El Parlamento Europeo sienta las bases para regular las plataformas colaborativas, que deben distinguir a los profesionales y garantizar los derechos de los trabajadores y de los usuarios
El crecimiento de plataformas como Uber ha generado conflictos con la administración local, los sectores tradicionales y los usuarios o consumidores. (Toby Melville / Reuters)
Airbnb, Uber o Blablacar son plataformas que nacieron de la revolución digital y de la crisis económica en formatos de economía colaborativa. Sin embargo, su rápido crecimiento y expansión en un mercado desregulado y fragmentado, ha derivado en conflictos con la administración local, los sectores tradicionales, los trabajadores y los propios usuarios o consumidores.
Escándalos como el de la propietaria del piso de la Barceloneta que tuvo que alquilar su propio piso en la plataforma Airbnb para recuperarlo del inquilino que lo estaba usando como piso turístico. Las huelgas del taxi y la demanda contra Uber al Tribunal de Justicia Europeo o las manifestaciones de trabajadores de Deliveroo pidiendo más derechos laborales.
Este tipo de conflictos han hecho presión en las instituciones europeas para establecer un marco legislativo común, y el Parlamento Europeo ha dado su primer paso con una resolución aprobada en el pleno de junio. «Ahora, la política toma protagonismo frente a la magistratura», aseguró el eurodiputado italiano y ponente del informe Nicola Danti en rueda de prensa en Barcelona. «Antes el marco jurídico estaba excesivamente fragmentado a nivel nacional, regional y local», puntualizó.
La resolución de la Eurocámara establece unos principios generales en los que las administraciones locales pueden referenciarse para legislar en cada caso. «La comunidad local tendrá un rol activo en esta batalla y las plataformas deberán responder bajo este marco jurídico y dialogar con las autoridades locales», explicó Danti.
Para el Parlamento Europeo, es importante que las plataformas, que en algunos casos se han convertido en grandes multinacionales, asuman su responsabilidad y su rol activo en la creación de la oferta y la demanda, algo que va más allá del simple intermediario. Por ello, deben aceptar una contribución fiscal, responsabilizarse frente a los consumidores, garantizar los derechos de los trabajadores y ser transparentes con los datos y el uso de algoritmos que ayudan a puntuar a los proveedores.
La economía colaborativa: de particulares a profesionales
El término de «economía colaborativa» es difuso y cambiante y muchas veces se usa en casos que en realidad son muy diferentes. La Comisión Europea lo emplea para referirse a modelos de negocio que facilitan servicios y bienes de consumo mediantes plataformas digitales a menudo ofrecidos entre particulares. Sin embargo, los modelos entre particulares o P2P (peers to peers en inglés), que tiene sus inicios en iniciativas donde no había transacciones monetarias como Wikipedia o Coachsurfing, ha derivado en actividades lucrativas como Airbnb y en plataformas que conectan a empresas o profesionales con consumidores como Glovo o Deliveroo (economía bajo demanda o B2C, business to consumers).
Según Yochai Benkler, profesor de Harvard experto en economíacolaborativa y autor de La riqueza de las redes, la tecnología ha permitido bajar los costes de transacción, lo que ha derivado en dos modelos en competencia. Por una parte, una transformación ultra liberal que va desde la desregulación fiscal hasta la pérdida de derechos sociales y labores. Y por otra parte, un modelo de organización social que pone en comunicación a gente que colabora y coopera para alcanzar un objetivo común.
«La tecnología no crea su propio destino, sino que interactúa con nuestra cultura y nuestras instituciones», comentó Benkler en una conferencia en Barcelona el pasado lunes 26 de junio. «Europa, gracias a su historia cooperativista sobre todo en España e Italia, tiene la oportunidad de aprovechar este momento para desarrollar una economía verdaderamente colaborativa», aseguró.
Los principales derechos a garantizar
La principal cuestión a determinar según el informe del Parlamento Europeo es si las personas que ofrecen los servicios son o no son profesionales. En caso de serlo, estas tienen que someterse a las mismas normas que en los sectores tradicionales. Para distinguirlos, hay ciertos parámetros como la habitualidad de la actividad, el tiempo y el horario o la estructura empleada.
No es coincidencia que este sea el principal conflicto con los pisos turísticos de Airbnb y las licencias de transporte en Uber. En España, los conductores de un vehículo que presta servicios deben ser profesionales y por tanto tener una autorización de taxi o una licencia VTC (vehículo de arrendamiento con conductor). Tras una demanda del sector del taxi por competencia desleal, un juzgado de Madrid puso medidas cautelares a Uber y en España la plataforma no opera entre particulares sino como prestador de servicios de transporte. Ante una posible regulación europea, el portavoz de Uber pide que responda a los beneficios de los ciudadanos y no esté solamente determinada por restricciones que sigan protegiendo los intereses de ciertos sectores.
La segunda cuestión son los derechos laborales, ya que las plataformas que contratan a profesionales o trabajadores suelen ofrecer condiciones laborales con pocas garantías. Según la Eurocámara, hay que diferencia entre autónomos y dependientes, la misma terminología que se usa en los sectores tradicionales. Por ejemplo, Glovo, un servicio de mensajería bajo demanda (B2C), tiene contratados 2.000 trabajadores autónomos a nivel global que pueden escoger sus objetivos y su horario laboral. En caso que la plataforma tenga control sobre el trabajador, como denuncian los trabajadores de Deliveroo, estos deben ser trabajadores dependientes como establezca la ley laboral de cada país.
La última cuestión para determinar si las plataformas son economía colaborativa es el uso de datos abiertos y que la comunidad de usuarios tenga un rol importante en el funcionamiento de la plataforma. Wallapop ofrece compra y venta de objetos de segunda mano en la que hay transacción monetaria entre usuarios pero por los que la plataforma no obtiene dinero. Los ingresos, por lo tanto, provienen de los extras. En ella, los usuarios puntúan a los otros usuarios para determinar su credibilidad y alertar de productos o usuarios fraudulentos. «Estamos muy contentos con la colaboración que hacen los usuarios con la lucha contra la estafa y el fraude. Ellos son los primeros interesados en tener una plataforma sana», comenta la portavoz de Wallapop para LaVanguardia.es.
Promoción de las plataformas europeas
Aunque el objetivo fundamental del informe es regular un sectordesregularizado, el Parlamento Europeo también quiere promocionar las iniciativas europeas. Solamente una de las diez grandes plataformas colaborativas es europea, Blablacar, que se desarrolló en Francia, el país donde estos modelos son más populares (un 36% de usuarios los usan, frente a un 19% en España).
«Hay miles de pequeñas plataformas locales europeas que realizan una función social importante», explicó el eurodiputado Nicola Danti. Sin embargo, estas plataformas, a falta de estabilidad y un marco jurídico común, no pueden crecer ni exportarse porque no tienen capital de riesgo.
Esto es lo que les está pasando a cuatro jóvenes emprendedores de Barcelona con un proyecto de curas y atención a gente con dependencia. Iván Lombardero es el coordinador del proyecto y el encargado del plan de negocio y asegura que están paralizados. «Hasta que no sepamos los límites que tenemos en un sector tan delicado, cuál es nuestra responsabilidad en caso de negligencia y cuándo los proveedores son profesionales, no podremos avanzar», comenta para Lavanguardia.es. Iván y sus compañeros tienen claro que quieren mantener un modelo colaborativo, pero que también deben hacerlo sostenible y por tanto encontrar una manera de obtener ingresos. Para ello,
Iván pide ayudas públicas para consolidar los proyectos colaborativosdurante los primeros años. «Si se crea una red fuerte para darle sentido al modelo colaborativo y cooperativo, vamos a poder avanzar y todo el mundo saldrá beneficiado», argumenta.
Para muchos, Barcelona es la Silicon Valley europea. En esta ciudad se han desarrollado iniciativas como Glovo o Wallapop, que ya tienen presencia internacional. «Cuando lanzamos nuestra iniciativa no había un ecosistema tan potente», afirma Agustín Gómez, uno de los fundadores de Wallapop, «pero había un talento joven en móvil como en ninguna otra parte del mundo». A partir de aquí, se han creado otras iniciativas que ahora podrán desarrollarse en un marco jurídico europeo más claro y específico.
Fuente: http://www.lavanguardia.com/internacional/20170704/423871666686/economia-colaborativa-ue.html