«La destrucción causada por el huracán María ha develado aún más la condición colonial de Puerto Rico»

La destrucción causada por el huracán María ha develado aún más la condición colonial de Puerto Rico, donde millones de personas se enfrentan hoy a una lucha entre la vida y la muerte. La crisis financiera creada por la banca norteamericana y leyes coloniales tales como PROMESA y el Acta Jones (Leyes de Cabotaje de 1920) son mecanismos legales que impiden dicha recuperación, poniendo en tela de juicio el valor mismo de la ciudadanía americana en la isla. La urgencia de la situación requiere una respuesta política.

El estado de hecho

Puerto Rico está atravesando una crisis humanitaria como consecuencia del huracán María, que asoló la isla el miércoles, 20 de septiembre, como un huracán de categoría cuatro. Inmediatamente, por razones de seguridad, el gobernador declaró un toque de queda de siete a seis de la tarde, que continúa vigente indefinidamente. Diez días después del evento, todavía cientos de comunidades se hallan aisladas e inundadas, carentes de alimentos y agua potable por razón de la destrucción de las autopistas y carreteras, sumiendo en la incomunicación a pueblos, barriadas y ciudades. Tampoco se han restablecido los servicios de telefonía, internet, agua potable ni electricidad en la mayor parte del país. El radar meteorológico está destruido, así también como las torres de vigilancia del aeropuerto internacional.

Existe una crisis de salubridad pública, dadas las condiciones precarias en los hospitales y la inminencia de epidemias a causa de la contaminación de las aguas. Ciudades, pueblos y barriadas fuera del área metropolitana han sido abandonados y los esfuerzos se concentran en San Juan. El área oeste, por ejemplo, carece de los servicios mínimos. Las imágenes compartidas por los medios de prensa muestran a periodistas y meteorólogos conmovidos con el drama humano ocasionado por el desastre.

Lo que aún no se discute en dichos reportajes es un plan coherente de acción a corto y largo plazo para mover al país hacia adelante, especialmente respecto a lo que más urge. Tampoco parece existir un plan de mitigación y no se aducen las razones de la falta de circulación de provisiones y ropa. Se desconoce hacia dónde se dirige el país. Inmersos en el espacio de la precariedad, la fuerza se concentra en la sobrevivencia y aún no es visible un análisis sensato de naturaleza política de la experiencia que se vive al presente. Muchos ya han decidido abandonar el país, como se demostró el primer día en que se abrió el aeropuerto internacional. Es una imagen cruel en donde contemplamos cómo la urgencia de la situación y la ausencia de un plan de acción inmediata vacían al país. El peor resultado sería el silenciamiento de cualquier voz disidente. Las medidas de emergencia han creado un estado de excepción, útil para impulsar normas de austeridad que en nada benefician a Puerto Rico, un país ya devastado por el desastre financiero de una deuda impagable.

Las islas que conforman la cuenca del Caribe han sufrido los embates de dos fuerzas huracanadas mayores en el mes de septiembre: Irma y María. Las islas de Cuba, República Dominicana, Dominica, Barbuda, las Islas Vírgenes, Antigua, Guadalupe, St. Kitts y Puerto Rico son estados política y geográficamente precarios, por razón de su condición de isla y por su condición política colonial. «Provincias de ultramar» se las llamaba, por razón de su dependencia política con respecto a un territorio metropolitano. El mundo ha contemplado en estos días recientes lo que la historia ya ha hecho evidente ante nuestros ojos: nuestras fronteras marítimas y aéreas son controladas por agencias norteamericanas.

Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos, cuyo vínculo político emana de una invasión después de la cual se impuso la ciudadanía norteamericana, y una secuela de leyes que solo sirven para consolidar el vínculo servil y lastrar la posibilidad de la soberanía y la emancipación. La ciudadanía norteamericana tuvo como secuela inmediata el reclutamiento de puertorriqueños en el servicio militar obligatorio durante las guerras mundiales, así como la Ley Jones sirve para controlar y duplicar el costo de los bienes materiales que llegan a puerto, pues solo barcos norteamericanos están legitimados comercialmente.

La reciente ley PROMESA (un acrónimo cínico e injuriante que designa las siglas de una junta de acreedores) y que le impone a Puerto Rico y sus habitantes el pago de millones de dólares y medidas extremas de austeridad ni siquiera se ha auditado. PROMESA se ha convertido en un cuerpo supra gubernamental con control absoluto sobre las finanzas, las leyes y los reglamentos vigentes en Puerto Rico. PROMESA es el acto congresional más oneroso que ratifica la autoridad colonial sobre Puerto Rico y constituye una expresa violación de los principios de la democracia, el republicanismo y la soberanía popular. En ello estriba la necesidad de derogar PROMESA y la Ley Jones, pues en su convergencia jurídica coagula el dominio del poder colonial con el propósito de conservar y avanzar los intereses económico-políticos de la metrópolis. En este momento, cuando prevalece una crisis humanitaria en Puerto Rico, no existe un ápice de interés que mueva a Washington a derogar permanentemente ambas leyes a fin de que redunde a favor de los intereses del pueblo puertorriqueño en estos tiempos aciagos.

La ciudadanía norteamericana, en estas circunstancias, no es un privilegio, sino un carimbo impuesto al esclavo para marcarlo, de forma que rinda con su cuerpo un débito extraño bajo las circunstancias más acuciantes. Se trata de una ciudadanía precaria, sujeta a los límites que el Congreso precisa, sin ninguna interpelación del sujeto a quien se le impone. En estas circunstancias, ser una colonia norteamericana y ser ciudadanos de los EEUU no concede ninguno de los derechos obtenidos por zonas impactadas por los mismos sucesos en territorios norteamericanos. Todo lo contrario. Más bien, la ciudadanía nos convierte en rehenes, en entes prescindibles y en víctimas de una caridad calculada. Es necesario abolir el Acta Jones, que impone restricciones de ingreso de otros buques a la isla, siquiera para tender una mano solidaria. Es necesario abolir la Ley PROMESA, pues Puerto Rico no puede reconstruirse sobre la base de una deuda impagable y fraudulenta. Ambas leyes condenan al país a un futuro económico insostenible que intensificará el éxodo de los puertorriqueños fuera de su isla.

La «ayuda» controlada hasta este momento por los Estados Unidos a través de FEMA transforma las coordenadas de interpretación de este evento. En primer lugar, porque somete a los habitantes de un territorio en crisis a lo que pueda realizar una agencia federal, excluyendo la ayuda que pueda provenir de otros países en este momento crítico. Más allá del paternalismo que ello implica, convierte a los puertorriqueños en rehenes de su condición colonial. Al explotarse el momento de precariedad física por la que pasan, promueve el que devenga servilismo psicológico. Hay que preocuparse por la imagen del puertorriqueño que puede crearse a partir de esta emergencia, ahora que más frágil y precarias son las condiciones, mientras incrementan y se tornan más visibles los uniformes.

Se propicia el chantaje sentimental, se demora el esfuerzo ante una población que el gobierno federal considera prescindible y se confirma la indiferencia con el cercenamiento de la solidaridad con otros pueblos hermanos al impedirse que fluya otro tipo de ayuda.

Se reduce al puertorriqueño al «amparo» de un país, se bloquean otras ayudas humanitarias, se le coloca al borde de la desaparición arriesgando la vida de miles que aún se hallan incomunicados.

Se desconoce el fin último de este toldo de ayuda federal. La creciente militarización de dicha ayuda humanitaria en un momento en que los puertorriqueños están absolutamente incomunicados y desprovistos no anuncian un futuro claro.

Torna la inminente transformación de este estado de emergencia en una oportunidad para medrar económicamente, mientras cientos de personas mueren por falta de agua, alimentos y tratamiento médico. Ninguna razón política o económica justifica la muerte de pacientes de diabetes que no poseen los medios para enfriar sus dosis de insulina ni la de pacientes de diálisis que han visto sus tratamientos interrumpidos por falta de electricidad. Las consecuencias de este bloqueo a la solidaridad podrían ser mayores que las víctimas producidas por el huracán mismo. En medio de una crisis humanitaria, el Presidente insiste en ratificar y exigir el cumplimiento del pago de la deuda crediticia. Ante su posición, es necesario acudir a otros medios. Es preciso abolir la Ley PROMESA. No es hora de invocar los falsos derechos inherentes a una ciudadanía de segundo grado, sino clamar por el derecho de todo ser humano a la vida.

Ante esta situación de hechos, exigimos:

• el reconocimiento de un estado de crisis humanitaria.
• la derogación inmediata del Acta Jones (Ley de la Marina Mercante de 1920) para Puerto Rico y de la Ley PROMESA.
• no condicionar la ayuda provista por las agencias federales.
• la apertura de los puertos a todos los que deseen solidarizarse con el pueblo puertorriqueño.
• el restablecimiento de todos los medios de comunicación por tierra de toda la isla.
• fondos y asistencia para los miles de personas sin casa, agua, alimentos y servicios de electricidad.

Firmantes:

Áurea María Sotomayor Miletti, University of Pittsburgh
Juan Carlos Rodríguez, Georgia Tech University
Rubén Ríos, New York University
María de Lourdes Dávila, New York University
Julio Ramos, University of California, Berkeley
Luis Othoniel Rosa, University of Nebraska
Nemir Matos Cintrón, Ana G. Mendez, Florida
Arnaldo Cruz Malavé, Fordham University
Sheila I. Vélez Martínez. University of Pittsburgh
Adriana Garriga López, Kalamazoo College
César A. Salgado, University of Texas, Austin
Jossianna Arroyo, University of Texas, Austin
Miguel Rodríguez Casellas, University of Technology
Sydney Lena Burgos Lafuente, Stony Brook University
Kahlil Chaar-Pérez, Editor and independent translator
Myrna García Calderón, Syracuse University
Licia Fiol-Matta, New York University
Juan Carlos Quintero-Herencia, University of Maryland
Dafne A. Duchesne Sotomayor, Rutgers University, New Brunswick
René A. Duchesne Sotomayor, Junior Architect, Pittsburgh
Margarita Pintado Burgos, Ouachita, Baptist University
Kelvin Durán Berríos, University of Pittsburgh
Edgard Luis Colón Meléndez, University of Pittsburgh
Gustavo Quintero, University of Pittsburgh
Urayoán Noel, New York University
Jaime Rodríguez Matos, California State University, Fresno
María Dolores Morillo López, California State University, Fresno
Ivette Romero, Marist College
Rocío Zambrana, University of Oregon
César Colón Montijo, Columbia University
Ivette N. Hernández-Torres, University of California at Irvine
Yolanda Martínez-San Miguel, University of Miami /Rutgers University
Wanda Rivera-Rivera, Bearley School, New York
James Cohen, Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle
Nayda Collazo Lloréns, Kalamazoo College, Michigan
Cristina Moreiras-Menor, University of Michigan
Odette Casamayor, University of Connecticut, Storrs
José Quiroga, Emory University
Cristel Jusino Díaz, New York University
Lawrence La Fountain-Stokes, University of Michigan
Eliseo Colón Zayas, University of Puerto Rico
Nelson Maldonado-Torres, Rutgers University, New Brunswick
Pamela Voekel, Dartmouth College
Diana Taylor, New York University
Alejandra Olarte, Universidad de La Salle, Bogotá
Jasón Cortés, Rutgers University, Newark
Yara Liceaga, Writer. Cultural Activist
Diana Guemarez Cruz, Montclair University
Luis F. Avilés, University of California
Irvine Ramón López, Hunter College
Carina del Valle Schorske, Columbia University
Pablo Delano, Trinity College
Arlene Dávila, New York University
Néstor E. Rodríguez, University of Toronto
Efraín Barradas, University of Florida, Gainsville
Raquel Salas Rivera, University of Pennsylvania
Ronald Mendoza de Jesús, University of California
Iván Chaar-López, University of Michigan
María R. Scharrón-del Río, Brooklyn College, CUNY
Miguel Luciano
Monxo López, Hunter University
Guillermo Irizarry, University of Connecticut
Myrna García-Calderón, Syracuse University
Jara Rios [email protected]
Cecilia Enjuto Rangel, University of Oregon
Ricardo Monge [email protected]
Marina Reyes Franco [email protected]
Carla Acevedo-Yates [email protected]
Talía Guzmán González [email protected]
William García, [email protected]
Yasmin Ramirez [email protected]
Ivette Román-Roberto [email protected]
Moisés Agosto [email protected]
Judith Sierra-Rivera [email protected]
Yomaira Figueroa [email protected]
Joshua Ortiz Baco [email protected]
Nilvea Malavet [email protected]
Ronald Mendoza-de Jesús [email protected]
Iván Chaar-López. University of Michigan
Manuel G. Avilés-Santiago, Arizona State University
Ángel Rivera, Worcester Polytechnic Institute
Claudia Sofía Garriga-López [email protected]
Mónica Alexandra Jiménez, University of Texas, Austin
Mario Mercado Díaz [email protected]
Sergio Gutiérrez Negrón [email protected]
Vanessa Pérez-Rosario [email protected]
Nicole Delgado [email protected]
Reynaldo Padilla, University of Puerto Rico
Mónica E.Lugo-Vélez, University of Illinois, Urbana-Champaign
Luis J. Cintrón-Gutiérrez, University at Albany/SUNY
Jorell A. Meléndez-Badillo, University of Connecticut, Storrs
Jonathan Montalvo, Graceland University
Sandra Casanova, Binghamton University
Diana Guemárez-Cruz, profesora jubilada, Montclair State University NJ María del Mar
María del Mar González , Independent Scholar
Alai Reyes Santos, University of Oregon
Nayda Collazo-Lloréns, Kalamazoo College
Aurora Santiago-Ortiz, J.D. University of Massachusetts
Isa Rodríguez-Soto, University of Akron
Marcela Guerrero, Whitney Museum of American Art
Vanessa Arce Senati, University of Buffalo
José G. Luiggi-Hernández, Duquesne University
Moisés Agosto-Rosario, Director of Treatment NIMAC, Washington DC
Cecilia Enjuto Rangel, University of Oregon
Patricia Villalobos Echeverría, Western Michigan University
Christina A. León, Princeton University
Frances Aparicio, Northwestern University
Beliza Torres Narváez, Augsburg University
Judith Sierra-Rivera, The Pennsylvania State University
Joshua G. Ortiz Baco, The University of Texas, Austin
Lcdo. Gabriel E. Laborde Torres, Goldstein & Associates
Jorge Irizarry Vizcarrondo, J. D.
Nicole Cecilia Delgado, La impresora
Cristina Pérez Jiménez, Manhattan College
Yara Liceaga-Rojas, escritora, gestora cultural
Santa Arias, University of Kansas
Daniel Nevarez, University of Massachusetts, Amherst
Sally A. Everson, University of the Bahamas
Aurora Santiago-Ortiz, J.D. University of Massachusetts
Valeria Grinberg Pla, Bowling Green State University
Joseph A. Torres-González, City University of New York
Marco A. Martínez Penn State University
Jessica Mulligan, Providence College
José Martínez-Reyes, UMass Boston
Halbert Barton, Associate Professor of Anthropology, Long Island University
José R. Irizarry, Villanova University
Jorell A. Meléndez-Badillo, University of Connecticut, Storrs
Ronald Mendoza de Jesús, University of Southern California
Isatis M. Cintrón, Rutgers University
Karrieann Soto Vega, Syracuse University
José R. Días-Garayúa, California State University Stanislaus
Marisol LeBrón, Assistant Professor of American Studies, Dickinson College
Giovanna Guerrero-Median, Yale Ciencia Initiative, Executive Director, Ciencia Puerto Rico
Agustín Laó-Montes, University of Massachusetts at Amherst
Luis J. Beltran Álvarez, University of Connecticut, Storrs
Shariana Ferrer-Núñez, Purdue University
Catalina de Onís. Willamette University
Selma Feliciano-Arroyo, University of Pennsylvania
Luis Aponte [email protected]
Miguel Cruz [email protected]
Emma Amador, Brown University [email protected]
Frances Negrón-Muntaner, Columbia University
Frances Aparicio [email protected]
Liza Goldman Huertas, MD, West Haven, CT

(Continúa)

Para la lista completa de los firmantes y el texto en inglés véase: http://www.latinorebels.com/2017/09/30/the-cruelest-storm-a-statement-for-puerto-rico/