En este texto el autor reflexiona sobre cómo se da la lucha de clases en relación con la recaudación impositiva y los destinos de la misma, cuyas características predominantes no se encuentran solo en Brasil, si no también en otros países, por lo que este texto puede servir para llevar adelante la lucha ideológica en otros países.
Con la reciente aprobación por parte del Congreso de la propuesta de recorte de gastos enviada por el Gobierno Federal, se hicieron bastante evidentes algunos aspectos de cómo se libran las batallas dentro de la lucha de clases en nuestro país.
Si, aun haciendo enormes concesiones a los intereses de las clases dominantes, el proyecto del gobierno buscaba garantizar la defensa de algunos puntos favorables al campo popular, la acción de la mayoría reaccionaria en los cuerpos parlamentarios en el proceso de discusión de la medida terminó por encauzar la definición en una dirección en la que los trabajadores salieron en una situación aún peor de la que ya estaban.
Pero, ¿por qué este tema de la tributación impositiva y la exención fiscal tiene todo que ver con la lucha de clases? Esto es lo que trataremos de aclarar en las próximas líneas de este texto.
En primer lugar, es esencial que tengamos en cuenta que es a través de su capacidad de influir en el funcionamiento del aparato estatal que las diferentes clases que componen una sociedad pueden hacer valer el peso de sus reivindicaciones en relación con el conjunto de sus miembros. Como resultado, quienes tengan más fuerza estarán en condiciones más favorables para imponer al Estado la priorización en el atendimiento de los puntos que les son favorables y, a su vez, hacer que los costos para el mantenimiento del aparato estatal recaigan con mayor incidencia en los sectores más débiles.
Como es bien sabido, para su funcionamiento normal, todas las sociedades humanas modernas dependen de la recaudación de impuestos para mantener las actividades públicas esenciales que son suministradas por el Estado. La provisión de una educación pública de calidad aceptable, un servicio de atención médica eficiente y un esquema de seguridad pública que ofrezca protección y tranquilidad a sus habitantes, son tareas que le corresponden al Estado y que dependen de la recaudación de impuestos para mantenerse.
Cuáles son los servicios a prestar y de dónde sacar los fondos para sostenerlos son los principales interrogantes que las fuerzas componentes de la sociedad deben resolver para que el aparato estatal pueda seguir ejerciendo sus actividades. Por regla general, las clases más acomodadas se preocupan casi exclusivamente por la eficacia de los sistemas de represión policial y judicial, ya que estos son los que les sirven para contener más eficazmente la rebelión de los sectores populares y las protestas de los trabajadores y de los pobres en general. Ante esto, los más ricos no suelen albergar ninguna disposición a concordar con la idea de que las instituciones del Estado se preocupen con las necesidades básicas de las mayorías populares.
Así, nuestras clases dominantes optan por mantener a sus hijos en escuelas privadas, y no están propensas a contribuir para la existencia de escuelas públicas, donde los hijos de los trabajadores reciban una educación de buena calidad. Algo similar ocurre en relación con la atención médica. En este sentido, dado que los más acomodados pueden acceder a clínicas y hospitales privados, ellos generalmente se oponen a que recursos del Estados se empleen para financiar el sistema de atención médica que beneficia a los económicamente menos favorecidos. Por eso, se resisten a aceptar que los impuestos sean destinados a mantener servicios públicos dirigidos a la gente más carenciada.
Sin embargo, como las capas más ricas representan tan solo una fracción ínfima de la población total, ellas dependen de apoyo político de otros sectores sociales para imponer las directrices que se ajusten a sus intereses. Así, tratan de atraer a sus posiciones al menos a ciertas porciones de las clases medias y de los pobres, para que éstos también asuman como propias las propuestas y visiones que favorecen casi exclusivamente a los ricos. Por lo tanto, en lugar de expresar claramente que no quieren pagar impuestos y que no están de acuerdo en que los impuestos se utilicen para garantizar servicios que beneficien a las mayorías menos pudientes, los súper ricos recurrirán a su inmenso poder y control mediático para inducir a la gente de extracción popular a creer que la eliminación por parte del Estado de la provisión de servicios públicos y la no tributación impositiva a los más acaudalados son medidas que están en conformidad con los intereses de todos.
Sin embargo, cuando analizamos cómo se produce la recaudación de impuestos en Brasil, nos damos cuenta de que, de hecho, el grueso de la tributación recae sobre quienes, por lógica, coherencia y decencia humanitaria, deberían pagar menos. Para expresarlo de una manera menos inequívoca: en nuestro país, los ricos no pagan casi nada en impuestos, mientras que la gente más humilde tiene que asumir un peso absurdamente alto del monto de recursos fiscales recaudados.
El principal mecanismo utilizado para eximir casi totalmente a las clases dominantes del pago de impuestos es concentrarlos en los bienes de consumo y no en el rendimiento. Mientras que en los países europeos, en los Estados Unidos y en Japón, por ejemplo, los ingresos se gravan directamente de forma mucho más rigurosa, superando en varios casos el 50%, en nuestro país la tasa máxima no supera el 27,5%. Así, no importa si tenemos un súper ejecutivo que gana alrededor de R$ 500.000,00 mensuales o un empleado asalariado de clase media que recibe alrededor de R$ 15.000,00, el porcentaje que se aplicará a ambos será el mismo, es decir, el 27,5%.
Sin embargo, esto está lejos de representar la injusticia más aberrante. En el caso de los ingresos obtenidos por medios no salariales, la aberración es todavía mayor, y llega a ser monstruosa. Las ganancias por dividendos simplemente no están sujetas al pago de impuestos. Brasil es uno de los pocos países del mundo donde esto ocurre. La tributación aplicada a los rendimientos derivados de actividades empresariales es mínima o inexistente.
Al final, lo que realmente sostendrá el funcionamiento del aparato estatal serán los impuestos que nos inciden indirectamente a través de los bienes de consumo.
Para tener una comprensión más realista de lo que esto significa, expondremos un cuadro hipotético (pero que dilucida bien el problema real) sobre el peso que soportan tanto los trabajadores como los capitalistas en la suma total de los impuestos aplicados a los bienes de consumo. En este caso, para facilitar la exposición y comprensión, admitiremos las hipótesis que enumeraremos a continuación. De hecho, la situación real es aún más crítica:
a) Consideremos que en el país hay 100 millones de contribuyentes, de los cuales 80 millones son trabajadores que ganan un promedio mensual de R$ 2.500,00, y otros 20 millones de empresarios cuyos ingresos son en promedio R$ 50.000,00 por mes;
b) Otra hipótesis realista es que todos los ingresos de aquellos que ganan un promedio de R$ 2.500,00 se gastan en bienes de consumo y, en el caso de aquellos que tienen un promedio de R$ 50.000,00, el gasto individual en consumo será de R$ 10.000,00;
c) A efectos prácticos, todos los bienes de consumo están gravados a una tasa del 25% sobre sus precios de mercado;
d) Ingresos totales del país: R$ 1.200.000.000.000,00, de los cuales R$ 200.000.000.000,00 para los trabajadores y R$ 1.000.000.000.000.00 para los empresarios.
Si aplicamos la tasa impositiva del 25% al consumo de cada grupo, llegamos a los siguientes números:
– Trabajadores: R$ 50.000.000.000,00 (25% de R$ 2.500,00 x 80.000.000)
– Empresarios: R$ 50.000.000.000,00 (25% de R$ 10.000,00 x 20.000.000)
Expresando en palabras el significado de estos cálculos, tenemos que los trabajadores pagan el 25% de sus ingresos totales de R$ 200.000.000.000,00, mientras que los empresarios se limitan a entregar para cubrir impuestos solo el 5% de sus ganancias totales de R$ 1.000.000.000.000,00.
Después de analizar este panorama, vamos a entender que no es mera casualidad que las clases dominantes quieran que la tributación se haga exclusivamente sobre los bienes de consumo, y no con impuestos directos en relación con los rendimientos.
Pues bien, somos conscientes de que a partir del diagnóstico la cura no viene de inmediato. La cuestión de quiénes cargan con las cuentas del funcionamiento del aparato estatal y a quiénes éste va a atender de modo prioritario se inserta en los choques de la permanente lucha de clases que se libra cada vez que en el escenario social se enfrentan clases con intereses opuestos. Por otro lado, también sabemos que, por mucho que Lula sea una persona profundamente imbuida de sentimientos favorables a la clase obrera, de la cual él mismo proviene, su gobierno no es un gobierno hegemonizado por los trabajadores.
A la vista del panorama que hemos acabado de exponer, debemos tener claro que el actual gobierno es un ente en disputa, en el que cada grupo social que lo integra busca conducirlo de acuerdo con sus intereses de clase. Por lo tanto, también les corresponde a los trabajadores librar la lucha para que sus aspiraciones sean respetadas y satisfechas. Pero esto no depende solo de los deseos y anhelos.
Evidentemente, no basta con contar con la presencia de Lula al frente del gobierno. Para que esto se transforme en una verdadera fuerza popular, es necesario que los trabajadores, sus organizaciones sindicales y sus partidos conozcan bien la realidad de la coyuntura prevaleciente y estén dotados de la necesaria conciencia de clase y disposición para aunar esfuerzos y marchar adelante con el propósito de construir una nueva sociedad, en la que injusticias como las expuestas en este texto se conviertan en cosas del pasado.
Publicado originalmente en portugués en: https://revistaforum.com.br/debates/2024/12/27/jair-de-souza-apartheid-brasileiro-por-tras-da-batalha-no-congresso-171632.html
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.