos por el Art. 333 de la Constitución, es, sin dudas, un lugar para los deslindes: Quienes pretendemos restituir la plena vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, apoyamos irreductiblemente la defensa del derecho a la Vida de todas y todos, que está previsto en nuestra Constitución, y que ha sido reiteradas veces violentado por el actual Gobierno, pero pretender establecer una especie de «licencia para matar», como se desprende de ese comunicado, desde la aplicación del Art. 333, es desconocer en su esencia a nuestra Constitución, es derogarla. Nos reivindicamos a nosotros mismos como Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución para defenderla de quien quiera abrogarla, sea el gobierno transnacionalizado de Maduro, la oposición apátrida, los tradicionales factores de poder de la oligarquía colombiana y del imperio estadounidense, los nuevos imperios, los de siempre; los representantes nacionales de la idea según la cual esa Constitución siempre fue un atrevimiento, o todos juntos y a la vez.
El atentado del sábado 4 de agosto es una baraja jugada por quienes, en Venezuela y en el mundo, apuestan a una salida bélica para la crisis venezolana. Quienes estén promoviendo un enfrentamiento violento, una guerra civil, que se abstengan de citar a la Constitución. Que tengan la vergüenza de no justificar con la Constitución Nacional su pretensión de salir de la crisis empantanados en sangre.
Venezuela entera sospecha que los sucesos del 4 de agosto fueron un montaje más del gobierno de Nicolás Maduro. Más allá de que no haya sido así, más allá de que algunas fuerzas políticas se hayan decantado por el enfrentamiento violento como forma de lucha, y hayan reivindicado su acción; el dato de la nula credibilidad del gobierno de Nicolás Maduro es un muy significativo elemento definidor de la actual coyuntura venezolana. El Gobierno de Maduro pone profusamente en práctica los principios de la llamada «pos verdad», pero evidentemente no es credibilidad lo que cosecha.
Para nosotras y nosotros en la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, lo que además de muy sospechoso es muy sucio y muy tramposo, es el aprovechamiento de un suceso de muy alta significación política, como lo es un intento de magnicidio, para hacer pasar por debajo de la mesa de la atención pública situaciones y decisiones como las anteriormente descritas que caracterizan la crisis y que signan en forma inequívoca el futuro inmediato y mediato del pueblo venezolano. Todas esas gravísimas cosas están pasando a un segundo plano. Peor aún, se utiliza ese hecho para incrementar las acciones represivas en una abierta acción que se podría calificar como terrorismo de Estado dirigida a contener las diversas iniciativas de movilización y protesta legitimas que se vienen levantando en todo el territorio nacional y, así mismo, criminalizar cualquier acción de protesta pacífica. El gobierno se ha quitado la máscara demostrando una postura de franca violación a los derechos humanos y al debido proceso, tenemos como ejemplo reciente la forma como fue, no sólo allanada la inmunidad parlamentaria a diputados de la Asamblea Nacional, sino también el trato cruel e indigno como han venido siendo tratadas las personas que según el gobierno están implicados en los sucesos del 4 de agosto.
Desde la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución rechazamos el intento de magnicidio y el uso de la violencia para dirimir las diferencias políticas. Empero, también enfrentamos la pretensión de utilizar al intento de magnicidio como maniobra distraccionista de los hechos económicos que revelan la entrega de nuestro país al más miserable de los paquetes de ajuste neoliberal: El que se disfraza de socialismo del siglo XXI. Y que esto pase, además, justo cuando se está experimentando un incremento notable de las distintas expresiones de rechazo a las políticas antipopulares y antinacionales instrumentadas por el gobierno, justo cuando era explícito el protagonismo del gobierno de Maduro en el paquetazo hiperinflacionario neoliberal. Nadie podría afirmar que es un auto atentado, pero nadie podría negar que el gobierno de Maduro le está sacando el jugo. Se está sirviendo de él.
La historia demuestra que el magnicidio es un hecho muy grave que ha conducido a grandes conflagraciones como guerras civiles e incluso a la Primera Guerra Mundial. Por ello, esta Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución alza su voz para sumarse a quienes han pedido una investigación integral, imparcial y profunda de lo ocurrido, que incorpore diferentes ángulos, incluyendo el hecho de que quien está obteniendo mayor provecho político del atentado es el propio Presidente Nicolás Maduro y el grupo gobernante.
POR UNA SALIDA PACÍFICA Y CONSTITUCIONAL A LA CRISIS!!!
Caracas, agosto 2018
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