El ataque cometido con un cuchillo contra el presidenciable Jair Bolsonaro (PSL) en Juiz de Fora (MG) durante un acto de campaña, es un reflejo del actual cuadro de la democracia brasileña, en el que las instituciones y la sociedad civil no han funcionado normalmente. Esta es la evaluación del filósofo Roberto Romano, profesor de […]
Paulo Beraldo.- ¿Qué significa ese episodio?
Esto es un resultado de la democracia brasileña, que vive en riesgo permanentemente. No está consolidada. Las instituciones del Estado y de la sociedad civil no actúan normalmente. Además, a eso se suma la pérdida radical de la autoridad pública. Y la democracia sin autoridad pública no funciona. Cuando no hay autoridad, la violencia física y la violencia verbal se inmiscuyen en todos los asuntos de la sociedad y del poder público. Y entonces tenemos resultados como ese (el ataque). Si no tenemos una acción rápida para resolver estos problemas, evidentemente vamos a caminar hacia un final trágico. Cuando el propio Jair Bolsonaro, en el estado de Acre, usó una frase en el sentido de «ametrallar a sus adversarios», la Procuraduría General de la República no abrió ninguna diligencia en su contra. Esa es la situación. [Raquel Dodge] creyó que era un asunto menor y eso muestra cuán lejos estamos de percibir la gravedad de la crisis social y política brasileña.
No son hechos aislados, ese es el problema. Tenemos un régimen civil que, en la Constitución, promete ser democrático y, al mismo tiempo, un Estado de derecho. Para que esta promesa sea cumplida, es necesario que los tres poderes cooperen. En el caso brasileño, hay un ejecutivo desacreditado, ya que el presidente tiene la evaluación del elector más baja posible. Tiene un Parlamento en el que el elector tampoco cree, con desprestigio absoluto, y la Justicia empieza a mostrar signos de partidismo, de política y de división, incluso en el Supremo Tribunal Federal. Tiene varios tribunales acogidos bajo la sigla del STF. Es lo que yo llamo la pérdida de la soberanía.
El concepto de soberanía permite el uso de la autoridad pública y exige la coordinación y la armonía de los tres poderes como un compromiso ante el ciudadano. Cuando los poderes se autonomizan en relación a la sociedad y a la economía, y empiezan a definir un patrón que no es lo legal, sino lo político, tenemos casi el principio de la anarquía. En Brasil, la falta de orden comienza en los más altos niveles del Estado. Y es evidente que, como consecuencia de eso, es incapax de garantizar en la base de la sociedad una convivencia armónica.
El primer paso es que los partidos políticos asuman su función de partidos y no de máquinas electorales que sólo apuntan a la demagogia y la conquista de cargos. El segundo, es que las autoridades públicas en el ejecutivo, legislativo y, principalmente, en el judicial, tomen conciencia de la gravedad y no actúen como si nada estuviera sucediendo. Las instituciones brasileñas no están funcionando normalmente: están negando la realidad, negando hechos tales como los asesinatos de políticos e intentos de asesinato.
Lo imprevisible siempre. Esta ha sido, desgraciadamente, la historia de Brasil desde el gobierno de Getúlio Vargas. En el momento en que se piensa que la situación del país va a caminar hacia la normalización, para el respeto de la autoridad y del orden público, ocurre un hecho terrible como este acontecimiento. Es necesario tener más prudencia, que no significa tener miedo, sino actuar en el momento oportuno y no dejar que los hechos se precipiten. Lo que estamos viendo son autoridades públicas que reconocen la violencia que surge en la sociedad como un todo y actúan como si nada estuviera cambiando. Los hechos deben ser enfrentados hasta octubre.