El próximo 2 de diciembre los venezolanos emitirán sufragio sobre un conjunto de enmiendas a su constitución. En términos generales, las propuestas han sido presentadas por los medios de comunicación como un nuevo paso en el camino hacia la dictadura. Es ello así porque los grandes medios de comunicación suelen prescindir de cualquier idea de […]
El próximo 2 de diciembre los venezolanos emitirán sufragio sobre un conjunto de enmiendas a su constitución. En términos generales, las propuestas han sido presentadas por los medios de comunicación como un nuevo paso en el camino hacia la dictadura.
Es ello así porque los grandes medios de comunicación suelen prescindir de cualquier idea de equilibrio y objetividad cuando informan sobre Venezuela. Curiosamente, eso vale a menudo también para los periódicos de centroizquierda no significados por su servil seguidismo de la administración Bush a la hora de informar sobre otros Estados petroleros, cuyo régimen político se pretende alterar, como Irán, o cuya alteración está ya en curso, como Irak.
El mayor escándalo parece esta vez provocado por la enmienda que aboliría las limitaciones ahora existentes al número de mandatos presidenciales.
Tal vez sea porque yo soy de Chicago y desde que nací hasta que me licencié en la Universidad no conocí sino a un alcalde, pero soy incapaz de ver eso como un signo de dictadura. Por no hablar de que si Hilary Clinton resulta elegida el próximo año, habremos tenido Bushes y Clintons en la jefatura del estado durante 24 años consecutivos, que tal vez se prolonguen hasta los 28.
El presidente brasileño Lula defendió la semana pasada a Venezuela, preguntando «por qué no se queja la gente de que Margaret Thatcher estuviera tanto tiempo en el poder». Y añadió: «Se puede inventar lo que se quiera para criticar a Chávez, pero no por falta de democracia». Lula ha defendido repetidamente el carácter democrático del gobierno venezolano, pero sus declaraciones jamás han sido recogidas por los medios de comunicación de habla inglesa.
A Chávez se le critica también por proponer librarse de la independencia del Banco Central, blindada por la Constitución de 1999. Se presenta eso como otra muestra de su «aferrarse al poder». Sin embargo, hay razones económicas muy válidas para esa enmienda.
Los Bancos Centrales que no son responsables ante sus gobiernos electos no son en modo alguno «independientes», sino que tienden a representar los intereses del sector financiero. A la hora de dirimir entre empleo y crecimiento, de un lado, e inflación, de otro, el sector financiero siempre optará por una inflación más baja, aun si eso significa estancamiento y desempleo.
La creciente independencia de los Bancos Centrales, y la manifiestamente estricta política monetaria resultante, es muy probablemente una de las razones capitales del fracaso del crecimiento económico a largo plazo que ha experimentado la América latina en el último cuarto de siglo, un fracaso sin precedentes históricos.
También hay una enmienda, conforme a la cual se proporcionarían pensiones de Seguridad Social a los trabajadores del sector informal, lo que constituiría una importante medida antipobreza, dado que ese sector abarca a cerca del 41% de la fuerza de trabajo.
Otra enmienda reduciría la semana laboral a 36 horas. De eso informan los medios como una jornada laboral de 6 horas, pero más razonable sería interpretarla en el sentido de jornadas laborales de 8 horas, más una jornada laboral de 4 horas los viernes.
También hay enmiendas que eliminarían la discriminación fundada en la orientación sexual o en la salud física; que procurarían la paridad de género en los partidos políticos; que garantizarían la educación universitaria pública; que harían más difícil que los propietarios de casas perdieran sus hogares por una bancarrota. No se ve por qué tendrían que ser ésas medidas punitivas o represivas.
Otra enmienda aboliría las medidas introducidas en la Constitución de 1999 para proteger la propiedad intelectual. Es no significaría abolir las patentes o copyrights, pero permitiría una mayor flexibilidad en la acción del gobierno, a al hora de corregir las enormes ineficiencias económicas causadas por la existencia de monopolios privados protegidos por los Estados, por ejemplo, en el ámbito de los fármacos patentados. Es difícil argüir contra eso esgrimiendo razones económicas.
Hay otras enmiendas más discutibles, el grueso de las cuales no fue sugerido por Chávez, sino introducidas por la Asamblea Nacional (Chávez no puede vetar las enmiendas agregadas por la Asamblea Nacional; esas enmiendas han de ser sometidas al sufragio de los votantes).
Por ejemplo, una enmienda permitiría al gobierno suspender el «derecho a la información» (pero no el debido proceso, como informan los medios de comunicación internacionales) durante una situación de emergencia nacional. Otra permitiría al Presidente y a la Asamblea Nacional crear provincias y distritos nuevos.
Algunas de esas medidas han despertado oposición incluso entre los partidarios de Chávez. Si se aprueban, será verosímilmente porque la mayoría de los electores confía en que Chávez y el gobierno no abusarán de sus poderes.
Y no deja de tener su base esa confianza: a comienzos del presente año, la Asamblea Nacional concedió por 18 meses a Chávez poder para pasar determinada legislación por vía de decreto ejecutivo. Tertulianos y columnistas pusieron el grito en el cielo contra el «gobierno a golpe de decreto» de Chávez; pero lo cierto es que ese poder apenas se ha usado, salvo en el caso de las negociaciones con empresas transnacionales extranjeras.
En cualquier caso, los votantes decidirán, y lo harán en un contexto de una oposición mediática harto más robusta que la existente en EEUU y en abierta campaña proselitista contra el gobierno. Los venezolanos, a diferencia de los norteamericanos (o aun de los británicos) en estos últimos años, no han visto menguadas sus libertades civiles, y el ciudadano de a pie sigue teniendo más peso ante su gobierno y participando más de su riqueza petrolífera que nunca antes en la historia de Venezuela. Es dudoso que el referéndum vaya a invertir el sentido de esos cambios, sea cual fuere el resultado.
Mark Weisbrot es co-director del prestigioso Centro de Investigación Económica y de Políticas, en Washington, D.C., en cuyo Consejo Asesor figuran destacados economistas, como el Premio Nóbel Jospeh Stiglitz.