Como una verdad de Perogrullo la crisis económica que viene soportando la población venezolana pareciera no tener salidas en el corto plazo. Peor aún, tiende a agravarse no sólo porque no se avizora una mejora en los precios del barril de petróleo a nivel internacional, sino que, aunado a ello, perviven por parte de los […]
Como una verdad de Perogrullo la crisis económica que viene soportando la población venezolana pareciera no tener salidas en el corto plazo. Peor aún, tiende a agravarse no sólo porque no se avizora una mejora en los precios del barril de petróleo a nivel internacional, sino que, aunado a ello, perviven por parte de los factores políticos y en especial por parte del gobierno, un discurso lleno de contradicciones con el quehacer concreto. Dicho discurso está sustentado en una supuesta «guerra económica» que, a estas alturas del juego, genera profundas dudas, ya que una cosa es lo que ha venido planteando el gobierno como «guerra económica» para buscar justificar tanto las debilidades como los errores del pasado reciente y del presente, asociados a la imposibilidad de haber generado las bases necesarias para construir una estructura económica postcapitalista, postrentista y prosocialista, y otra muy diferente, son las amenazas de la administración Trump, que han pasado del discurso a la acción . Con las Sanciones Ejecutivas impuestas el pasado 25 de agosto del presente año, se genera una situación que evidencia una política abiertamente injerencista y belicista, repudiable desde todo punto de vista, pero que indudablemente favorece al discurso del gobierno para evadir responsabilidades y encubrir la política económica que, abiertamente, viene favoreciendo al capital internacional (caracterizado por una reconfiguración de la geopolítica mundial y un nuevo reparto de los territorios y las riquezas de los países). Un ejemplo de ello lo constituye, en nuestro caso, la política de las zonas económicas especiales y en ella el Arco Minero del Orinoco.