La principal riqueza de México, su extensa industria petrolera (PEMEX) está desapareciendo como entidad estatal ante la atónita mirada del pueblo que observa cómo los capitales transnacionales la van engullendo. Apoyado en el Tratado de Libre Comercio para las Américas (TLCAN), firmado hace 11 años entre Estados Unidos, México y Canadá, el gobierno del presidente […]
La principal riqueza de México, su extensa industria petrolera (PEMEX) está desapareciendo como entidad estatal ante la atónita mirada del pueblo que observa cómo los capitales transnacionales la van engullendo.
Apoyado en el Tratado de Libre Comercio para las Américas (TLCAN), firmado hace 11 años entre Estados Unidos, México y Canadá, el gobierno del presidente Vicente Fox ha propulsado la entrega del ente estatal al capital privado.
Desde la llegada de Fox al poder en el año 2000, la privatización del sector petrolero y energético marchó a pasos agigantados lo que ha provocado que varios congresistas opositores condenaran con fuerza la política llevada a cabo en contra de los intereses económicos nacionales.
El senador Manuel Bartlett denunció recientemente que el gobierno «esta acabando, destruyendo deliberadamente a las dos principales empresas de este país, está violando la ley en contra de los principios fundamentales de la Constitución por permitir que el capital privado invada actividades que están reservadas al Estado.»
Una demanda realizada por varios congresistas ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) expresa que se despliega una estrategia para extranjerizas las actividades petroleras y desmantelar PEMEX a la que se le ha concentrado solo en la extracción y exportación de crudo y se le impide ejercer el oficio de petrolera, pues «se le quitan o niegan actividades operativas, se le aplican controles excesivos y se le impide desarrollar tecnología.»
Según puntualizaron, PEMEX está en crisis por voluntad del gobierno federal pese a que es una empresa altamente rentable, pero saqueada pos últimos 26 años por un absurdo tratamiento fiscal y ahora bajo la mira del contratismo porque el gobierno le ha convertido en una vasta área de negocios del sector privado.
Hace aproximadamente tres años el gobierno del Partido de Acción Nacional (PAN) inició una fuerte campaña de desacreditación contra PEMEX bajo la acusación de que no es rentable para introducir por resoluciones indirectas e ilegales, la entrada de empresas foráneas con el tácito apoyo del Banco Mundial.
De esa forma, se otorgó un contrato para la prospección y extracción de petróleo donde se establece que la empresa no va a pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA); que el plazo del convenio puede ir más allá de los 20 años según lo estime pertinente la compañía; que PEMEX puede rechazar algunas partes del convenio pero no imponer su punto de vista, y que el perito para dirimir diferencias será un agente extranjero, que es la Cámara Internacional de Comercio, con sede en París.
Además, al firmar esos convenios, México pierde el control de la exploración pues algunos servicios pueden a su vez ser subcontratados por la Repsol, a la que no se le imponen límites de obligación de mantenimiento.
Dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores de la Industria Petrolera han denunciado que tras presentar una demanda de nulidad del contrato con Repsol, el gobierno foxista y los representantes de PEMEX han realizado un sinnúmero de despidos y rescindido contratos contra ingenieros, técnicos y otros empleados de nivel medio.
Pese a tenerlo en el más completa secreto durante años, ahora un informe oficial precisó que desde el primero de enero de 2000 se había iniciado la contratación de servicios con la cuestionada y controvertida compañía estadounidenses Halliburton para el servicio integral de barrenas y perforación vertical y direccional en los pozos de la cuenca de Brugos, ubicada entre los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Chihuahua.
Los convenios de obras y servicios signados con Petróleos Mexicanos suman 159 en los últimos cinco años por un superior a los 1 220 millones de dólares. El último acuerdo por un monto de 175 millones de dólares autoriza a la Halliburton a perforar 27 pozos en el sur de la nación azteca durante los próximos 48 meses.
La transnacional norteamericana, con el beneplácito de la dirección de PEMEX, lo quiere abarcar todo pues tiene puertas abiertas para realizar registros geofísicos, estimulación e inducción de pozos petroleros marinos, servicios de laboratorio, dosificación de ácido y bombeo, suministro de nitrógeno, productos químicos y hasta de explosivos.
La penetración foránea abarca otros frentes como el petroquímico y energético donde las compañías nacionales han cedido abundantes espacios. Se estima que la reactivación de la industria petroquímica mexicana dependerá de empresas privadas que además se aduanan mayoritariamente de complejos como El Fénix que se construirá en Veracruz o Tamaulipas.
Cerca de un 30 % de la electricidad la generan plantas construidas por Unión Fenosa, Intergen, Alston, ABBenergy, Mitsubishi, Electricidad de Francia, Abengoa, AES Corporation, Siemens, Westinghouse e Iberbola, con amplias posibilidades de seguir ampliándose.
Desde 1938 cuando el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo mexicano y los servicios electroenergéticos, el sector privado no habían podido entrar en esa esfera.
La Constitución mexicana, establece que «el gobierno es el único responsable de la generación, explotación, distribución y abastecimiento de la energía eléctrica que se destine al servicio publico.»
En cuanto al petróleo, la Carta Magna indica que el productor, distribuidor y responsable por todas las operaciones relacionadas con el crudo es la empresa estatal Petróleos Mexicanos (PEMEX).
Sin autorización congresional y por medio de contratos con terceras empresas o de forma ilegal, ya operan en el país azteca 310 empresas transnacionales en ese sector, según el dirigente del Grupo de Ingenieros Petroleros Constitución de 1917, Francisco Garicochea.
Como justificación el gobierno asegura que PEMEX se halla en su capacidad límite financiera y al no poder impulsar proyectos de inversión con recursos propios debe recurrir a los particulares.
Lo cierto es que el gobierno foxista ha ido desmantelando las empresas estatales petroleras y energéticas mexicanas para entregárselas a las compañías transnacionales, en línea directa con las orientaciones del Banco Mundial, El Fondo Monetario Internacional y del TLCAN, abanderados del libre comercio y de la globalización a favor de los grandes capitales.