El Gobierno aprobó el pasado viernes el anteproyecto del impuesto sobre la renta y el de sociedades. Se trata de la primera reforma fiscal elaborada por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero y ha habido una coincidencia generalizada de que se trata de unos cambios muy moderados, nada rupturistas con la situación actual. Básicamente las variaciones […]
El Gobierno aprobó el pasado viernes el anteproyecto del impuesto sobre la renta y el de sociedades. Se trata de la primera reforma fiscal elaborada por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero y ha habido una coincidencia generalizada de que se trata de unos cambios muy moderados, nada rupturistas con la situación actual. Básicamente las variaciones son las siguientes: en el IRPF un tipo máximo del 43%, un mínimo del 24% que incluye un primer tramo a tipo cero que engloba lo que hasta ahora se conoce como mínimo personal y familiar, y un tipo único del 18% para todas las rentas provinientes del ahorro; en cuanto al Impuesto de Sociedades (IS), se rebaja gradualmente lo que pagan las empresas por sus beneficios, de un tipo del 35% a otro del 30%.
El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, declaró en la SER que se trata de la primera reforma fiscal, pero no la única. Con ello quería atajar las críticas de los que afirman que los cambios aprobados se han quedado a medio camino de lo que decía el programa electoral del PSOE. Cuando sacó las tropas de Irak, Zapatero dijo una frase solemne susceptible de aplicar a todo lo prometido: «Lo que se dice, se hace».
¿Qué dice la propuesta fiscal socialista, contenida en su programa electoral?: que hay que hacer una reforma fiscal profunda, entre otras cosas porque la «carga tributaria soportada por los asalariados por cuenta ajena, vía IRPF, es excesiva, fundamentalmente en relación con la de empresarios y profesionales. La distribución de la renta de los contribuyentes en el IRPF no se corresponde con la verdadera distribución de la renta en la sociedad española». Uno de los ejes de la reforma del Impuesto de Sociedades es, según ese compromiso electoral, «la convergencia entre el tipo del IS y el tipo del último tramo en el IRPF, desincentivando la creación de sociedades por motivo de elusión fiscal».
El programa electoral, en materia fiscal, ya había sido rebajado de contenidos en relación con muchas de las cosas que se habían dicho en la campaña. Recuérdese que tanto el principal asesor de Zapatero en materia económica, Miguel Sebastián, como el hoy ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, defendieron el tipo único en el IRPF, siguiendo una tendencia que hoy es mayoritaria en muchos países de la ampliación europea (Angela Merkel se presentó en Alemania con la propuesta de un tipo impositivo único del 25%, elaborada por su gurú Paul Kirchhoff, que a punto estuvo de costarle la victoria). En su libro De nuevo socialismo, una actualización de las bases ideológicas de la socialdemocracia contemporánea, Sevilla escribía sobre la reforma fiscal: «Una reforma que debe incluir los siguientes principios: equiparar la tributación de las rentas del trabajo y del capital; reducir la tributación del trabajo e incrementar la del patrimonio y el medio ambiente; evitar los agujeros por los que hoy se escapan de la tributación del IRPF quienes tienen medios para ello… Desde el nuevo socialismo estamos proponiendo un tipo único, eventualmente con un recargo, como la mejor fórmula para equiparar la tributación de las rentas del capital y del trabajo». Cada uno debe medir la distancia que aún resta entre las promesas y las reformas reales. Todo ello quizá le parezca muy interesante al vicepresidente Pedro Solbes, pero para el responsable económico de un Gobierno lo prioritario es asegurar la recaudación.
La aprobación de las medidas del Consejo de Ministros coincidían en el tiempo con la publicación de un excelente reportaje titulado El gran agujero fiscal, de José Luis Barbería (EL PAÍS de 16 y 17 de enero pasados). En él se recordaba que las rentas del trabajo supusieron en 2005 el 80% de los ingresos del IRPF, frente a los escuálidos 7% y 11% aportados respectivamente por el capital y las actividades económicas y profesionales. El periodista se preguntaba: «¿Cómo se explica que en determinados segmentos de la actividad económica los empresarios ganen menos que sus empleados?». Las medidas tomadas por el Ejecutivo socialista no responden a esta cuestión.