Con el verano llega la época más esperada por los establishments políticos y económicos para poner en marcha medidas que, en otra estación del año, seguramente tendrían una mayor contestación y reacción popular. La diferencia de este 2011 es que no hablamos de decretazos extemporae del Gobierno, de esos que «obligaban» a los sindicatos a […]
Con el verano llega la época más esperada por los establishments políticos y económicos para poner en marcha medidas que, en otra estación del año, seguramente tendrían una mayor contestación y reacción popular. La diferencia de este 2011 es que no hablamos de decretazos extemporae del Gobierno, de esos que «obligaban» a los sindicatos a convocar una huelga general de mentira casi tres meses más tarde. Esta vez el golpe es de la mafia financiera internacional, que parece hasta haber sorprendido a los propios mandatarios europeos, rompiendo un pacto tácito, no escrito, por el cual unos seguirían chupando la sangre al planeta, otros en sus sillones de mando, pero sin tensar la cuestión social; efectuar reformas y tomar decisiones a fuego lento, para que nunca se llegue a la ebullición.
Éste divorcio, entre clase hegemónica política y clase hegemónica económica, lo es al menos en apariencia. No es que niegue la connivencia que han mantenido unas y otras élites para conseguir empobrecer a la población en los últimos años o para continuar con la defenestración ambiental del planeta; ese trabajo en equipo es obvio. Lo que me hace pensar que la mafia financiera se ha desentendido en gran medida de los modosos y formalistas discursos de los políticos profesionales es la extrema crudeza con la que empiezan a efectuar sus ataques.
Que han sido los bancos y otras entidades de inversión los causantes de la crisis no es un secreto. Que los Gobiernos pasaron de pedir responsabilidades a regalarles dinero, tampoco. Para colmo, los dirigentes de los partidos políticos mayoritarios han disfrazado con retórica vacía y barata la socialización de las pérdidas y la privatización de sus ganancias, pero un montaje tan burdo no ha podido camuflar la extrema situación económica de miles de familias, ni evitar los brotes insurgentes que, poco a poco, se extienden por el mundo.
Ante movimientos de protesta de gran dimensión y calado como el 15M, la clase política veía como mal menor el que se mantuviese la compostura en las protestas, tener que hacer alguna mínima concesión en los programas electorales de las próximas elecciones y, con y como el tiempo, esperar a que la tormenta pasase.
Pero parece que la mafia del mercado tiene prisa por embolsarse la poca riqueza que aún le queda por controlar. El ánimo de lucro, motor fundacional y estatutario de las grandes corporaciones, se ha convertido en una auténtica patología cleptómana y ludópata, en la nueva fiebre del oro. De ahí que, a pesar de que a sus socios políticos les interesaría tener un verano tranquilo, a sabiendas de que se avecina un otoño de temperaturas sociales aún más altas, los buitres de la bolsa se hayan decidido por no dar tregua a las maltrechas economías de sus objetivos favoritos (Grecia, Portugal, Irlanda o España), e incluso se atrevan a señalar con el dedo a tradicionales intocables como Italia o los mismísimos Estados Unidos.
Hasta ahora, apoyándose en un falso sentido de la responsabilidad, los mandatarios políticos habían justificado las medidas antisociales de los últimos años con un discurso demagógico que pretendía hacernos creer que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades y que el dios mercado nos estaba castigando con la plaga de la austeridad y los recortes. Usando un lenguaje técnico que no está al alcance del ciudadano medio, que inunda los medios de comunicación de masas, crearon un nuevo orden mundial, un nuevo tipo de soberanía que se escapa de las personas, que es absorbida por entes sin rostro, llamémosles mercados. Basaron estas medidas en incomprensibles dogmas de fe de la nueva religión yuppi, dotados de una aparente lógica, que no se funda más que en la incapacidad del ciudadano medio de entender la pseudociencia de la mano invisible.
Así, el hecho de que corporaciones privadas sean juez y parte en el juego de la compraventa de deudas, el timo de que entidades financieras consigan préstamos al 1% del Banco Central Europeo para luego comprar deuda soberana de los Estados multiplicando los intereses por cuatro, cinco o seis, ha sido, cuanto más cuanto menos, tolerado por una gran parte de la ciudadanía.
Que los inversores y las agencias de rating disparasen la prima de riesgo de países afectados, como el nuestro, se justificaba en base a los malos datos de empleo, de exclusión social o a las oscuras perspectivas de recuperación en el medio plazo. Para los voceros dogmáticos del régimen financiero, es lógico que, ante un riesgo elevado de impago, los intereses por prestar dinero sean altos. Pero la cosa empieza a no encajar cuando analizamos las recetas que proponen para suavizar la presión sobre la deuda. Flexibilizar el mercado laboral, congelar sueldos y pensiones o atrasar la edad de jubilación son medidas completamente contraproducentes si lo que se quiere es disminuir la tasa de paro; más aún cuando dicha tasa está íntimamente relacionada con la capacidad para consumir de la ciudadanía, motor de la demanda interna, componente fundamental del P.I.B.
Llevando a cabo los mandamientos del F.M.I. o de la O.C.D.E., lo único que podemos conseguir es aumentar el desempleo y precarizar aún más los contratos de trabajo, seguir reduciendo el poder adquisitivo de las familias y, en consecuencia, agravar las previsiones de futuro, con lo que, sin duda alguna, los acreedores pedirán tipos de interés más alto para comprar deuda pública.
Que una gran parte de los ingresos de un Estado se dediquen al pago de la deuda que contrae y de sus elevados intereses, como una bola de nieve que va creciendo conforme rueda, condena inevitablemente a los servicios públicos que, por Constitución, debe prestar. No es casual la jugada. Ya antes del año dos mil, el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS), ingeniado y promovido por la Organización Mundial del Comercio, en connivencia con otros poderes económicos y la propia Unión Europea, preveía la necesaria entrada del sector privado en negocios tan suculentos como la educación, la sanidad o el medio ambiente. Las casualidades no existen.
Como vemos, esta espiral autodestructiva no tiene un punto de parada, más que el mismo fin del sistema, colapsado, tocado, hundido y con la metástasis bien extendida debido a su propia filosofía de funcionamiento. La nueva crisis, la de la deuda, se preveía desde hace ya algunos años, cuando los Gobiernos renunciaron a emprender ambiciosas reformas fiscales que garantizasen la autosuficiencia en tiempos de crisis, y políticas expansivas de demanda que, aunque aumentasen el gasto inicialmente, hubiesen conseguido reemprender la recuperación económica vía consumo, no vía préstamo. La termodinámica de los cambios políticos, sociales, culturales y económicos hace que hayamos cruzado el punto de no retorno, que enfilemos los últimos estertores de este sistema criminal. Como he dicho antes, esta crisis de deuda ya se preveía, pero para el año 2013, lo que demuestra que los acontecimientos se van precipitando con una velocidad que aumenta exponencialmente, siendo imposible predecir cuándo acaecerá el próximo crash.
Lo que vamos teniendo cada vez más claro aquéllos que estamos condenados a pagar los platos rotos del festín neoliberal es que, si esto se va a pique, no vamos a contribuir a alargar la agonía. Muy por el contrario, vamos a acelerar la defunción. El devenir es incierto, pero ante la certeza de que mantener el statu quo no significa más que empobrecernos y seguir tolerando que unos pocos vivan en la abundancia y el derroche a nuestra costa, hemos decidido acabar con la farsa y reconstruir, aunque sea desde cero, un mundo ya hecho añicos.
Tomaremos las medidas que hagan falta para que los bancos asuman las consecuencias de sus malas prácticas. Intentaremos por todos los medios que se depuren las responsabilidades penales que los políticos hayan cometido en el ejercicio de sus cargos, por acción u omisión, en la gestación y estallido de la burbuja inmobiliaria y de las crisis. Exploraremos las grietas de un sistema legal podrido, que nos es ajeno, que no parte de la voluntad y soberanía popular, para tumbar al sistema desde dentro.
Somos más y estamos más preparados, no duden que lo conseguiremos.
El autor es miembro del Laboratorio de Ideas y Prácticas Políticas de la Universidad Pablo de Olavide
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.